a Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo aprobó con condiciones el proyecto minero-portuario «Dominga», iniciativa de la empresa Andes Iron que pretende extraer hierro en la comuna de La Higuera, al norte de la cuarta región.
El proyecto recibió 11 votos a favor y uno en contra. Pese a recibir un apoyo mayoritario, tuvo el voto en contra del delegado presidencial Pablo Herman, quien envió una señal al pedir que esto sólo se puede desarrollar aprovechando otros puertos de la zona, aludiendo al terminal que tiene aprobado CAP. Lo anterior, pues una de las principales críticas que ha recibido la iniciativa es porque su terminal portuario está a 26 kilómetros de Punta de Choros, mismo lugar donde en 2010 el primer gobierno de Sebastián Piñera rechazó la construcción de una termoeléctrica tras fuertes presiones de activistas medioambientales.
Pese al respaldo que recibió la iniciativa minera, lo cierto es que todavía el terreno judicial es incierto para Dominga. Esto pues tiene todavía un proceso abierto en la Corte Suprema cuyos resultados podrían conocerse recién en 2022, según reportó Diario Financiero.
El proyecto contempla una inversión de unos 2,5 mil millones de dólares, para lo cual -según declaraciones de altos ejecutivos de Andes Iron en el pasado- incluirían a inversionistas extranjeros, para lo cual empresas chinas y japonesas habrían manifestado interés. Dominga ha sido blanco de críticas por parte de activistas medioambientales y científicos, por ubicarse en zonas aledañas a tres áreas silvestres protegidas en las que habitan distintas especies en peligro de extinción, como la ballena azul, el pingüino de Humboldt, el delfín nariz de botella, entre otras.
La historia de tramitación del proyecto ha sido turbulenta. Desde su ingreso al Sistema de Evaluación Ambiental en 2013, la empresa pasó un largo proceso para recién en 2017 saldrá obtener el informe que gatilla la votación de la iniciativa. Así, en marzo de ese año la Comisión de Evaluación Ambiental de la región resuelve rechazar el proyecto, lo cual es ratificado en agosto por el Comité de Ministros encabezado por Marcelo Mena quienes resuelven mantener el rechazo. En esa oportunidad, con una votación 3-2, la noticia fue que uno de los integrantes de la instancia, el ministro Luis Felipe Céspedes se retiró antes de la votación. Luego saldría del gobierno junto al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.
Ante ese escenario, en diciembre de ese año la minera acudió al Tribunal Ambiental de Antofagasta, el cual en abril de 2018 dicta sentencia y ordena que se vuelva a votar el proyecto en la comisión regional, apelando a aspectos de forma del procedimiento. Tras ello, los detractores llevaron el caso a la Corte Suprema. Ese organismo acogió tres recursos de casación contra la decisión del Tribunal Ambiental y exigió que vuelva a analizar el caso, pero opinando sobre aspectos de fondo. Así, en abril de este año el Primer Tribunal Ambiental vuelve a pronunciarse por el caso, esta vez abordando el tema de fondo y pide retrotraer el procedimiento, para que vuelva a ser votado por la comisión.
Junto a ello, el momento para aprobar un mega proyecto minero-portuario difícilmente podría ser menos idóneo. Hace sólo tres días se dio a conocer el último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), donde 234 científicos de todo el mundo estudiaron el avance desenfrenado del calentamiento global.
El informe de más de 3.000 páginas incluyó 14 mil estudios científicos, siendo uno de los trabajos más completos de la historia sobre la materia. De no existir cambios sustanciales en el uso de combustibles fósiles, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación y la polución de los mares; las inundaciones, incendios, sequías, olas de calor y la muerte de la biodiversidad alcanzarán niveles desconocidos por la humanidad.
Estos datos son apenas una fracción de las alarmas levantadas en el informe, el que ha gatillado la preocupación en distintos países y organizaciones del mundo. La ONU, por su parte, a través de su secretario general, António Guterres, describió los resultados del extenso documento como “una alerta roja para la humanidad”.
Sin embargo, 72 horas después, en Chile se aprobó Dominga.
Piñera en Andes Iron y Carlos ‘Choclo’ Délano, el condenado fundador de Penta
En el mismo sitio donde pretende ser instalado el proyecto minero Dominga, antes intentó instalarse otro mega proyecto que pondría en grave peligro al ecosistema de la zona, la Central Termoeléctrica Barrancones, de la firma Engie Chile (en aquel tiempo Suez Energy).
