Efecto Covid-19 en el presupuesto 2021: Financiamiento de programas ambientales del MMA cae hasta en un 50%

El pasado 30 de septiembre, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, presentó al Congreso la Ley de Presupuesto 2021 que contempla recursos totales por 73.234 millones de dólares, con un incremento del gasto real de un 9,5% respecto de 2020, y un crecimiento de 14,9% en la inversión pública, anunció. Un presupuesto especial, dijo, cuyo foco principal está en la generación de empleo y la recuperación económica para enfrentar la crisis social, económica y sanitaria registrada en los últimos meses, principalmente a causa de la pandemia por coronavirus.

“Hoy tenemos demandas extraordinarias abocadas a la recuperación del empleo, este foco nos obliga a priorizar y el presupuesto de los ministerios no puede ser el de un año normal y si priorizar en recuperación de los puestos de trabajo y la economía (…) Le he pedido a ministros que hagan esfuerzo especial de austeridad para concentrar esfuerzos en estos dos grandes temas y, por supuesto, para atender las demandas sociales, pero convencidos de que juntos vamos a salir de esta crisis y recuperar los empleos”, afirmó el ministro Briones.

Así, ministerios como Vivienda y Obras Públicas vieron fuertemente incrementados sus presupuestos, al igual que el Servicio Nacional de Capacitación y empleo, que aumentó en un 800%. Pero en este foco centrado en efectos reactivadores inmediatos, el presupuesto post Covid-19 está dejando también una serie de damnificados, entre ellos la suspensión de las Becas Chile; una disminución de casi $16.600 millones al Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología; la caída de un 14% en los aportes al programa de Programa de Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables no Convencionales; y la pérdida de $22.834 millones en el Transantiago, destinados principalmente a la infraestructura del transporte público capitalino, entre otros.

Las reducciones en ciencias, formación de capital humano, innovación y educación son las que han concentrado las mayores críticas por parte de los parlamentarios -que tienen que aprobar la Ley de Presupuestos-, acusando que de esta forma se está hipotecando el desarrollo futuro del país.

“Mientras todos los países aumentan la inversión en ciencia para enfrentar la crisis de pandemia, desempleo e incertidumbre que vive el planeta, Chile con una visión oscurantista, que se desacopla del futuro, la disminuye (…) Es una gran frustración constatar que los gobiernos no apoyan la generación de conocimiento que el país requiere”, ha señalado el senador PPD Guido Girardi, uno de los más críticos de la decisión.

Y en cuanto a Medio Ambiente, son varios los programas cuyos presupuestos se llevó en gran parte el Covid-19. Lo preocupantes es que se trata principalmente de iniciativas y actividades que tienen un impacto directo en las personas y las comunidades, así como en la protección de la biodiversidad del país.

Al respecto, Rodrigo Catalán, director de Conservación de WWF Chile, plantea que “podemos entender que haya prioridades de primera urgencia para el país que se vean reflejados en el presupuesto. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, es importante incrementar el presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente para asegurar que la crisis del Covid-19 no se vea agravada aún más por una crisis derivada del cambio climático y la pérdida acelerada de la biodiversidad. Bajo un concepto de reconstrucción verde podemos lograr objetivos de reactivación económica y generación de empleos verdes mediante iniciativas ambientales”.

7,2% del presupuesto del MMA se va a la Subdere

Si bien de acuerdo a un informe comparado de la Dirección de Presupuestos (Dipres), el presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) no disminuye -de hecho tiene un incremento del 0,1% respecto de 2020 y se mantiene el total cerca de los $61 mil millones-, si lo hacen varios de sus programas.

Sin embargo, una de las primeras cosas que salta a la vista del informe de la Dipres es que el 7,2% del presupuesto del ministerio está destinado al Programa Nacional de Residuos Sólidos, el que en realidad depende administrativamente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) del Ministerio del Interior. Esta es la primera vez que el Ministerio del Medio Ambiente destina parte de su presupuesto a financiar íntegramente dicho programa -en 2020 su presupuesto fue cercano a los $5.700 millones, con cargo al Ministerio del Interior-, cuyo objetivo principal es apoyar a los municipios en la recolección, transporte y disposición de residuos solidos domiciliarios, principalmente en rellenos sanitarios.

