La crisis hídrica, la priorización para uso humano del recurso y la gestión de los derechos de agua fueron algunos de los puntos tocados por los candidatos presidenciales Gabriel Boric, Sebastián Sichel, Yasna Provoste, Marco Enríquez-Ominami y Franco Parisi en la instancia televisada. En la ocasión, se identificaron dos grandes acuerdos entre la mayoría de ellos: las necesidades de una autoridad central para el agua y de dar un enfoque de cuencas a la gobernanza de los recursos hídricos.
Fuente La Tercera
La crisis hídrica en el país es un tema fundamental que ha estado en la palestra durante los últimos años. El cambio climático y la sequía presente en el territorio nacional provocan que las regulaciones de derechos de agua, la priorización del uso de este bien y la innovación y el desarrollo de estrategias para paliar este fenómeno se conviertan en algunos de los ejes a evaluar, de cara a la próxima elección presidencial del 21 de noviembre.
En ese contexto, durante la tarde de este jueves se realizó un nuevo debate presidencial que tuvo exclusivamente al futuro hídrico de Chile como tópico. La instancia -que se realizó por vía telemática- fue organizada por el canal La Red y tuvo la conducción de la periodista Julia Vial, además de presentado por Ulrike Broschek, la subgerenta se sustentabilidad de Fundación Chile, que lidera la iniciativa Escenarios Hídricos 2030.
Cabe señalar que este debate fue el primero que contó con la participación del candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi. Sin embargo, no contó con la presencia ni de Eduardo Artés, postulante de Unión Patriótica, ni del republicano José Antonio Kast, que se excusaron por tener otras actividades en su agenda.
En una de las secciones, se solicitó a los candidatos -por la urgencia de la problemática- que expusieran sobre las medidas que tomarían en sus eventuales primeros 100 días de gobierno al respecto.
El primero en responder fue Franco Parisi, quién señaló que su prioridad estará en “fiscalizar”. A su juicio -y fue una de sus ideas fuerzas durante todo el debate- la Dirección General de Aguas “no lo está haciendo. Pondremos todos los recursos para fiscalizar, es una guerra. Usted no puede dimensionar los problemas que hay entre vecinos que se está generando. Fiscalizaremos el uso de los pozos y la extracción ilegal. Este ha sido un problema de la izquierda y la derecha. Esto lo ha pagado la clase media”.
Marco Enríquez-Ominami, por su parte, señaló tener “esperanzas en el proceso constituyente” y aseveró que “ahí esta el cambio”, esperando que se reconozca el derecho al agua y al agua saneada. El candidato progresista también incluyó que buscará avanzar en la firma del Acuerdo de Escazú y en la construcción de “embalses de tamaño medio (…) implementaremos el subsidio al agua, los techos verdes y construcción de humedales”.
El postulante de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, dijo que será “primero lanzar el Desafío Sequía liderado por el Ministerio de la Ciencia e Innovación”, con objetivo de poner como desafío país como combatir la sequía y avanzar en fuentes de innovación. También propuso avanzar en un proyecto de ley que ponga tarifas volumétricas para establecer la idea de que “el que más consume, más paga agua domiciliaria”. Agregó establecer una ley que permita generar un modelo de gobernanza por cuenca, modificando los derechos existentes y, por último, “utilizar la ley del 2005 para sacar a remate todos aquellos derechos de aprovechamiento que no estén en uso y podamos ponerlos a disponibilidad de agricultores o pequeños y medianos agricultores para que realicen su actividad vital”.
A su turno, Yasna Provoste señaló que “vamos duplicar el financiamiento de agua potable rural para abastecer con más velocidad a las más de 380 mil familias que hoy día no tienen agua potable”. La abanderada de Nuevo Pacto Social señaló que esto lo hará a través de un catastro urbano y rural “para tener soluciones rápidas y expeditas”. Por otra parte, se comprometió a impulsar planes de formación y educación en las ciudades para disminuir el consumo y riego en áreas verdes, según ella “una práctica más bien de sectores acomodados”. También, indicó, implementará una ley de subsidio para artefactos eficientes y impulsará un proyecto para regular una equidad tarifaria.
El candidato del pacto Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, fue enfático en señalar que quiere firmar “Escazú ahora. En segundo lugar, queremos recuperar los derechos de agua que no están siendo utilizados”. También pretende “fortalecer el marco regulatorio de los sistemas sanitarios rurales como una forma que sea concreta de atacar el problema de abastecimiento que existe”. Señaló que es necesario mejorar la coordinación municipal con los programas de Agua Potable Rural (APR) que incluirá acompañar la salud mental de las familias afectadas por la sequía. Y, por último, acusó que mientras funciona el abastecimiento en camiones aljibes, hay “empresas dueñas de derechos de agua, riegan sus predios agrícolas o utilizan el agua en actividades mineras, eso es inaceptable y en nuestro gobierno eso se va a terminar”.
Considerando los escenarios es escasez hídrica que se vive en Chile, los aspirantes a La Moneda también esgrimieron sus posturas respecto a la priorización de los diferentes usos de agua y entregaron medidas, a corto plazo, de como regular esta situación.
