Caracterizada hoy por un fuerte lobby, no solo entre las autoridades sino también en las comunidades, hoy se encuentra en la palestra por una controvertida planta procesadora de salmones en Puerto Natales, un proyecto por 70 millones de dólares a solamente un kilómetro de la ciudad y que vivió una tramitación con múltiples denuncias de irregularidades. Estas incluyen el cambio de decretos municipales para facilitar su funcionamiento por parte de un alcalde hoy acusado de corrupción; una funcionaria del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que luego fue contratada por Australis; y la construcción de obras que no estaban contempladas en el expediente ambiental. Esas son las razones por las cuales, este martes, la ONG FIMA presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema, para detener su construcción. «A diferencia de las otras empresas salmoneras que operan en Chile, los intereses de Joyvio Group se encuentran plenamente protegidos por la muy proactiva embajada de China en Chile, una bancada de parlamentarios, los tratados internacionales, las políticas neoliberales de apertura a la inversión extranjera, y la denominada certeza jurídica», advierte Juan Carlos Cárdenas, director del centro Ecoceanos.
Fuente El Mostrador
De forma lenta, pero segura, China se va introduciendo en diversos sectores económicos de Chile. Convertido en principal socio comercial del país, ha desplazado a Estados Unidos.
Ya lo demostró en 2018, cuando la firma china Tianqi compró el 24% de SQM por 4 mil millones de dólares, en el sector del litio, y luego, en 2020, SGID se hizo con la eléctrica CGE, por 2 mil millones de dólares.
En ese marco, la compra de la salmonera Australis por la asiática Joyvio, en 2018, por 920 millones de dólares, le permitió plantar bandera en la Patagonia, un sector clave en el marco del cambio climático, entre otros motivos, por su disponibilidad de agua dulce.
Ya en 2018, el banco holandés Rabobank señalaba que «el aumento de los ingresos de la población en el gigante asiático y la creciente desconfianza en los productos locales también están impulsando la demanda de pescados importados en desmedro de las exportaciones del país, lo que ha permitido que el salmón chileno expanda su posición en China», como reseñó Salmonexpert.
Hace unos días, además, la empresa anunció un aumento de capital de 150 millones de dólares para expandir el cultivo y procesamiento de salmón, según informó el Diario Financiero.
Bajo dominio chino, Australis ha seguido adelante con una expansión no exenta de polémicas. Caracterizada hoy por un fuerte lobby, no solo entre las autoridades sino también en las comunidades, hoy se encuentra en la palestra por una controvertida planta procesadora de salmones en Puerto Natales, un proyecto por 70 millones de dólares a solamente un kilómetro de la ciudad y que vivió una tramitación con una gran cantidad de denuncias por irregularidades.
Estas incluyen el cambio de decretos municipales para facilitar su funcionamiento por parte de un alcalde hoy acusado de corrupción; una funcionaria del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que luego fue contratada por Australis; y la construcción de obras que no estaban contempladas en el expediente ambiental.
Esas son las razones por las cuales este martes la ONG FIMA presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema, para detener su construcción.
Joyvio, la dueña de Australis, pertenece al holding público Legend, dueño –entre otras– de la firma de computadores Lenovo. Hasta 2018, la salmonera era propiedad del veterano empresario Isidoro Quiroga, socio histórico de Martin Guiloff.
Quiroga posee un amplio portafolio de inversiones, también en el exterior, en países como Argentina, Colombia y Ucrania. En julio pasado, hizo noticia por la venta de la energética Enphase Energy por 800 millones de dólares, tras comprarla en 2018 por 20 millones de dólares.
Ingeniero industrial de la Universidad de Chile, fue pionero en la industria del kiwi y además aprovechó el boom de las empresas públicas privatizadas en los años 80. Compró Australis en 2003, superando incluso la grave crisis causada en el salmón por el virus ISA.
Según fuentes del ambiente salmonero, hace tres años «los chinos le hicieron una oferta que no pudo rechazar» y se deshizo de Australis, en lo que fue en su momento la mayor operación en la historia del sector.