La apuesta, señalan en Medio Ambiente, es que al hacerse cargo del financiamiento se puede tener una mayor incidencia en el manejo de este programa, y si bien gran parte de los recursos seguirán destinados al transporte y disposición en relleno de los residuos, lo que se busca es comenzar a incorporar principios de economía circular en su manejo. Con esto se busca, agregan, incentivar con mayor fuerza prácticas de reciclaje y comenzar a incorporar la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos actualmente en proceso de elaboración.

En contrapartida, el Fondo del Reciclaje -creado como un mecanismo de apoyo a la implementación de la Ley REP- cae a menos de la mitad (-53%), pasando de casi $480 millones en 2020 a poco menos de $256 millones en el proyecto actual.

Este fondo, destinado a los municipios y asociaciones de municipios del país, busca promover hábitos más sustentables en el manejo de residuos, instalar conocimiento técnico y contar con infraestructura apta para la separación y reciclaje. Se espera que con estos recursos se financien 21 proyectos de este tipo.

Este año, por ejemplo, el fondo entregó más de 330 millones a los 10 municipios de Chiloé, que presenta problemas graves de gestión de residuos, beneficiando a casi 100 mil personas directa a indirectamente. Entre los proyectos financiados estuvo la entrega de casi 700 composteras y más de 35 puntos verdes para botellas plásticas, latas, cartón, papel y vidrio.

Para Alejandro Smythe, secretario de la Asociación de Municipalidades Sustentables (Amusa), hay dos cosas que sobresalen respecto del presupuesto 2021. La primera, dice es que Medio Ambiente debiese aumentar y no quedarse en un presupuesto base cero.

“Eso tendrá que ver con orden de la Segpres, no se muevan del presupuesto. Hoy debiese haber un esfuerzo mayor en el tema medioambiental, pero se ve un cierto ordenamiento presupuestario que tiene que ver con no exponer esfuerzos inalcanzables en un contexto complejo. Me parece que el tema ambiental debiera tener algún incremento. Lo entiendo, pero no debe ser. Le están quitando a humedales, pareciera que pierde Medio Ambiente una serie de elementos. Hay una contradicción entre la agenda y el presupuesto”, afirma.

Lo segundo que le llama la atención, agrega, es la glosa del Programa de Residuos Sólidos. “Yo al menos no lo había visto nunca. Uno podría pensar que es el monto que va a tomar los temas de economía circular. En el 2020 no existía y ahora existe, y compensa las bajas que hay en fondos de reciclaje, investigación y otros temas. Esto significa que corren una cosa que existe pero lo ponen en el MMA; el Plan Nacional de Residuos siempre ha existido, son recursos Subdere, lo que hacen es correr el recurso de Subdere a la instancia de Medio Ambiente en la misma condición, así lo logro entender, con lo cual ponen un presupuesto igual a otro, pero con un ‘suple’ que viene desde una asignación que ya existía”.

“Eso puede ser -plantea- porque el MMA se coloca como el tutor, o el control de algo que estaba fuera del manejo del MMA. Puede ser una buena corrección, pero lo único que puedo pensar que el presupuesto del MMA bajó, solo que se subsidia con el presupuesto de la Subdere, que de alguna logra empatar y hacer el presupuesto base cero”.

En cuanto a la disminución del Fondo del Reciclaje, que va en directo beneficio de lñas municipalidades, afirma que más allá de la baja, “si ponen el fondo de la Subdere en el área de residuos, eso acoge sistemas de reciclaje. No se puede mirar el dato puro. No es una mala noticia que los fondos del Plan Nacional de Residuos estén acogidos al MMA; es una mala noticia que con esos fondos se subsidie una baja ostensible del presupuesto”.

Cae presupuesto para calefacción sustentable

En materia de calidad del aire, el presupuesto 2021 de Medio Ambiente considera un incremento de un 31,8% en materia de planes de descontaminación ambiental, pasando de $1.324 millones a $1.745 millones. La diferencia de $421 millones, no obstante, corresponde íntegramente a la primera etapa de una nueva red de monitoreo que el MMA debe implementar en la zona de Quintero-Puchuncaví en un período de 5 años, cuyo costo total bordea los $5.000 millones.