En agosto de 2010, cuando Sebastián Piñera llevaba solo unos meses ocupando el cargo de Presidente de la República, Barrancones ya estaba aprobado por la Corema de la región de Coquimbo; sin embargo, Piñera tomó el teléfono para comunicarse directamente con altos ejecutivos de Suez para así conseguir lo que meses de movilización medioambiental no habían conseguido en la zona: detener el proyecto Barrancones para siempre.
Piñera anunció a la ciudadanía la detención de Barrancones señalando haber escuchado las demandas ciudadanas. Como el rey sabio que, aunque detenta el pleno poder, también es comprensivo.
El episodio del telefonazo ocurrió en agosto de 2010, y solo 3 años después Andes Iron entró en escena para intentar instalarse en el mismo sitio con el proyecto Dominga. Lo que Piñera no transparentó en la época, es que a través de distintas sociedades en esquemas de cascada, la familia Piñera era precisamente uno de los principales accionistas de Minera Andes Iron cuando el Presidente telefoneó para bajar Barrancones.
Así lo dio a conocer en extenso un reportaje de Bio Bio en 2017, cuando luego de observar publicaciones en el Diario Oficial y en el Archivo Judicial pudieron constatar que el family office de Piñera, Bancard, era uno de los principales accionistas de Minería Activa Uno SpA, la sociedad que se hizo con el 99% de Andes Iron cuando esta fue creada. Para esto, utilizó como vehículo a Mediterráneo Fondo de Inversión Privado, el cual era gestionado por Administradora Bancorp SA, de propiedad precisamente de Bancard.
En diciembre de 2010, algunos meses después de bajar Barrancones, el grupo Piñera vendió su participación en Andes Iron, lo que le supuso ingresos por más de 200 millones de pesos, según el reportaje de Bio Bio.
El vínculo directo entre Piñera y Dominga además se da por quién tiene la propiedad de Andes Iron, la firma a cargo del proyecto. Según la última información publicada por esta empresa, el 75% de la propiedad de la minera es de la familia de Carlos Alberto Délano, amigo íntimo y antiguo compañero de universidad y negocios del presidente Piñera.
El mismo que forjó el grupo Penta junto a Carlos Eugenio Lavín, los cuales resultaron condenados en 2018 a cuatro años libertad vigilada, multas superiores a los $800 millones y clases de ética por delitos tributarios que les permitieron dejar de pagar impuestos por cientos de millones de pesos.
Esto alcanzó tintes políticos debido a que en la investigación se pudo conocer que Penta había financiado de manera irregular principalmente a la UDI, a través de boletas ideológicamente falsas, en uno de los más grandes casos de financiamiento irregular de la política.
Probablemente uno de los casos más escandalosos dentro de los fraudes cometidos por Penta, y que se relaciona directamente con el proyecto Dominga, son los 42 millones de pesos que la empresa de Délano pagó a Pablo Wagner, quien se desempeñaba durante el primer gobierno de Piñera como subsecretario de Minería, en la misma época en que Dominga buscaba ser implementado. Wagner fue condenado a tres años de pena remitida, un año de presidio menor en su grado mínimo, millonarias multas y la imposibilidad de ejercer cargos públicos por cuatro años.
Tanto Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín y el ex subsecretario Wagner tuvieron que cumplir con prisión preventiva debido a estos hechos en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, para reos cuyos delitos no hayan sido violentos.
Reacción de presidenciables
Los candidatos presidenciales de oposición Yasna Provoste (DC), Paula Narváez (PS, PPD, PL y Nuevo Trato), Carlos Maldonado (PR) y Gabriel Boric (CS), criticaron la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de aprobar el proyecto minero portuario Dominga.
Al respecto, Provoste afirmó que “hasta ahora, esta es una materia pendiente de resolución judicial. Pero pese a ello, este gobierno está buscando acelerar la aprobación de un mal proyectos”.
Por su parte, Narváez sostuvo que “la aprobación del proyecto Dominga es un error que nos costará caro. Esto no es progreso, es el comienzo de una nueva zona de sacrificio. No queremos desarrollo a costa de los territorios y del bienestar de las personas. No profundicemos la crisis climática”.
A su vez, Carlos Maldonado indicó que “Piñera, a través de Seremis, aprueba Dominga, burlando descentralización y voluntad ciudadana que eligió gobernadora regional que ha expresado serios reparos al proyecto”.
Boric afirmó que “Chile Vamos y la derecha están haciendo un daño irreparable al permitir que continúe el proyecto de minera Dominga. Nuestra postura en esto es clara y la mantendremos firme en un futuro gobierno: queremos desarrollo pero no a costa del medio ambiente y las comunidades”, aseveró.
Por parte de Chile Vamos, su candidato presidencial Sebastián Sichel se abstuvo de hacer alguna referencia al tema.
