Cómo se articulan los convencionales eco constituyentes de cara al debate de normas constitucionales en la Comisión de Medio Ambiente

Silenciosamente, pero a gran ritmo vienen trabajando los —hasta ahora— 34 miembros de la llamada bancada eco constituyente, grupo que apuesta por consagrar los derechos medioambientales en la nueva Constitución de forma transversal y no sólo en base a establecer principios o dogmas, sino que estos sean, además, orgánicos y aplicables. Su objetivo es ambicioso: alcanzar grandes acuerdos para conseguir los 2/3 en las diferentes normas constitucionales que pronto comenzarán a propiciar. Y para ello, ya están comenzando a articularse con la mirada puesta en el debate que dará en Pleno de la Convención durante el mes de febrero.

Con la mira en ese horizonte, el pasado 4 y 5 de diciembre una parte importante de este grupo, junto a algunos asesores, tuvieron una jornada de reflexión y análisis sobre los pasos a seguir —una suerte de cónclave— en vías de lograr los acuerdos internos para presentar una mirada común de cara a la presentación de normas constitucionales.

En la cita, según comentaron algunos presentes, se buscó aunar criterios en torno a temas como el agua, los bienes comunes, los derechos de la naturaleza, la soberanía alimentaria. Prácticamente gran parte del temario establecido en la Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico se cruzan con esta visión ecologista y que no sólo se queda allí, pues en dicha instancia también se está tratando el tema del desarrollo y modelo económico, lo que releva —en gran medida— la importancia sobre cómo quedará instaurado la protección del medio ambiente junto al sistema productivo económico en la nueva Carta Magna.

En el grupo hay diversas miradas y sus miembros pertenecen a distintos movimientos y colectivos: desde pueblos originarios, el Frente Amplio, movimientos sociales, Pueblo Constituyente e Independientes No Neutrales, hasta el Colectivo del Apruebo. Por ello, el primer paso, comenta una fuente del movimiento, es aunar criterios dentro de esta gran diversidad de miradas, donde conviven activistas ambientales, liberales, socialdemócratas, para luego articular una estrategia que será prácticamente “uno por uno”, con cada representante de los colectivos.

Al no existir una dinámica de bancadas —como sí lo existe en el Congreso con representantes por sector— el trabajo de negociación se torna más complejo, y debe llevarse a cabo moviendo cada pieza de manera individual. Con todo, el movimiento ya ha ido logrando objetivos. El primero de ellos fue que la Convención se declarase en emergencia ecológica y climática, y el otro fue consagrar en distintos aspectos del reglamento diferentes principios medioambientales. En ese momento, el grupo actuó con una estrategia definida para alcanzar los votos necesarios, y es lo que esperan poder replicar ahora ya en los temas de fondo, comentan las mismas fuentes.

“Mientras en 1972 creíamos que había una gran degradación ambiental, en 2020 sabemos que estamos en medio de la sexta extinción masiva de especies, que la Tierra ya se calentó en más de un grado Celsius y que un porcentaje significativo del agua dulce del planeta está contaminada. Si la Constitución que Chile se propone redactar y poner en vigencia en los próximos años pretende tener alguna lógica de realidad, es esencial que tome como base las condiciones ambientales en las que se desarrollará la comunidad jurídico-política que constituyen los pueblos de Chile”. Este es el inicio del libro “Por una Constitución Ecológica”, del abogado de la Universidad de Chile Ezio Costa y que, por estos días, es material obligado de lectura de cada uno los integrantes del movimiento. El texto se ha transformado en una guía para lograr traducir los conceptos medioambientales presentes en normas constitucionales.

Así, dentro de las principales temáticas que este grupo viene desarrollando, y que son la base para establecer los derechos medioambientales en la nueva Constitución son:

• Los derechos de la naturaleza
• Derecho humano al agua como bien inapropiable
• Buen vivir
• Soberanía alimentaria
• Derechos de los animales
• Políticas económicas y Estado descentralizado
• Participación ciudadana vinculante
• Fin a las zonas de sacrificio
• Sociedad libre de explotación de cuerpos y territorios

Para estas temáticas, los miembros del movimiento vienen revisando distintas constituciones de la región que ya han establecido en sus cuerpos normativos algunos de estos principios, especialmente en el caso de Bolivia y Ecuador. Eso sí, la idea es dar un paso más allá y poder convertir estos principios dogmáticos en regulaciones orgánicas y normativas, para que no solo sean conceptos escritos en papel.