Donde sí existe un recorte mayor es en Programa de Calefacción Sustentable del ministerio, uno de los pilares de los planes de descontaminación ya que apunta a diminuir sustantivamente las emisiones de material particulado causadas por el humo de leña en las principales ciudades de la zona centro sur del país, mediante el recambio de estufas altamente contaminantes por nuevos aparatos más eficientes y -principalmente- que usan combustibles más limpios.

En este ítem el presupuesto se redujo en un 25%, pasando de $6.683 millones a $5.015 millones. Es decir, una pérdida de $1.668 millones para el recambio de calefactores. Se trata de una situación preocupante ya que podría incidir en el cumplimiento de los planes de descontaminación del sur del país, que tienen establecidos montos específicos de recambio de estufas en períodos máximos de 10 años para cada plan.

Se trata además de un apoyo directo a la ciudadanía en forma de subsidio -en algunos casos el copago llega incluso a $0-, que ha beneficiado ya a más de 20 mil hogares, y cuya meta final es el recambio de 183 mil estufas a leña altamente contaminantes entre Rancagua y Coyhaique.

De hecho, un informe de 2019 encargado por la Dipres para evaluar dicho programa ya habían encendido las alertas al respecto:  “Dada las tecnologías utilizadas, el promedio ponderado del valor unitario facturado ($ 932 mil) y un presupuesto anual promedio de MM$ 5.407 (según los últimos dos años), implica que para poder terminar de instalar los 158.431 calefactores pendientes para los PDA vigentes manteniendo el mismo presupuesto y la misma combinación de tecnología promedio, esto tardaría aproximadamente 27 años. Por lo tanto, de no mediar mejoras de eficiencia en la ejecución del programa tales como la reducción del precio de adquisición, sólo queda como alternativas el aumento del financiamiento anual de este Programa para poder cumplir con el plazo de tiempo estimulado en cada uno de los PDA”.

Más recursos para el SEIA, menos para fiscalización ambiental

Uno de los programas que tuvo un incremento en su presupuesto en el proyecto de ley fue el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), con un 8,8% para totalizar $2.125 millones. Dentro de este servicio, la administración de los procesos de evaluación de impacto ambiental registró un 8,6% de incremento, mientras que la administración del SEIA electrónico aumentó sus recursos en un 9,1% para llegar a $716 millones.

En el caso de la administración del SEIA, se incluyen recursos adicionales por $416 millones para el Programa de Participación Ciudadana Telemática (PAC Telemática), un aspecto clave en la tramitación de proyectos considerando que gran parte de estas actividades estuvieron paralizadas durante meses por el cierre causado por la pandemia.

“En el marco de las iniciativas que propenden reactivar la actividad económica, en este caso, destrabando proyectos sometidos a evaluación ambiental, particularmente, incorporando la componente telemática en el requisito de participación ciudadana de las evaluaciones”, señala un documento del MMA. Parte importante de ese monto, agrega “financia la contratación de 20 nuevos honorarios para el programa, pasando de 28 a 48 evaluadores, además de disponer nuevas herramientas telemáticas de participación”.

En cuanto a la fiscalización ambiental de proyectos, a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), su presupuesto se redujo en un 8,8%. El monto para los programas de fiscalización ambiental cayó de $889 millones a $842 millones (-5,3%), mientras que los recursos para la implementación de la tercera etapa del Laboratorio de Alta Complejidad cayó en un 18,1%.

Para la directora ejecutiva de Chile Sustentable, Sara Larraín, algunas de las reducciones del presupuesto 2021 del MMA son explicables, mientras que se ve como positivo el aumento de recursos para la creación de planes de descontaminación y el que los programas de recuperación ambiental y social (en localidades como Huasco, Quintero y Coronel) hayan mantenido el mismo presupuesto que el año anterior. “Sí nos parece lamentable la reduccion del presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente particularmente en las partidas de fiscalización ambiental, y áreas marinas y humedales, justamente cuando debe implementarse la ley de humedales recién aprobada”, plantea.

