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Sigue latente la prohibición de la minera para extraer agua desde el 1 de octubre y por 90 días.
Fuente DF
El Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, decidió ayer dejar en estudio la petición de Minera Cerro Colorado, faena propiedad de BHP, de levantar la medida cautelar que decretó la instancia el 19 de agosto, la que consiste en la prohibición de extracción de agua desde Lagunillas desde el 1 de octubre y por 90 días.
La decisión -que fue adoptada por los ministros Mauricio Oviedo (presidente), Cristián López y Juan Opazo- se da luego de que el martes se realizara la audiencia de alegatos donde se revisó la medida cautelar en el marco de una demanda de reparación de daño ambiental en contra de la minera.
Esta última fue presentada por Luis Jara Alarcón, copropietario del predio denominado Estancia Cancosa, dentro de cuyos límites está el Salar Lagunillas, compuesto por el acuífero Pampa Lagunillas, el Bofedal o Humedal Lagunillas y la Laguna Huantija.
De esta manera, continúa en suspenso el futuro de la faena donde actualmente trabajan del orden de 3 mil personas en la región de Tarapacá, ya que Lagunillas es la fuente de agua de la
operación. Por esto, la medida del Tribunal implicaría en la práctica la paralización de su funcionamiento.
Según fuentes, la decisión se conocería de todas formas en pocos días más, dado que se trata de una medida cautelar.
En medio de este conflicto, BHP está en pleno proceso para lograr un permiso ambiental que le permita seguir funcionando hasta 2023 y hace exactamente una semana presentó un
documento (Adenda) donde planteó compromisos adicionales sobre el manejo del recurso hídrico.
Claves de los alegatos
Fue este documento presentado por la minera después de varios meses de espera -y en medio de la medida cautelar- el que despertó las principales dudas de los ministros y de la contraparte en los alegatos del martes.
La minera insistió en la desproporcionalidad de la medida, asegurando que no se está en presencia de la irreparabilidad del acuífero y cuestionó los intereses del demandante y su
legitimación activa para impulsar el juicio.
La parte demandante insistió en los antecedentes «graves y serios» que acreditan casi la destrucción total del acuífero Lagunillas y recalcó que «a la minera no le interesa evaluar lo que
allí está ocurriendo». «Se han omitido los monitoreos exigidos por la autoridad», se dijo.
La demora de la minera para volver a la tramitación de la autorización ambiental, los argumentos que respaldan la legitimidad activa del demandante y la actualización del modelo
hidrogeológico fueron algunas de las interrogantes de los ministros.