La convencional Ivanna Olivares (Pueblo Constituyente), representante del distrito 5 de la Región de Coquimbo, y una de las integrantes de los eco constituyentes, explica para País Circular cuáles son los principios que los mueven y lo que quieren dejar estipulado en el nuevo texto constitucional:

“Los principios que seguimos representan a un enfoque ecológico centrado en la idea del Buen Vivir, que proviene de la cosmovisión de los pueblos originarios, que el pueblo quechua llama el “sumak kawsay”, los aimara “suma qamaña”, y los mapuche “itrofill moguen”. Este principio se refiere a la interdependencia y la integridad entre las comunidades y la naturaleza. Desde un punto de vista social nos mueve la complementariedad, la responsabilidad, la justicia intergeneracional, la precautoriedad y la colaboración”, afirma.

Y respecto a cómo se espera que todo este amplio y diverso listado de temas pueda, en lo concreto, transformarse en normas constitucionales comenta: “Las propuestas que hemos trabajado se vinculan a la manera de habitar en armonía con la naturaleza, apuntando a configurar una estructura constitucional que reconozca derechos esenciales tanto para las personas como a la naturaleza. Cuando abordamos estos asuntos de manera fragmentada pareciera ser que son muchos temas, pero en la medida que los vamos profundizando damos cuenta que existen múltiples relaciones entre ellas”.

“Esto nos ha llevado -agrega- a abordar de manera integral una estructura que plantea principios, reconoce sujetos y derechos (humanos y de la naturaleza), organiza la economía y el poder político de manera que existan límites claros, y una capacidad de respuesta institucional -participativa- en los distintos niveles del Estado. También estamos trabajando la perspectiva de transición diseñando normas transitorias que permitan activar mecanismos para la adecuación del Estado en el corto y mediano plazo. Algunas temáticas centrales son el estatuto del agua (que incluye las fuentes naturales de agua dulce), del mar, de los minerales, la energía, de la tierra, de los bosques, así como también aspectos que apuntan hacia la institucionalidad, la desconcentración, la descentralización y democracia ambiental, entre otros”.

¿Qué viene ahora tras la segunda vuelta?

Existe una alta expectación en los convencionales —más allá de los eco constituyentes — sobre cómo seguirá el rumbo del debate constitucional tras los resultados de la segunda vuelta. De hecho, la elección parlamentaria del pasado 21 de noviembre ya trajo algunas esquirlas, al verse casi imposibilitada la alternativa de que se efectúen los plebiscitos dirimentes, herramienta aprobada por reglamento que establecía que, si una norma no alcanzaba los 2/3 pero sí los 3/5, fuera la ciudadanía mediante una consulta pública la que zanjara la situación.

Como ese mecanismo requiere una reforma constitucional emanada del Congreso, y dada la correlación fuerzas con la que quedó el Parlamento, prácticamente empatada y con un alto grado de atomización, ese camino ya no se ve como una salida viable. No hay piso político para ejecutarla. El mismo vicepresidente de la Mesa de la Convención, Jaime Bassa, reconoció la semana tras las elecciones que “ciertamente hay pretensiones que tenía la Convención Constitucional que fueron expresadas en sus reglamentos que dependen de decisiones legislativas que muy probablemente ahora no van a poder seguir adelante”.

Pero la elección de este domingo puede resultar aún más decidora para el devenir de la Convención.  Diversas fuentes consultadas así lo reconocen: si gana el candidato del Frente Amplio, Gabriel Boric, las posibilidades de continuar con un proceso que realice cambios efectivos como, por ejemplo, los temas medioambientales, se aseguran más; en cambio, si el vencedor resulta el candidato del Frente Social Cristiano José Antonio Kast, el panorama cambia: se tornaría mucho más complejo avanzar hacia grandes transformaciones.

