Durante la tarde de este miércoles, las Comisiones de Agricultura, Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas, aprobaron por 8 votos a favor y 3 abstenciones la idea de legislar el proyecto que modifica y prorroga la Ley de Riego 18.450 para extender su vigencia por una duración de 12 años.
Entre los senadores que apoyaron la iniciativa, se encuentran Jorge Pizarro, José Durana, Carmen Gloria Aravena, Rafael Prohens, Claudio Alvarado y Juan Castro. También votaron a favor Álvaro Elizalde y Ximena Órdenes, pero condicionaron su apoyo al proyecto ya que aseguraron que debe mejorar con las indicaciones. Mientras que Juan Ignacio Latorre, Alfonso De Urresti e Isabel Allende se abstuvieron. En la instancia, también se informó que el plazo para presentar las indicaciones será hasta el medio día del lunes 22 de noviembre, y las comisiones temáticas unidas volverán a sesionar el 24 del mismo mes.
En la instancia parlamentaria, participó la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, quien aseguró que la solicitud de prórroga “es una ley que hoy día, tal como está, quiere focalizar sus esfuerzos a la pequeña y media agricultura. Este proyecto limita el acceso a los grandes”.
En ese contexto, la senadora del Partido por la Democracia, Ximena Órdenes, condicionó su apoyo a la iniciativa, ya que aseguró que no estaban las condiciones para aprobar este proyecto.
“Nosotros no estamos de acuerdo con que sea una prórroga automática de 12 años. Creemos que faltan antecedentes importantes para definir claramente cuál es el plazo adecuado de prórroga de una ley de esta naturaleza. Lo digo porque primero estamos en un contexto de cambio climático, que no se expresa sólo en el calentamiento global, en el aumento de la temperatura, la amenaza a la biodiversidad, sino también con el fenómeno de déficit hídrico que ha golpeado fuertemente al país. Podemos perpetuar, yo creo que no es por 12 años, una desigualdad que se ha expresado en la ley de riego”, sostuvo.
Por su parte, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, sostuvo que en esta discusión se repiten patrones de asignación de recursos como la situación del fomento forestal, y aseguró “yo creo que en este momento, en el actual contexto de crisis climática y ecológica no es sostenible prorrogar a 12 años este instrumento y en las actuales condiciones por más que, incluso, los cambios que se le hicieron en la Cámara de Diputados creo que queda corto, es insuficiente”.
Esta ley que hoy se pretende reformar fue promulgada el 22 de octubre de 1985 en plena dictadura cívico-militar, y nació para aprobar las normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje. A través de esta normativa, el Estado entrega recursos a las sociedades agrícolas o particulares para implementar tecnificación del riego o financiar construcciones de embalses que reservan agua. Inicialmente, esta normativa tenía una vigencia limitada, pero ya ha sido prorrogada por dos periodos. El primero durante el 2004, en el gobierno de Eduardo Frei, y la segunda extensión en el 2009, en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
No obstante, la última prórroga de 12 años finaliza en diciembre del 2021, y el Ejecutivo encabezado por Sebastián Piñera ya decretó una suma urgencia para volver a extender dicha norma. En ese sentido, parlamentarios que integran diferentes comisiones temáticas en la Cámara Alta unieron el trabajo de tres de éstas para trabajar en conjunto. De esa manera, se unieron las Comisiones de Agricultura, de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía.
Sin embargo, en el contexto de sequía a nivel nacional y el cambio climático que vive el planeta, la promulgación por otros 12 años ha generado una serie de conflictos. Incluso, hace una semana, la discusión se pospuso por el conflicto de interés que presuntamente afecta a uno de los senadores que participa en la comisión unida que revisa esta solicitud ya que según información publicada por la Fundación Terram, la familia de Rafael Prohens habría sido beneficiada por esta ley a través de dineros estatales. Según datos que la Fundación obtuvo desde la Comisión Nacional de Riego (CNR), los hermanos del senador de Renovación Nacional por la Región de Atacama recibieron, tanto en sociedades como personas naturales, dineros fiscales por un monto superior a los 300 millones de pesos.
Por otro lado, entre los principales argumentos de quienes rechazan la prórroga de esta ley, el que más destaca indica que la bonificación por el riego tecnificado ocurre en predios donde se ha talado el bosque nativo a través de planes de manejo ilegales, lo que favorece el avance de la desertificación en una situación que amplifica los actuales efectos del cambio climático. Además, la prórroga de esta ley también afecta a los humedales a través del drenaje de sus aguas, lo que alteraría un ecosistema que es clave para mitigar el impacto del calentamiento global y proteger los ciclos hidrológicos. Incluso, la eventual extensión de la actual normativa mantendría un modelo de desarrollo agrícola que sólo beneficiaría a los grandes empresarios de monocultivos para exportación al extranjero.
