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En el sector ambientalista surgieron críticas respecto al centralismo de las decisiones sobre el desarrollo regional.
Ramón Galaz, gerente general de Valgesta Energía
“La implementación del concepto de los trazados y de las franjas lo que incorpora es tomar en cuenta no solo las necesidades eléctricas del sistema, sino que también el uso del territorio e impactos ambientales, por lo que la idea es que las líneas pasen por donde generen un menor impacto posible, que existan las compensaciones y que se hagan todas las consultas ciudadanas a través de un proceso normado”.
¿Piensa que nueva la Ley de Transmisión perjudica a las comunidades en la planificación de trazado de las líneas? ¿Por qué?
No creo, porque el principio que existe detrás es que aquí hay un servicio público que debe ser entregado a la comunidad y a todos los usuarios, especialmente los regulados. La implementación del concepto de los trazados y de las franjas lo que incorpora es tomar en cuenta no solo las necesidades eléctricas del sistema, sino que también el uso del territorio e impactos ambientales, por lo que la idea es que las líneas pasen por donde generen un menor impacto posible, que existan las compensaciones y que se hagan todas las consultas ciudadanas a través de un proceso normado
¿Está de acuerdo en que la normativa esconde el concepto de “extractivismo eléctrico”?
No. Pienso que esta ley de transmisión permite el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles en el país y para eso establece una serie de procedimientos racionales, técnicos y que debieran conducir hacia una definición que genera más beneficios que costos para el país. Eso es muy importante, porque Chile históricamente ha sido un país dependiente energéticamente del exterior, pero cuando aprovechamos los recursos del país le damos certidumbre a todos respecto a cuáles podrían ser los precios a futuros de un suministro de un bien tan relevante y crítico como la energía eléctrica.
A su juicio, con la nueva Ley ¿los consumidores subsidian la construcción de proyectos de transmisión en determinados trazados?
Para que eso no ocurra debe quedar bien definido el reglamento para las franjas y todos los componentes de la Ley, por lo que primero hay que enfocarse en hacer un buen reglamento antes de poner piedras en el camino. Si estamos identificando ciertos riesgos y amenazas, se debe trabajar en los reglamentos para minimizarlos, siendo proactivos en el trabajo y no opositores sin propuestas.
¿Cree que la Ley de transmisión respeta el medio ambiente?
Sí. Hay un avance muy importante en esta materia, haciéndose cargo de los temas de sustentabilidad y de participación ciudadana, además de que el texto de la Ley establece las condiciones que deben respetarse más allá de la Ley de Bases del Medioambiente, lo que se da por descontado. Aquí se están haciendo además una serie de procedimientos para profundizar la propuesta para que se cumpla con la normativa ambiental y que los proyectos tengan sustentabilidad. Si alguien lo ve distinto, respeto esa visión, pero pienso exactamente lo contrario; aquí no hay ningún retraso, pues esto es un avance en el respeto al medio ambiente
Sara Larraín, directora ejecutiva de Chile Sustentable
“Hemos hecho varias críticas que tienen que ver con la planificación centralizada de la transmisión, con una planificación sin ninguna consulta a los planes de desarrollo regional, lo que tiene un contenido claramente anti democrático en relación a lo que hemos ido avanzando con los planes de ordenamiento territorial y las evaluaciones ambientales estratégicas”.
¿Piensa que nueva la Ley de Transmisión perjudica a las comunidades en la planificación de trazado de las líneas? ¿Por qué?
Sí. Hemos hecho varias críticas que tienen que ver con la planificación centralizada de la transmisión, con una planificación sin ninguna consulta a los planes de desarrollo regional, lo que tiene un contenido claramente anti democrático en relación a lo que hemos ido avanzando con los planes de ordenamiento territorial y las evaluaciones ambientales estratégicas. Se plantea el uso de la fuerza pública en el inicio de los estudios de franja, lo que es impresentable como forma de entrar a las comunidades, generando más conflicto de lo que existe hoy.
¿Está de acuerdo en que la normativa esconde el concepto de “extractivismo eléctrico”?
Sí, porque significa que la autoridad central del Estado determina extraer un recurso de la región sin preguntarle a los habitantes del sector, dejándolas como zonas de sacrificio y saturadas. Con una lógica de “extraer” todo lo disponible, el ministerio de Energía decreta, desde Santiago, zonas desde las cuales facilitar esa extracción. El problema es que este modelo funciona siempre bajo las mismas premisas: se privilegian los derechos de algunos (en este caso del inversionista eléctrico), se decide desde Santiago sobre la vocación de un territorio, y, como ha venido sucediendo hace décadas, algunos viven con los costos de estas decisiones (cargas ambientales y sociales) y otros, localizados lejos, con los beneficios.
A su juicio, con la nueva Ley ¿los consumidores subsidian la construcción de proyectos de transmisión en determinados trazados?
Sí. Porque, además de los discursos explícitos del ministro de energía sobre la necesidad de explotar energéticamente 96 cuencas, evidencian que lo que se está proponiendo en los polos de desarrollo es exclusivamente gran hidroelectricidad, cuyo potencial se calcula en 15.000 MW. Por ello surge la pregunta de por qué deberán los consumidores subsidiar la construcción de líneas de transmisión desde polos de desarrollo si ello sólo beneficia a los grandes propietarios de los derechos de agua para generación eléctrica en las diversas cuencas del país, los cuales, además no requieren subsidios.
¿Cree que la Ley de transmisión respeta el medio ambiente?
La ley plantea un tema estructural en relación al tema ambiental, porque esta imposición de un ordenamiento territorial energético sobre las regiones es un mega problema, ya que si hay otras prioridades de desarrollo en las zonas, se produce una tensión mayor. No se puede tener una Ley hecha para, en el fondo, forzar a utilizar las 96 cuencas para sacarle energía sin dejar alternativas para otras energías con menor impacto ambiental que el hidroeléctrico en las cuencas.
Fuente: Revista Electricidad