El presidente de Legend, Zhu Linan, señaló en 2018 que Australis era «una empresa chilena con un buen gobierno corporativo, un excelente equipo de administración, indicadores de desempeño líderes en la industria, una gran reputación y una sólida rentabilidad».
Añadió que tenía mayor potencial de desarrollo y extensos recursos naturales, con mucho espacio para su crecimiento en el futuro. «Posee licencias de alta calidad, superando a sus pares de la industria en términos de algunos de los indicadores operativos clave, y es una de las compañías de salmón mejor administradas de Chile», indicó.
A Joyvio el tiempo le dio la razón: quintuplicó sus ganancias en el primer trimestre de 2019, según el sitio Salmonexpert. Además, el año pasado, la producción de Australis Seafood aumentó un 50%, superando las 100 mil toneladas.
Chile es actualmente el segundo exportador mundial de salmón y la industria es el segundo sector exportador más grande del país.
«A diferencia de las otras empresas salmoneras que operan en Chile, los intereses de Joyvio Group se encuentran plenamente protegidos por la muy proactiva embajada de China en Chile, una bancada de parlamentarios, los tratados internacionales, las políticas neoliberales de apertura a la inversión extranjera, y la denominada certeza jurídica», señala Juan Carlos Cárdenas, director del centro Ecoceanos.
«Además, existen pocos lugares en el mundo como Chile, donde las grandes empresas puedan cultivar salmónidos de manera ambientalmente óptima; con relativo bajo costo en la producción de salmónidos; con excepcionales políticas gubernamentales pro-inversión y pro-empresas extranjeras, con permisivas regulaciones de carácter sanitario, ambiental y laboral, existencia de subsidios estatales, ambientales y laborales, unidos a una eficiente logística exportadora, y vías de transporte marítimo, aéreo y terrestre».
Además, puntualiza que los inversionistas chinos están listos para seguir comprando. «Se sabe que en el sector acuícola chileno hay productores de tamaño mediano que están, o estarán potencialmente, a la venta en un futuro pospandemia».
«Los inversionistas saben que las concesiones para centros de producción industrial de salmónidos son cada vez más limitadas en el mundo, estando las licencias de cultivo asociadas a muchos requisitos para su obtención, siendo un bien escaso. En Chile, las grandes empresas, con la complicidad de los servicios y funcionarios públicos, se han dotado y son poseedoras de un alto número de concesiones otorgadas, las que no utilizan, ya que las tienen como activos para especular mediante su arriendo o venta a empresas que quieran ingresar o expandirse en el sector acuícola chileno en un futuro próximo, tales como los inversionistas chinos».
Según un listado oficial al que tuvo acceso este medio, hoy la empresa posee 72 concesiones otorgadas. La primera data de 1988. Se encuentran en las regiones de Aysén, Los Lagos y Magallanes, mayormente en las localidades de Aysén (55), Natales (4), Punta Arenas (3), Calbuco (3), Cisnes (3), Calbuco(3) y Río Verde (1).
Según el «Análisis Razonado» –un informe financiero de marzo de 2020 incluido en el sitio de la empresa–, los principales destinos de exportación son Estados Unidos (42%), Japón (16%), Latinoamérica (13%), China (10%), Europa (9%) y Asia ex Japón (7%).
«El valor de las exportaciones acumuladas considerando las tres especies, al 31 de marzo de 2020, para toda la industria chilena, asciende a US$ 1.347 millones, un 13,7% menor respecto al mismo periodo 2019. En términos de toneladas netas, el volumen disminuyó en 5,0%, desde 196.717 mil a 186.898 mil toneladas».
Asimismo, en 2020 la firma pasó a ser la segunda mayor exportadora de salmón del país.
Sin embargo, ya bajo control chino, la empresa no ha estado exenta de polémicas. Su principal dolor de cabeza en la actualidad es la planta procesadora que construye a apenas un kilómetro de Puerto Natales, un proyecto por 70 millones de dólares.
Un estudio publicado por la Universidad de Magallanes señala que el canal Señoret –donde se emplaza la planta–, es un lugar único de alimentación y nidificación de al menos unas 30 especies de aves acuáticas y tres terrestres, a la vez que constituye uno de los sitios de mayor concentración de aves de la región.
