Lo central es garantizar los derechos de las personas y la protección del medio ambiente. “Se trata de que lo que prime sea la evaluación de los impactos de los proyectos y su minimización, con miras a proteger y garantizar los derechos de las personas, y no la aprobación vía el “mejoramiento” de los proyectos a través del paso por la institucionalidad ambiental”, señala el documento.