14. 07. 14. Pulso – Luego un profundo análisis, el actual gobierno publicó en el Diario Oficial las normas de protección de la cuenca del Río Maipo. En este nuevo reglamento se establecen las características productivas del cause y se señala que posee un potencial hidroeléctrico de 314 MW. Esta normativa fue realizada a solicitud del Ministerio de Medio Ambiente del gobierno anterior, y tenía por objetivo normar la explotación de esta cuenca.
El documento dice que la presión de usos sobre los recursos hídricos de la cuenca se vincula “fuertemente a que este sistema alberga aproximadamente el 40% de la población nacional, donde la demanda de agua potable supera los 22 m3/s”.
Lo anterior hace que los ríos de esta cuenca presenten un escurrimientos permanentes con dos períodos de crecidas. El primero durante las precipitaciones de invierno, y el segundo en los deshielos de primavera-verano.
El reglamento oficializa que la actividad productiva de esta cuenca se sustenta en los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados.
Se trata de más de 370 m3/s de tipo consuntivo y más de 1.800 m3/s de tipo no consuntivo. Esto último según estableció la Dirección General de Aguas en 2010.
Disputa en el Maipo. Paralelamente, un grupo de actores vinculados al uso de la cuenca libra una batalla judicial vinculada con los impactos que tendrá el proyecto Alto Maipo sobre el río.
La semana pasada este conflicto entre asociaciones de canalistas, el Fisco y AES Gener (Titular ) escaló hasta la Corte de Apelaciones de Santiago. Esto a través de un juicio donde la comunidad busca que la justicia anule la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la iniciativa que espera entrar en operaciones en 2018. Según los canalistas, los estudios de línea base del proyecto serían deficientes y esto invalidaría la tramitación ambiental de la iniciativa.
La disputa se remonta a fines de mayo de 2012, cuando asociaciones de canalistas demandaron a la autoridad ambiental de la época (Conama) por autorizar la construcción del proyecto de AES Gener.
Según los opositores, en el proceso de evaluación ambiental de la resolución que obtuvo AES Gener por Alto Maipo no se tomó en cuenta un estudio de la Universidad de Chile que alertaba sobre una baja de 22% del sedimento del río.
Los canalistas sostienen que la instalación del proyecto energético provocará que sus tomas de agua queden más arriba del lecho del río, generando un costo de al menos US$6 millones.
De acuerdo a lo establecido por la empresa en el proceso, “la existencia de perjuicios inciertos, futuros o eventuales, no habilitan para exigir la anulación de todo un procedimiento, el cual ha sido tramitado de acuerdo a derecho”.
Adicionalmente, AES Gener expresa “que por no ser efectiva la disminución de sedimentos, es que tampoco se producirán los efectos en la infraestructura pública y privada que reclaman los demandantes”.