Fue aquí donde se dio uno de los grandes acuerdos del debate, ya que todos los candidatos aseguraron que el consumo humano del agua debe ser el principal foco de sus políticas públicas. Yasna Provoste y Gabriel Boric llevaron el punto más allá y afirmaron que se debe garantizar el agua como un derecho humano esencial. El de Apruebo Dignidad afirmó que “el 47% de las familias rurales no tiene acceso al agua” y que dentro de las ciudades también se dan desigualdades en torno al acceso.
Sebastián Sichel, por su parte, señaló que el consumo humano va primero, después el de la agricultura, –advirtiendo a Boric cuando alerta sobre los monocultivos de Limarí porque ahí “también se está hablando de pequeños productores pisqueros o productores de nueces y que necesitan tener garantías al uso del agua”- y en tercer lugar para la protección de los ecosistemas, como de los humedales de bordes costeros “que requieren del agua que termina vertiéndose en el mar”.
Asimismo, Franco Parisi afirmó que el uso humano será la prioridad y el agrícola el segundo, señalando que en este ámbito hay que cuidar el recurso “de verdad. Se está construyendo una gran cantidad de campamentos en el Valle de Azapa que están contaminando las napas subterráneas. Yo voy a fiscalizar férreamente el uso ilegal y el abuso de las grandes terratenientes en el uso del agua”.
La candidata del Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, afirmó que es necesario “establecer infraestructura multipropósito de almacenamiento de agua para la vida humana, para el riego, la energía, la recarga de acuíferos, soluciones basadas en la naturaleza, normas de adaptación al cambio climático”, además de llevar a cabo una “estrategia nacional de desalinización”, medida similar a la impulsada por Franco Parisi quien señaló que “hay que construir plantas desalinizadoras si o si”.
El líder del PRO, Enríquez-Ominami, dijo que las medidas que el propone para el corto plazo irían en educación para formar ciudadanos que tengan mejor conciencia del uso del recurso. También acusó un problema de “institucionalidad, porque son muchas instituciones y sería mejor crear un gran ministerio del agua”. Se mostró partidario de crear “ciudades esponjas”, al afirmar que “hay muchas medidas concretas que hacer en materia de contención y recuperación del agua”. Por último, destacóla importancia de un esfuerzo fiscal y propuso “invertir 600 millones de dólares en Codelco para mitigación medioambiental”.
Gabriel Boric afirmó que en su gobierno buscará asegurar también “la soberanía alimentaria para los territorios” y que será prioritario “definir ya cual es la estrategia de adaptación de Chile para el cambio climático”.
Acerca del tema del uso del agua por parte de las personas, Sebastián Sichel afirmó que “desde el año 81 que se pueden expropiar derechos de agua cuando hay prioridad de consumo humano. Es el estado el que ha hecho muy mal su pega”.
Según afirmó en la instancia la especialista en sostenibilidad Ulrike Broschek, los estudios que ha realizado Estudios Hídricos 2030 indican que “un 44% de los problemas hídricos en territorios se deben a una ineficiente gestión y falta de gobernanza en los recursos hídricos, y solo un 17% se debe a la sequía”. Además, señaló que se han detectado 56 instituciones estatales distintas que tienen como función gestionar el agua, lo que genera una descoordinación generalizada. Debido a eso, los candidatos debatieron en temas de institucionalidad en torno al agua, y la mayoría coincidió dos medidas: el establecimiento de un sistema de organismos de cuencas como unidades de gestión y de una autoridad central que regule el uso de este recurso.
“Para que la gestión del agua sea equitativa y sostenible en el tiempo se requiere de un solido marco regulador y legitimo para todos. Hay que crear una institución central del agua que sea capaz de concretar el derecho humano de acceso al agua. A nivel de cuencas somos partidarios para crear las instituciones de cuencas que posibilite la política de uso de agua para la cuenca, pero que sea un consejo de cuenca vinculante. El agua es un bien nacional de uso publico, estos consejos contarán con el apoyo técnico de una institución”, señaló Yasna Provoste.
Con algunas similitudes explicó sus medidas el candidato Sichel, quien especificó primero, que “tenemos que avanzar en el plan de creación de la Subsecretaría del Agua y además de crear una agencia independiente de la administración del agua”. Por otra parte, que “deben haber modelos de gobernabilidad por cuenca, ya que ninguna es igual a la otra” y que también es necesaria una “institucionalidad que tenga la capacidad de detectar el uso del agua y la capacidad hídrica para saber que tipo de cuenca se está generando este modelo de gobernanza”.
Por su parte, Gabriel Boric acusó que “hoy día existe una institucionalidad hídrica que está al servicio de la industria extractiva y que no se corresponde con la disponibilidad hídrica real. De las 101 cuencas que tenemos, más de 90 están absolutamente sobreexplotadas”. Además, propuso la creación de una única autoridad del agua, avanzar a una planificación de la estructura hídrica con enfoque de cuenca y con enfoque de género porque, según destacó, “están siendo principalmente mujeres las afectadas en esto”.