El proyecto se ubica en la Región de Magallanes. Allí, de acuerdo a datos de Sernapesca, las producciones anuales de salmónidos se han incrementado exponencialmente desde las 12 mil toneladas (2011), a 160 mil toneladas el 2020.
Según la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el proyecto contempla la construcción y operación de una planta procesadora de salmónidos, la cual considera la infraestructura necesaria para el procesamiento de 71.280 toneladas anuales de producto terminado, que serán envasados y despachados hacia los diversos mercados de destino. Obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en enero de 2019.
Durante su tramitación, organizaciones denunciaron, entre otros, el caso de la bióloga Karina Bastidas, por conflictos de interés. Ingresó en 2010 al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y renunció en julio de 2017 como directora del servicio en Magallanes. Luego hizo lobby para Australis. Y una semana después que fuera aprobado el polémico proyecto de Puerto Natales, asumió nuevamente en el SEA, pero en la Región de Los Ríos.
El proyecto además fue apoyado por el alcalde anterior de Puerto Natales, Fernando Paredes, que incluso llegó a cambiar un decreto municipal sobre el tránsito de camiones para facilitar la construcción de la obra. En agosto, la actual alcaldesa, Antonieta Oyarzo, se querelló en su contra por administración desleal y fraude al fisco.
Las organizaciones sociales y ambientales, como la Agrupación Ciudadana Ultima Esperanza (ACUE), denunciaron las irregularidades al Tercer Tribunal Ambiental, con sede en Valdivia. Allí el SEA «argumentó que todas las observaciones de los reclamantes fueron debidamente consideradas en el proceso administrativo y señaló que algunas de las alegaciones presentadas ante el Tribunal no fueron parte de las mismas observaciones», según reseñó la prensa local.
El 19 de agosto de este año, el tribunal entregó su sentencia y rechazó todos los reclamos. Debido a ello, este martes la ONG FIMA interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema.
Cárdenas destaca como uno de los aspectos en que Australis es muy proactiva, el de la “estrategia blanda” de relacionarse con las autoridades, los servicios estatales regionales y locales (especialmente la Salud), sectores de la pesca artesanal y comunidades indígenas, de las zonas donde tiene sus inversiones e intereses estratégicos.
«Esta característica se ha acentuado aprovechando el período de pandemia en las alejadas y empobrecidas regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes».
Como ejemplo, nombra la campaña “Comprometidos con el Sur”, donde Australis Seafoods y la empresa Blumar donaron 100 mil elementos de protección personal y sobre 70 equipos tecnológicos médicos a los centros de salud de la Región de Aysén.
También menciona el convenio entre la planta procesadora de salmones Fitz Roy de Australis Seafoods con la Cooperativa de Pescadores de Calbuco, Región de Los Lagos, para comprar sus capturas de merluza dos veces a la semana para alimentar a los trabajadores de la planta de procesamiento industrial de la empresa salmonicultora china.
Agrega que Australis además desarrolla una «estrategia de cooptación social», mediante programas de capacitación, talleres y conversatorios, trabajando en coordinación y con el apoyo público y mediático de la oficina provincial de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer; el Centro de la Mujer de Puerto Natales, dependiente del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género; las Comunidades Kawésqar Keskial y Juana Pérez; además de la Municipalidad de Puerto Natales, a través del Programa Familia y la Oficina de Información Laboral.
«Un caso especial lo constituye el proceso de asimilación cultural y cooptación social a través de la Asociación de Productores de Salmón de Magallanes sobre las comunidades Kawésqar. Esto ha significado dividir a las 12 comunidades regionales entre ocho ‘pro-industria’ y cuatro ‘antisalmoneras'».
Uno de los cuestionamientos claves es que, pese a su magnitud, Australis presentó Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y no un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). «Esto quiere decir que el titular declara –como el nombre lo señala– el cumplimiento de la ley, pero no existe una evaluación rigurosa –lo que sí se da en el caso de un EIA– de los impactos que podría producir la operación del proyecto», señala una fuente de FIMA.
