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El 26 de septiembre vence el plazo para firmar el pacto. Si bien después los países pueden sumarse como adherentes, en el gobierno reconocen que esa fecha marcará un hito. Piñera pidió revisar nuevamente el tema. Y este martes, Allamand explicó que se están estudiando cuatro áreas.
Fuente La Tercera
Una vez más, el Acuerdo de Escazú se instaló en la agenda del gobierno y este martes el canciller Andrés Allamand volvió a justificar la postura adoptada por el Ejecutivo en 2018, cuando se decidió no adherir al pacto internacional.
El tema se ha transformado en un flanco de críticas para La Moneda. A juicio de la oposición y de organizaciones medioambientales, se debilita el multilateralismo y se pone en cuestión el compromiso medioambiental del país. La posición del gobierno, además, ha sido cuestionada, porque en una primera instancia Chile fue uno de los impulsores del acuerdo y tenía el compromiso de firmarlo. De esta manera, Allamand y sus antecesores (Teodoro Ribera y Roberto Ampuero) han tenido que hacer frente a los duros reparos al respecto.
El tema resurgió este martes, cuando Allamand asistió a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, instancia a la que fue convocado para abordar este asunto, considerando que el 26 de septiembre se cierra el período para la firma del acuerdo, según lo establece el Artículo 21 del tratado. Posterior a esa fecha, los países de todas maneras podrán adherir a este. ¿Cuál es la diferencia? En el gobierno explican que en caso de adherir en el futuro, Chile se somete a las mismas obligaciones jurídicas que los países que firmaron el acuerdo, pero recalcan que están conscientes de la importancia que marcará el hito del 26 de septiembre. Hasta la fecha, de los 22 países que firmaron el tratado solo nueve lo han ratificado. Y se requiere de 11 para que comience a regir.
“Lo que quisiera señalar es que la posición del gobierno no ha cambiado. El acuerdo (…), como está planteado, es decir, en sus actuales términos, es inconveniente para Chile. Esa es la razón por la cual no se ha suscrito”, dijo Allamand ayer en la comisión, agregando que “nosotros estamos agotando, precisamente en estos días, las instancias de análisis con cuatro focos principales”. De hecho, en La Moneda dicen que el Presidente Sebastián Piñera pidió revisar nuevamente el tema.
En ese contexto, el titular de RR.EE. detalló esas cuatro áreas: “Ver el contenido de los cambios de la legislación ambiental actual chilena que traería la aprobación del tratado”; “estamos advirtiendo cuál es el alcance interpretativo de algunos principios del tratado atendida su definición”; “la naturaleza y las obligaciones a las que Chile se vería sometido en el evento de firmar y posteriormente aprobar y ratificar el tratado”, y finalmente, “la contingencia judicial, esto es, la posibilidad de que en virtud del Tratado de Escazú Chile pudiese ser eventualmente llevado a tribunales internacionales”.
La posición del gobierno reabrió las críticas. Así, luego de la intervención del canciller, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) cuestionó la postura del Ejecutivo y sostuvo, en tono sarcástico, que “quiero desprender de sus palabras que queda abierta la posibilidad de suscribirlo eventualmente”. Y comentó que Piñera se comprometió a entregar un informe jurídico sobre el acuerdo. “Documento que hasta el día de hoy no existe”, agregó. Además, indicó que “como creo en la importancia del multilateralismo, acá se le ha hecho un flaco favor a América Latina”.
