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09. 07. 14. Pulso – Un informe sobre la eventual afectación de pueblos indígenas solicitó la Corte de Apelaciones de Concepción a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
Esto en el marco de la disputa legal entre comunidades mapuche y el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío por la autorización al Proyecto Modernización y Ampliación Planta Arauco (MAPA), cuya inversión supera los US$2.000 millones.
Sin embargo, el brazo forestal del grupo Angelini asegura que el director del SEA regional solicitó previamente el pronunciamiento de la Conadi sobre el Estudio de Impacto Ambiental de MAPA.
De hecho, el 20 de junio de 2012 el director nacional de la Conadi, Fernando Sáenz, ratificó que “no hay comunidades ni tierras indígenas en el sector donde se encuentra emplazado el proyecto”.
Lo anterior es respaldado posteriormente el 25 de junio de 2013, cuando la autoridad sostuvo que no presenta observaciones al proyecto del grupo Arauco.
Por lo mismo, el abogado que representa a la compañía del grupo Angelini, Cristián Celis, solicitó al tribunal dejar sin efecto la solicitud de la Corte de Apelaciones de Concepción.
En efecto, en su presentación el jurista acompañó una copia de la Ord. 304 de la Conadi al director regional del Servicio de Evaluación Ambiental.
Por su parte, la comunidad Mapuche Kudawfe Peñi y otras rechazaron la oposición de Arauco frente a la solicitud del tribunal de alzada.
Su representante, la abogada Paula Villegas, sostuvo que “nos llama profundamente la atención que sea Arauco y no la recurrida, quien se oponga a la medida”.
Ello, sostiene, más aún si se considera que la empresa ha aducido incansablemente que ha efectuado una adecuada consulta indígena sobre el proyecto MAPA.
La abogada concluye señalando que sus representados reclamaron durante la tramitación ambiental del proyecto la vulneración al cumplimiento de las normas y principios del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos originarios.
Paula Villegas afirma que la autoridad ambiental regional “nunca informó a la Conadi, vulnerando la representatividad de los pueblos originarios”.
“La consulta y la participación a estos últimos debe realizarse a través de las instituciones que efectivamente los representan más aún cuando exista a lo menos un atisbo de vulneración de los derechos de los pueblos originarios”, concluye en su escrito la representante de las comunidades.
Según los demandantes, “los antecedentes arribados durante toda la calificación ambiental, resultan del todo desproporcionados, arbitrarios e ilegales”.