En conversación con nuestro medio, la Bióloga Ambiental y Doctora en Ciencias con mención en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile, Fernanda Salinas, aseguró que la solicitud de prorrogar esta ley “se entiende solamente en un marco de interés de mantener un negocio que ha sido muy rentable para algunas personas y que ha causado grandes problemas en muchos territorios para muchas personas”.
Además, Salinas explicó que uno de los mayores problemas que ha tenido esta ley de riego viene del modelo productivo del Estado que, a través de la Corporación Nacional Forestal, aprobó planes de manejo que permitieron la tala de bosque nativo en las laderas de los cerros para sustituir los suelos por monocultivos frutales, acciones que fueron declaradas como ilegales por la Contraloría General de la República.
“El problema es que no sólo los agricultores y los empresarios del agronegocio tuvieron la complicidad del Ejecutivo, del Gobierno, de la Administración Pública desde el año 2008 cuando se aprobó la Ley de Bosque Nativo a través de la Corporación Nacional Forestal, sino que después la Comisión Nacional de Riego les financia las obras de riego tecnificado en las laderas a esos mismos empresarios que antes habían talado el bosque nativo de manera ilegal. Pero con una autorización ilegal del Estado a través de CONAF”, sostuvo.
Incluso, Salinas explica que esta ley no protege la flora y fauna nativa y los ecosistemas naturales, y afecta principalmente a los humedales que existen en el país.
“Fomenta el drenaje de humedales y el estudio y la captación de aguas subterráneas para utilización en riego. También fomenta el cultivo en laderas, lo que favorece la erosión del suelo y también, en el fondo, no distingue el tipo de agricultura que se está favoreciendo, por lo tanto, los mayores beneficiarios son grandes empresarios que producen monocultivos para la agroexplotación con alto insumos de fertilizantes sintéticos, pesticidas, herbicidas, y plaguicidas, porque son monocultivos que son susceptibles a muchas plagas y enfermedades. Entonces, vemos fenómenos como los que hemos visto en los últimos años, donde el bosque esclerófilo se torna pardo, mientras que la vegetación del lado tenemos las plantaciones del monocultivo de paltos completamente verdes y brillantes”, aseveró.
En la misma línea, la académica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Casa de Bello aseguró que el financiamiento entregado por el Estado no beneficia a los pequeños agricultores, ya que está enfocado en empresarios dueños de grandes extensiones de terreno, y la privatización de los estudios o acompañamientos en el desarrollo de los procesos afecta al productor minoritario.
“Los pequeños quedan completamente abandonados dentro de lo que son los subsidios que pueden crear desde el Ministerio de Agricultura, porque se invisibilizan en comparación con un gran agricultor. Además, esta ley utiliza una figura que es de consultores. Tiene muy poquitos trabajadores propiamente tal de la Comisión Nacional de Riego, sino que funciona a través de consultores privados. Entonces, privatiza y externaliza la elaboración de estudios, la elaboración del acompañamiento de los privados y lo terceriza con otro privado. También ahí hay algunos que se llevan todos los proyectos, y otros poquitos que, en el fondo, no se llevan mucho, no ganan los proyectos para poder ser consultores dentro de esta ley”, manifestó.
Además, la bióloga explica que el uso de fertilizante sintéticos en estos cultivos destruye la biología del suelo, y no permiten una recirculación de los nutrientes naturales provocando la esterilización de los suelos, situación que favorece la desertificación del mismo y la pérdida de biodiversidad.
“Con monocultivos no hay ninguna especie más que las que se cultivan ahí y pierdes la función ecológica que cumplen los sistemas ecológicos y las comunidades nativas, que son regular el clima, proteger el suelo, crear el suelo orgánico y también lo protegen. Regular el ciclo hidrológicos, permiten que los acuíferos se recarguen cuando hay precipitaciones, crean hábitat para la biodiversidad, otorgan múltiples beneficios a las personas por todos los bienes y servicios que nos prestan y también son parte de nuestra identidad cultural que van desapareciendo. Estamos en un escenario de cambio climático, escases hídrica y sequía, pero eso se profundiza si seguimos expandiendo la superficie de riego y si seguimos destruyendo los ecosistemas naturales que esta ley ha favorecido”, concluye Salinas.
