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La Contraloría General de la República ha ordenado a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) adoptar las medidas necesarias para garantizar que el procedimiento sancionatorio del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo avance con la debida celeridad y se llegue a una resolución concluyente, conforme a los principios legales establecidos. Además, se requiere que la SMA informe sobre los resultados obtenidos en este proceso, así como el estado de avance del Programa de Cumplimiento aprobado en 2017, requerido a Alto Maipo Spa como resultado de las acciones de denuncia realizadas por la Coordinadora No Alto Maipo y otras organizaciones ciudadanas.
Esta intervención surge tras la denuncia presentada en octubre de 2024 por la defensora socioambiental Nathalie Joignant, quien durante su campaña a gobernadora por la Región Metropolitana, alertó sobre los graves retrasos y problemas en la ejecución del proyecto. A pesar de que han transcurrido más de 11 años desde el inicio de la obra, el proyecto no ha podido entrar en funcionamiento debido a los constantes derrumbes y desprendimientos en los túneles, los cuales han sido recurrentes desde 2020.
Juan Pablo Orrego, de ONG Ecosistemas, señaló que “estos reiterados incidentes reflejan las insalvables falencias de la debida diligencia y el estudio de impacto ambiental de este proyecto fallido que la autoridad jamás debió haber aceptado a evaluación, por una cantidad de evidentes motivos críticos. La construcción de Alto Maipo provocó graves daños en esta cuenca estratégica e instaló inaceptables riesgos para los ecosistemas altoandinos y las reservas de agua potable y de riego para prácticamente toda la Región Metropolitana de Santiago”.
Desde 2023, los derrumbes continúan afectando las obras, y AES Gener S.A., titular del proyecto, ha informado al Coordinador Eléctrico Nacional sobre nuevos retrasos en la fecha de inicio de operaciones, alegando que las condiciones geológicas de los túneles requieren un soporte estructural adicional. Orrego, enfatiza que, a pesar de las sanciones aplicadas por la SMA, el proceso sancionador no ha dado resultados efectivos y la fiscalización de la entidad ha sido insuficiente.
El caso ha puesto en evidencia la falta de eficacia en el accionar de la SMA, que no ha logrado resolver el procedimiento sancionatorio iniciado en 2017 y que sigue en curso. Según el marco legal, la SMA debería haber resuelto el procedimiento en un plazo no superior a seis meses desde su iniciación, tal como establece la Ley N° 19.880.
La Contraloría, mediante su orden, busca asegurar que la Superintendencia cumpla con sus funciones de fiscalización y sanción, con el fin de que el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, que ha generado controversia y preocupaciones socioambientales desde su inicio, cumpla con las normativas y se dé una respuesta adecuada a los graves impactos que su ejecución sigue provocando.
