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22. 05. 14. Diario Financiero – Una de las sorpresas en la primera cuenta anual del segundo período presidencial de Michelle Bachelet fueron los anuncios relativos a los recursos hídricos. La autoridad expresó que el principal desafío será la gestión sustentable y sostenida de los mismos, teniendo en cuenta que los cambios climáticos experimentados hacen prever que la sequía que ha afectado al país en los últimos tres años podría dejar de ser un fenómeno episódico.
Y en ese escenario de escasez hídrica, que ha derivado en sobreexplotación de las cuencas y mal uso de los derechos de agua, la mandataria anunció la propuesta del gobierno de modificar sustantivamente el Código de Aguas, con el fin de reconocer el agua como un bien nacional de uso público en sus diversos estados.
“Sabemos que esta situación de déficit afecta especialmente al mundo agrícola y es por eso que hemos elaborado un conjunto de medidas para dar respuesta a esta situación”, dijo Bachelet. Para eso, el gobierno también contempla la construcción de embalses en las zonas más afectadas por la sequía, además de una inversión superior a
$ 30.000 millones en bonificaciones, para que los pequeños agricultores inviertan en el mejoramiento de sus suelos, entre otros.
En abril de este año, el tema de la renacionalización del agua fue puesta en la discusión por el senador del PPD Guido Girardi y los independientes Antonio Horvath y Pedro Araya, quienes presentaron un proyecto de reforma constitucional para derogar el numeral 8 del artículo 19 de la Constitución, que permite la privatización del agua. “Esta reforma homologa a Chile con lo que ocurre en toda Latinoamérica, Europa y gran parte del mundo. Privatizar el agua, el principal recurso escaso del futuro, es como privatizar el aire”, dijo Girardi en esa oportunidad.
LyD advierte sobre riesgos
De acuerdo a Libertad y Desarrollo, lo que busca esta iniciativa es derogar normas constitucionales que garantizan la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento del agua otorgados por el Estado a los particulares, lo que supone un cambio legal para establecer prioridades de uso, reservas del recurso por parte del Estado y condiciones de caducidad de los derechos. La entidad ve esto como una señal “alarmante” para algunos de los actores involucrados.
“Lo anterior puede ser una señal alarmante para todos los agricultores, prestadores de servicios básicos como la luz y el agua y desarrolladores de actividades económicas, como la minería, que verían debilitados sus derechos de aprovechamiento de agua”, expresó la entidad.
Cambio considera extinguir derechos que no se usen
Ministro de OOPP, Alberto Undurraga, considera seguir con proyectos que vienen de la administración anterior.
“Vamos a seguir adelante con el cambio constitucional que se envió al parlamento el año 2010, que hoy está en la Cámara de Diputados y que establece que las aguas son un bien nacional de uso público a nivel constitucional y eso requiere un correlato en el Código de Aguas”, dijo ayer el ministro de Obras Púbicas, Alberto Undurraga, en referencia a los anuncios de la presidenta en materia hídrica.
“Otro aspecto que requiere un correlato -señaló- es la protección de glaciares. Chile es de los pocos países en el mundo que teniendo una cantidad tan grande de glaciares, no tiene una ley de protección de éstos”.
– ¿En qué se traducirá este cambio al Código de Aguas?
– Hoy tenemos un sistema de aguas que establece como prioridad los derechos de agua y residualmente el rol del Estado. Acá tiene que ser al revés: primero, determinar los consumos prioritarios y los caudales necesarios para cuidar el consumo humano y medio ambiente y después los derechos para las distintas actividades productivas. En el fondo es cambiar el esquema y dar más atribuciones a la Dirección Nacional de Aguas y distintos organismos para que puedan hacer eso en las cuencas.
– ¿Eso significará que derechos de agua que no se usan por años se van a revocar?
– El proyecto dice que el Estado dentro de las posibilidades que podría tener sería extinguir derechos de agua. Eso está en el parlamento en 2010 y esto tiene que tener un correlato en el Código de Aguas.
– Respecto de la protección de los glaciares, ¿cuál es el plan?
– Nos hemos propuesto enviar un proyecto de ley de protección de glaciares a fines de año. Estamos escuchando a los distintos organismos, nos hemos juntado con Greenpeace, Chile Sustentable y Consejo Minero. Lo estamos haciendo con otros ministerios, entre ellos Medio Ambiente.
– En la práctica ¿actividades productivas que afecten glaciares no van a poder realizarse?
– Cuando enviemos el proyecto vamos a tener resuelta la forma de cómo se vincula la protección con el resto de las actividades.
Infraestructura y concesiones
– ¿Cómo cambiará la Coordinación de Concesiones con la Agencia?
– Cambia mucho. Primero tendrá una institución que tendrá mayor autonomía. Segundo, hay un consejo donde participan otros ministros. Tercero, no se duplican funciones. Cuarto, no tiene esta precariedad institucional de hoy. Y quinto, una de las cosas más importantes al largo plazo, permite tener continuidad de obras públicas, que son obras de Estado.
– ¿No hay un plan de obras para revitalizar la economía?
– Se ha dado un plan importante de conectividad austral, plan Chiloé, que va a revitalizar.
– Pero no hay carreteras urbanas…
– Estamos en proceso de revisión de los distintos contratos para hacer nuevas inversiones.
– ¿En qué va la relicitación AMB?
– Las bases están en Controlaría desde el viernes pasado.
