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11. 05. 14. Qué Pasa Minería – Más de US$ 300.000 millones contiene la cartera de proyectos mineros de los principales países de la región. Para que se materialicen, la mayoría de las naciones enfrenta dificultades en aspectos como regulación, alza de costos, falta de capital humano calificado y, en especial, problemas con comunidades. Éstos son los desafíos de la industria en el continente.
Latinoamérica está jugando un rol fundamental en la minería mundial. Dentro del continente se encuentran grandes productores de diversos commodities. El 47% de la plata surge de México, Perú, Chile y Bolivia, así como el 45% del cobre y el 24% de molibdeno (Chile, Perú y México), el 21% de oro (Perú, México y Colombia) o el 13% del hierro (Brasil).
Entre estos países hay una cartera de proyectos ambiciosa que, de concretarse, le permitiría al continente aumentar su importancia en estos y otros minerales. Se estima que son más de US$ 300.000 millones en juego, donde Chile tiene un rol fundamental, con un tercio de la cartera. Brasil lo sigue de cerca, con más de US$ 70.000 millones, Perú con US$ 64.000 millones, México y Colombia con cerca de US$ 25.000 millones cada uno y, más atrás, Argentina con US$ 10.000 millones, según datos que maneja la Sociedad Nacional de Minería (Sonami).
Además, esta parte del mundo concentró el 27% de los US$ 15.200 millones destinados en 2013 a exploración, según el SNL Metals & Mining. El foco de interés está en México y Chile (24% cada uno, de lo que se contempla para América Latina), seguidos por Perú (18%) y Brasil (11%).
Sin embargo, los distintos países están atravesando por una serie de desafíos, algunos comunes y otros específicos, los que se están afrontando de distintas maneras.
Un tema transversal es el de las relaciones con comunidades y el aporte de la minería en las zonas donde se desenvuelve. Perú, por ejemplo, sufrió la detención de una serie de iniciativas hace poco más de dos años, cuando el proyecto Conga fue el ícono de las protestas, y hoy está paralizado, a la espera de un momento oportuno para reactivarse.
En ese país, el Estado ha impulsado una serie de planes para avanzar junto a las comunidades. En la misma línea, Argentina está impulsando un observatorio para fomentar el diálogo con empresas, trabajadores, organizaciones civiles, representantes de pueblos originarios y de las comunidades donde se desarrollan los proyectos.
También hay una serie de cambios regulatorios que están desarrollándose en Ecuador, México, Bolivia, Brasil y, posiblemente, se desate uno en Colombia, tras las elecciones presidenciales de fines de mayo, ya que en el Congreso se está generando una corriente interesada en subir las exigencias a permisos ambientales.
En los otros cuatro países, las cosas avanzan de forma distinta: Brasil está tramitando un nuevo Código de Minería que tiene paralizadas nuevas inversiones desde 2011; México se está adaptando a la reforma impositiva del año pasado, que a algunas mineras les implicará subir en cerca de 30% sus pagos al Fisco; Ecuador espera fomentar la actividad con los reglamentos que hacen operativa la ley minera de 2013; y Bolivia tuvo impasses por un artículo específico de su nueva ley para el sector.
En todas las empresas que operan en estos países, además, debe afrontarse el tema de costos ante este nuevo momento del ciclo de precios de los metales, con una baja que se prevé durará por algunos años. La industria chilena de cobre, que en 2000 tenía un cash cost de 43 centavos de dólar la libra, en 2013 llegó a 176,5, según una presentación de Codelco en Cesco Week. México está en un nivel de 106,1 centavos de dólar y, dados sus nuevos impuestos, debe hacer un esfuerzo para seguir siendo competitivo.