Biodiversidad, estudios y comunidad

Efectivamente, el presupuesto del programa de áreas marinas y humedales sufrió un fuerte recorte de un 33%, pasando de $199 millones este año a $132 millones propuestos para 2021. El objetivo de este programa es establecer una gestión integrada de estas áreas sobre la base de estudios e inventarios de sus recursos, así como de conservación in situ, para alcanzar sus objetivos de conservación. Sin embargo, casi la totalidad del monto asignado en el proyecto de ley ($130,8 millones) iría a financiar gastos de arrastre, quedando menos de $2 millones para talleres y gastos operacionales.

“Lo que ocurre con la protección de áreas de conservación y humedales es la lamentable historia de una estructura política hegemónica desde el punto de vista económico, es no entender que la inversión en naturaleza nos reditúa beneficios. Es no gatillar proyectos innovadores que pueden generar actividades productivas para las comunidades que viven cerca de las áreas protegidas”, dice Alejandra Figueroa, presidenta de Corporación Capital Biodiversidad y el jefa de la División de Recursos Naturales del MMA.

“Se pone en riesgo -agrega- la matriz que sostiene la calidad de vida y el bienestar de las comunidades a nivel local. La baja es ostensible, la División de Recursos Naturales recibió entre 2014 y 2018 del orden de $800 millones en promedio, de forma permanente. Ocurre por la crisis pandémica, para no ser injusta, pero también de una estructura tradicional en torno a generar empleo rápido, sin una visión a futuro que necesitamos, y que producto de la crisis climática está a la vista. Necesitamos generar una agenda verde bajo una nueva estrategia de desarrollo. Eso con las cifras no se vislumbra”.

Para Rodrigo Catalán, de WWF, es lamentable que la reducción de presupuesto no se condiga con la necesidad y los compromisos de Chile por impulsar la protección y manejo efectivo del 42% del mar chileno que se encuentra actualmente en áreas marinas protegidas.

“Luego del gran salto que se logró con la creación de grandes parques marinos y áreas de múltiples usos, la tarea pendiente es la implementación de esas áreas y su protección frente amenazas tan graves como la pesca ilegal y el cambio climático. Eso requiere un importante presupuesto y en vez de verse aumentado ha disminuido. No solo eso, el mismo presupuesto que en años anteriores era solo para áreas marinas protegidas ahora agrega humedales. Y los humedales han demostrado ser claves en la adaptación al cambio climático y la protección de la biodiversidad. Ha existido también un significativo avance en la protección de éstas áreas, pero, de la misma manera que para el mar, este presupuesto no permitirá mantenerlas bajo protección efectiva”, afirma.

“Proteger y recuperar estos espacios verdes -agrega. puede ser también una importante fuente de empleos verdes y de actividad económica. Esperamos que esto sea comprendido por el Congreso que analizará este presupuesto”.

En cuanto a estudios medioambientales, su financiamiento disminuye en un 44%, pasando de $1.015 millones a $565 millones. Esto pese a que se trata de un área clave para generar insumos que fundamenten políticas públicas como la economía circular o la creación y monitoreo de normas de calidad ambiental.

El Covid-19 se llevó también parte importante del Fondo de Protección Ambiental (FPA), destinado a financiar iniciativas ciudadanas que ayuden en la protección o reparación del medio ambiente, el desarrollo sostenible, la preservación de la naturaleza o del patrimonio ambiental. Para el próximo año, este fondo sufrirá una merma del 30%, pasando de $778 millones a $544 millones.

“El Fondo de Protección Ambiental ha constituido a lo largo de los años un importante apoyo a iniciativas ambientales de tipo local. Muchas de ellas relacionados a emprendimientos verdes de comunidades como el ecoturismo, el reciclaje o la agregación de valor de productos naturales cosechados sustentablemente. Es fundamental mantener este apoyo a los emprendimientos verdes a nivel local y a las iniciativas de conservación asociadas que impulsan comunidades locales y organizaciones de base que han contado con el FPA como una fuente importante de apoyo estatal”, plantea Catalán.