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Por Pamela Poo, politóloga, magíster en Sociología
Fuente La Tercera
Chile es un país vulnerable en materia de adaptación al cambio climático. Tanto así, que se nos reconocen siete de las nueve vulnerabilidades de la Convención Marco, incluidas la sequía y la escasez hídrica. A este escenario se agrega la sobre explotación de las cuencas por actividades productivas, que se agrava por la presión que se ejerce sobre el agua.
Esta realidad pone en jaque a la sociedad en su conjunto, requiriéndose medidas y acciones que permitan abordar la urgente adaptación al cambio climático, así como imponer nuevas condiciones a quienes realizan actividades productivas en un contexto de escasez hídrica.
Surgen de esta forma dos abordajes inmediatos y no excluyentes para enfrentar la crisis climática y ecológica en torno al agua. La primera es el proyecto de ley que reforma el Código de Aguas (boletín 7543-12). La segunda, la nueva Constitución que ya se encamina tras la puesta en marcha de la Convención Constitucional.
La reforma al Código de Aguas instala en lo inmediato elementos que permiten gestionar el escenario actual, a través del establecimiento del derecho humano al agua en la legislación nacional. Establece, también, la protección de las funciones ambientales de las aguas superficiales y subterráneas, así como la caducidad por no inscripción y la extinción de derechos por no uso, norma que afectará a todos los derechos de aprovechamientos (nuevos y antiguos), entre otras medidas.
Si bien estos cambios son acotados, establecen por sí mismos otra lógica en el Código de Aguas. Velan por la protección de la fuente y el derecho humano al agua, cuestión que hoy es débil -casi inexistente, más bien- en nuestra legislación hídrica. En un escenario de tanta gravedad, todo lo que permita avanzar, suma.
En forma paralela, trabaja la Convención Constitucional. En este espacio, el agua será un tema relevante y donde se debieran profundizar los avances de la reforma, probablemente elevando a rango constitucional el derecho humano al agua, la protección de las cuencas, el establecimiento del agua como bien nacional de uso público, la eliminación de la propiedad de ésta anclada en la Carta Fundamental, entre otros aspectos que permitan gestionar con mayores herramientas la crisis climática y ecológica.
La cancha está rayada. La reforma tiene la posibilidad de materializarse en el corto plazo y cambiar la vida hoy de muchos y muchas que no cuentan con este fundamental bien natural. La nueva Constitución, a su vez, será la oportunidad para contrarrestar nuestro peor escenario en un contexto de peligroso cambio climático, en el caso de que la temperatura no pueda ser contenida en 1,5 grados.
El contexto en el cual nos encontramos no es favorable, las posibilidades de revertirlo son mínimas, por ello se debe avanzar con premura, con el fin de mejorar nuestras probabilidades ante la amenaza que significa la crisis climática y ecológica.
