Doce puntos contiene la propuesta que hizo llegar el empresariado a la Comisión Asesora Presidencial que estudia cambios al sistema.
La discusión sobre las reformas impulsadas por el gobierno ha estado en el centro del debate nacional. Pero, además de la tributaria, laboral y constitucional, hay otra que concita el interés del empresariado: las futuras modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Las circunstancias que desembocaron en la paralización del proyecto termoeléctrico Barrancones, de Suez Energy, y la negativa del Comité de Ministros a Hidroaysén, marcaron un antes y un después en la mirada de los privados sobre esta herramienta de evaluación, y los motivó a a formular propuestas para su modificación, tras 18 años.
La instancia propicia para aquello se dio en abril de este año, cuando la Presidenta Michelle Bachelet anunció la creación de la “Comisión Asesora Presidencial para la evaluación del SEIA”, que tras nueve meses de debate entregará en enero de 2016 una propuesta para modificar, ya sea a nivel de reglamento o legislativo, ese instrumento.
Fue así como la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) elaboró un documento, al que obtuvo acceso La Tercera, en el que plantean doce puntos que consideran como “temas prioritarios”.
Comité de ministros
La pertinencia del comité de ministros en la toma de decisiones frente a la construcción de proyectos es uno de los aspectos clave de la propuesta de la CPC. El gremio plantea avanzar en medidas que otorguen estabilidad y certeza jurídica a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y, con ese objetivo, revisar el sistema recursivo asociado a la RCA, “en particular el rol del comité de ministros y las reclamaciones ante este”.
La CPC también planteó la posibilidad de revisar “la composición político-técnica de la instancia que apruebe ambientalmente los proyectos y sus sistemas de reclamos”. En el desarrollo de este punto, el empresariado nuevamente plantea la necesidad de evaluar “el rol que ha tenido el comité de ministros como instancia de revisión de las reclamaciones”, analizando posibles mejoras e incluso cambios a la institucionalidad.
El comité de ministros tiene actualmente como función el conocer y resolver los recursos de reclamación que se presenten en contra de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o una Resolución de Calificación Ambiental, además de reclamaciones presentadas por personas que hayan formulado observaciones al EIA.
Las críticas del empresariado a las decisiones del Comité de Ministros no son nuevas. En junio de 2014, el entonces presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, dijo que la decisión de la instancia que invalidó la RCA del proyecto hidroeléctrico Hidroaysén era una “mala señal”.
En mayo de este año, en tanto, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) también apuntó a la decisión del Comité de Ministros de invalidar la RCA del proyecto minero Los Pumas, apelando al impacto “ en el crecimiento y la generación de empleo”, que causaba esta medida.
Flexibilizar evaluación
Otra propuesta del empresariado apunta a diferenciar los proyectos de inversión más complejos de los de fácil tramitación.
La CPC sugiere fijar condiciones especiales para Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de grandes proyectos, “simplificando el procedimiento para inversiones de menor tamaño”.
El empresariado planteó al gobierno la necesidad de ampliar el espectro de instrumentos utilizados en el proceso de evaluación ambiental, para lograr un sistema “más flexible”. Así, señala que “se podría emigrar a un sistema que agregue un primer instrumento simple como una declaración jurada con la posibilidad de incorporar seguros ambientales, y se establezcan condiciones especiales”.