«Una evaluación ambiental exigente es fundamental en este caso, porque el proyecto generará una serie de impactos para los cuales no se cuenta con suficientes antecedentes al día de hoy».
La ONG además apunta a que los grandes requerimientos de agua para el funcionamiento de la planta «no se condicen con la realidad de sequías y cortes en el suministro de la ciudad de Natales».
Además, en el borde costero de la bahía Dumestre, donde se emplaza la planta, hay muchas poblaciones de cisne de cuello negro, por ser un lugar abundante en ruppia filifolia, su principal alimento.
A eso se suma que habitantes de Puerto Natales, específicamente la ACUE, denunció en agosto, ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), la construcción de un pontón –el cual no ha sido evaluado ambientalmente–, así como un posible relleno sanitario ilegal –no contemplado en su RCA– al interior de sus predios.
«Se están causando impactos no autorizados por la RCA, los que generan impactos que pueden ser irreversibles en fauna protegida y para la calidad de vida de los habitantes de Puerto Natales», indica una denuncia del 19 de agosto ante la SMA, que pidió la clausura del sitio en construcción.
«Hemos encontrado aves muertas y tomado conocimiento de que diariamente aparecen más aves muertas en la construcción y que son tapadas con arcilla con la retroexcavadora. Asimismo, es evidente que las construcciones no están cumpliendo las condiciones mínimas de los procesos de soldadura de plásticos, lo que se evidencia en que el salmoducto ya instalado, antes incluso de entrar en operación, se rompió en tres partes, dividiéndose en tres tramos, dando cuenta de la falta de seguridad y adelantando una futura catástrofe ambiental que causaría cuando se conduzcan los riles del proyecto si se vuelve a romper; los yugos están instalados de forma deficiente y los ductos estarán inestables. Es decir, la construcción no cumple con los estándares mínimos de calidad autorizados y actualmente ya genera daños al medio ambiente que no son debidamente abordados», señala la denuncia, entre otros puntos.
Finalmente, la planta se encuentra a tan solo cuatro kilómetros de territorio Kawésqar y las comunidades no fueron consultadas acerca del proyecto por las vías idóneas, según FIMA.
Leticia Caro, representante de la comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, dice que «nosotros nos hemos opuesto desde su inicio» al proyecto.
«Estuvimos en la participación ciudadana e hicimos observaciones, hemos estado presentes en las distintas manifestaciones, no queremos ese monstruo» en el lugar.
«Seguiremos oponiéndonos a esta megaindustria que ha demostrado que son verdaderos destructores de los territorios donde se instalan. Si la gente de verdad ama esta tierra, razonará en que no puede ser destruida para que alguien se siga llenando a costa de nuestra naturaleza y el futuro de nuestros niños», remató.
Los problemas de Australis además ocurren en medio de un crecimiento del cuestionamiento al modelo extractivista de la economía actual, que se aceleró a partir del estallido social y será unos de los temas claves de la Convención Constitucional.
«El modelo de desarrollo imperante, impulsado por los gobiernos neoliberales, además de contribuir con el calentamiento global, exterminará la vida en nuestro territorio», advierte Caro.
Para Estefanía González, coordinadora de Campañas en Greenpeace, «son muy preocupantes las señales que está dando el mercado respecto a la salmonicultura, porque queda demostrado que esta industria, que viola la normativa en nuestro país, que es protagonista de múltiples desastres ambientales, que afecta las economías locales, está teniendo, gracias a estas conductas, un negocio súper rentable para capitales internacionales que se están haciendo ricos a costa de los territorios y el daño medioambiental que se está generando en nuestro país».
«La salmonicultura no puede continuar con este modelo. Hay que frenar ya la expansión de la industria y eso significa no más centros de salmonicultura ni, menos, aumentar la capacidad de procesamiento actual de plantas procesadoras como ocurre en Puerto Natales. Es una industria insustentable. No hay forma que pueda funcionar de mejor manera o con posibles mejores estándares, porque más de 30 años de funcionamiento han demostrado que su modelo consiste en el daño al medioambiente para la obtención de beneficios económicos», concluye.