Noticias

Chile vive empedrada recta final hacia nueva Constitución

La Comisión de Armonización del texto aprobado por la Convención Constitucional sesiona a marchas forzadas en el antiguo edificio del legislativo Congreso Nacional, en Santiago de Chile. También trabajan con premura las comisiones que elaboran el preámbulo de la Constitución y las normas transitorias, porque el plazo vence el 4 de Julio.

Fuente IPS

La plurinacionalidad, la paridad y el Estado social de derecho son ejes protagónicos en la propuesta de nueva Constitución de Chile, que recoge demandas del estallido social del 2019 y que la población deberá refrendar en un plebiscito en septiembre.

A 100 días que los chilenos acepten o rechacen la nueva Constitución crece la polarización en este país entre quienes claman por esos derechos y sectores conservadores y ultraconservadores que demonizan su texto final y advierten el riesgo de que Chile se convierta en un Estado totalitario y en manos de la izquierda.

Tras casi un año de trabajo, los 154 integrantes electos de la Convención Constitucional  entregaron el 15 de mayo su borrador de Constitución, con 499 artículos, para dejar atrás la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con la que tuvieron que convivir los gobiernos del ciclo democrático iniciado hace más de tres décadas.

La de 1980 fue elaborada por una decena de expertos designados por la dictadura militar y aprobada en un plebiscito irregular, sin registro electoral, sin voz a los opositores y con libertades restringidas.

Ahora la Convención está culminando un proceso con todos los estándares democráticos: habrá dos meses de cabildos, marchas, reuniones y una franja gratuita de televisión que compartirán partidarios de las opciones del «apruebo» y «rechazo», con que se expresarán los electores.

El 4 de  julio se entregará el texto final y el 4 de septiembre se celebrará el llamado plebiscito de salida del proceso constitucional, tras el de entrada que eligió a los miembros de la Convención Constitucional en octubre de 2020.

Francisco Zuñíga, abogado constitucionalista y académico de derecho de la Universidad de Chile, sostiene que la Constitución propuesta, de 49 637 palabras hasta ahora, “cumple estándares democráticos y es inédita en cuanto a establecer una realidad paritaria y un reconocimiento a los pueblos originarios”.

Destacan también la propuesta de un Estado social y democrático de derecho, un Estado regional, la laicidad  y el establecimiento de un defensor del pueblo, todo inédito en este largo país sudamericano de 19,1 millones de habitantes.

“La vulneración de derechos llegó a tal fondo que ya la gente no podía más. Entonces esa memoria, por la cual la gente se movilizó el 2019, va a ser la que nos va a impulsar a aprobar la nueva Constitución”, asegura Elisa Loncón, la dirigente mapuche que fue la primera presidenta de la Convención Constitucional de Chile. Foto: Orlando Milesi / IPS

Los pueblos originarios

Nunca una Constitución chilena ha reconocido a los pueblos originarios ni tampoco a sus derechos.

Elisa Loncón, lingüista mapuche y quien fue la primera presidenta de la Convención, resaltó a IPS que “por primera vez somos convocados a imaginar la República tras más de 200 años que se fundó este país”.

“Con la nueva Constitución se reconocen todas las naciones originarias y los derechos a territorio, a la tierra, autonomía,  libre autodeterminación, cultura y lenguas. Ahora podemos decir que este Chile incluye a todos”, subrayó la también académica de la Universidad Católica y activista por los derechos indígenas.

El movimiento ciudadano Amarillos por Chile, autodefinido de centro izquierda, cree en cambio que la plurinacionalidad propuesta implica “un autogobierno para 12 % indígena de la población…, violando así el principio esencial a toda democracia de un ciudadano un voto”.

“Se ha dado el estatuto de nación a los pueblos originarios. Una cosa es promover la dignidad, reconocimiento de los pueblos originarios y de sus derechos, otra cosa muy distinta es decir que son naciones, facultadas para legislar como quieran, organizarse como quieran e impartir justicia de la manera que ellos quieran”, sostiene su líder, el poeta y profesor Cristián Warnken.

En cambio para Jaime Bassa, quien fue el primer vicepresidente de la Convención, es un hecho que Chile es un territorio en el cual conviven distintos pueblos, distintas naciones.

“Hace mucho tiempo esperábamos que esto fuera reconocido constitucionalmente”, dijo a IPS este doctor en derecho constitucional y profesor en la Universidad de Valparaíso.

La plurinacionalidad puede contribuir a frenar la violencia imperante en la región de la Araucanía. Durante este año han recrudecido las muertes y ataques armados contra vehículos y bienes de compañías forestales.

Este es de hecho uno de los principales problemas para el gobierno izquierdista de Gabriel Boric, en la presidencia desde el 11 de marzo.

Loncón está convencida de que “en la medida que el Estado asuma esta nueva Constitución, aquí hay una ruta para encaminar el dialogo democrático y de paz con sectores postergados que van a reconocer que sus derechos están siendo incorporados y eso va a aminorar la violencia”.

“Nosotros aquí abordamos el proyecto político y democrático, entramos a la institucionalidad democrática y a partir de esta institucionalidad hemos mostrado con creces que es posible dialogar y llegar a acuerdos sin tener que golpearnos”, subrayó la dirigente mapuche.

A su juicio la violencia en la zona “la instaló el Estado y ha llegado a la fibra de los indígenas”.

“Desde los 90 nosotros teníamos muy claro la lucha por la autonomía y la libre determinación y el Estado en vez de acogernos militarizó y condenó a los mapuches”, sostuvo.

Recordó en ese sentido que 1992, cuando se cumplieron 500 años de la llegada de los españoles a América, un total de 144 mapuches fueron condenados por crear la bandera, por asociación ilícita y por usurpación de tierras.

Jaime Bassa, integrante de la Convención Constitucional de Chile en la oficina que ha ocupado en la antigua sede del Congreso Nacional. Quien fue su primer vicepresidente defiende que el texto de la nueva Constitución pone al día la democracia en el reconocimiento de los derechos de todos y no solamente de aquellos que tienen recursos para ejercerlos por su propia cuenta. Foto: Orlando Milesi / IPS

Estado social y paridad, otros hitos

La definición constitucional de Chile como un Estado social y democrático de derecho pondrá fin al Estado subsidiario heredado desde la dictadura.

“Esa forma de entender la relación entre Estado y sociedad cambia radicalmente pues el Estado asume ahora una serie de deberes vinculados a la garantía de los derechos fundamentales de carácter social y democrático”, explicó Bassa.

Y sobre democracia paritaria, Loncón destacó que “se va a pedir a todas las instituciones estatales que tengan paridad y la política será paritaria porque las mujeres y los hombres tenemos igualdad de derechos. Eso también está resguardado en cuanto a la decisión del cuerpo con el tema del aborto”.

“Las mujeres no estamos listas para abortar, las mujeres estamos listas para criar hijos, pero las situaciones de aborto se dan por agresión sexual, por violación” y por otras circunstancias de la mujer, agregó.