Además, todos deberán sortear los nuevos plazos que están tardando materializar proyectos, de modo de prepararse para fines de esta década, cuando se estima que los precios se recuperarán. Se calcula que una mina de cobre toma hoy once años en ser desarrollada, mientras que una de hierro tarda unos nueve años, según una presentación de CRU en Cesco Week.
| EL FOCO DE LA COMPETITIVIDAD EN EL PAIS AZTECA |
| La pérdida de competitividad es la principal preocupación en México. Según Humberto Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera, hay dos temas que los han afectado en el último tiempo: la crisis energética y la reforma impositiva que comenzó a regir este año, en un contexto de baja del precio de los minerales.Para el primer problema se está impulsando una reforma energética que permitirá que las mineras generen energía y puedan vender sus excedentes. El objetivo general del gobierno es bajar los costos, por ejemplo, aprovechando las reservas de gas natural que tiene el país. En lo segundo, se busca ser más productivos para contrarrestar el efecto del alza de impuestos. Según señaló un ejecutivo de la canadiense Goldcorp en ese país, esta reforma motivó una fuga de capitales para exploración, porque México se volvió menos atractivo. Ellos están revaluando inversiones, porque estiman que ahora deberán pagar cerca de 30% más en impuestos. |
| LAS APUESTAS DEL PAIS INCAICO PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA |
| Si todo sale como está presupuestado, en 2016 Perú debería duplicar los 1,3 millones de toneladas de producción de cobre que tiene hoy.Mientras eso sucede, el país tiene una serie de desafíos que afrontar. Aunque para la mayoría de ellos tienen un plan de acción, una variable se les escapa un poco de las manos: los cuestionamientos que puedan surgir a la industria extractiva producto de las campañas políticas para las elecciones regionales de fines de este año y las presidenciales y parlamentarias del próximo ejercicio. El tristemente célebre Proyecto Conga -que actualmente está detenido, cumpliendo compromisos para viabilizar su construcción- se convirtió en el foco de protestas hace dos años, impulsadas por el jefe regional de Cajamarca debido a motivos políticos, dicen en Perú. Dentro de las otras variables, Perú está tomando medidas. Por ejemplo, les es urgente agilizar los trámites: el gobierno designó un grupo de profesionales, que llevan cerca de un año analizando dónde se producen las trabas, e impulsar cambios para superar esos cuellos de botella. La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Eva Arias, explica que esto busca dar más agilidad al Estado y no implica un relajo en las normas, ni menos disminución de los estándares. Otra arista que se está abordando desde el Estado es la falta de infraestructura. Un estudio reciente cifra en US$ 80.000 millones el déficit. La fórmula ha sido concesionar ciertas obras o aplicar el mecanismo de “obras por impuestos”, para que empresas puedan adelantar el pago de gravámenes a través de infraestructura que el Estado considere necesaria y que mejore la calidad de vida de las comunidades, sobre todo las más alejadas. Arias destaca que esta coordinación entre el Estado y el privado permite, entre otras cosas, mejorar la competitividad. Además -dice-, ayuda en la relación con comunidades, que tuvo su punto más álgido hace dos años, cuando una serie de proyectos mineros sufrieron una tenaz oposición. La fórmula para mejorar el ambiente ha sido cambiar el concepto. Pasar de “mesas de diálogo” a “mesas de desarrollo”, que reúnen al Estado, la comunidad y, en ocasiones, a la empresa. La idea es identificar aspectos donde es necesario invertir por parte de la autoridad para prevenir conflictos. El proyecto Las Bambas -al sur de Perú, en el Departamento de Apurímac- se ejemplifica como caso de éxito en este sentido. La mesa que se formó ahí acordó, por ejemplo, que el Estado adelantara el pago del canon minero para realizar obras de infraestructura en temas de aguas y servicios sanitarios, entre otros aspectos. Este mecanismo -que hasta el momento ha permitido bajar la conflictividad- surgió de un trabajo de la oficina de diálogo del Consejo de Ministros, que monitorea de forma permanente estas situaciones. Así, si todo esto sale bien, Perú seguirá aumentando su inversión minera, que en 2013 llegó a US$ 9.700 millones. |