Y ante este escenario, en privado, el análisis que realizan algunos sectores al interior de la Convención apunta a que con Kast en La Moneda la campaña para el rechazo del texto en el plebiscito de salida será alta. Por ello, la estrategia llevaría inexorablemente a moderar ciertas posturas, para —al menos— contar con una nueva Constitución y eso implicaría ceder en algunas puntos. Mejor lograr algo a nada, comenta una fuente. De todos modos, dentro de este análisis, si llega a ganar Gabriel Boric de igual modo se deberá mostrar una señal de moderación, para dar más validez al proceso.

Este incierto panorama ha hecho que, hasta ahora, muy pocos se han aventurado a presentar propuestas de normas, pese a que el plazo está abierto. Solo 9 iniciativas de normas se han ingresado oficialmente a la plataforma de iniciativas de convencionales, a la espera —justamente— de los resultados del domingo. Eso sí, se prevé que tras los resultados se podría venir una “batería” de normas constitucionales, ya con el escenario algo más despejado.

La polémica tómbola de la Comisión

En los temas medio ambientales el debate final de normas se aventura áspero, y ya lo ha sido. Los temas en cuestión son novedosos y promueven grandes adecuaciones y modificaciones de muchos sectores y actores, sobre todo en lo económico. Y eso ya está generado muchas dudas, lo que se ha reflejado en algunas intervenciones que se han escuchado de algunos sectores productivos al interior de la comisión. Es que las visiones ecológicas y medio ambientales han ido chocando con las posturas de los sectores económicos y productivos, de diferentes rubros, forestales, alimenticios, lecheros, entre otros.

Y esta semana, se vivió uno de estos choques al no haber sido sorteados para las audiencias públicas ni la CPC ni el Consejo Minero, por lo que no podrán presentar sus visiones ante los 19 miembro de la comisión. Lo cierto es que llegaron 1. 500 solicitudes de audiencias y, ciñéndose a lo establecido en el Reglamento, se tuvo que llevar a cabo un sorteo público para definir quiénes tendrían la oportunidad de exponer sus visiones. Sorteo que —explican desde la comisión— estableció grupos o categorías para determinar a los elegidos, grupos que se dividieron entre universidades, ONGS, centros de estudios, personas naturales, sectores económicos, entre otros. Ello se hizo, con el fin de dar diversidad a los expositores y que fueran representados distintas voces de estos grupos y evitar que en el sorteo solo salieran, por ejemplo, centros de estudios. Y en la tómbola de los grupos económicos quedó fuera, tanto al CPC como el Consejo Minero, lo que causó gran molestia en el sector, acusando discriminación.

Uno de los coordinadores de la instancia, Juan José Martín (Independientes no Neutrales), justificó lo sucedido en El Mercurio, el martes 14 de diciembre: “A mí también me gustaban un montón de organizaciones que quedaron fuera, pero eso era obvio por la cantidad de solicitudes de audiencias que había. Fue un criterio azaroso como se establece en el reglamento de participación popular. Entonces no me parece que algunas personas reclamen por el criterio que fueron objetivamente establecidos precisamente para evitar una elección subjetiva y que los convencionales terminen fijando organizaciones más o menos importantes que otras”, explicó.

Con todo, desde la Comisión indican que quienes hayan quedado fuera de las audiencias públicas tienen otras opciones de participación como pedir una reunión mediante Ley del Lobby, o enviar un documento con sus visiones, algo que muchas agrupaciones también excluidas ya han comenzado a hacer. Sin embargo, todavía se realizarán algunas gestiones para que la comisión reciba a estos gremios económicos. De hecho, este lunes en el Primer Café de Radio Cooperativa el diputado Jaime Naranjo (PS) dijo que la parecía correcto que se les recibiera y que esperaba hacer algunas gestiones con integrantes de la comisión para revertir esta situación.

Ahora bien, es un hecho que, dentro de la comisión conformada por 19 convencionales, 13 pertenecen al movimiento eco constituyente, por lo que varios de los restantes, según han comentado en privado, están conscientes que es complejo instaurar otras visiones en su interior, por lo que las apuestas para moderar algunas normas se darán en el Pleno en la etapa de presentación de indicaciones. En ese momento, se librará la batalla final de las normas y se verá qué posturas tendrán más o menos peso específico.