La agenda legislativa pendiente

Pese a que en 2013 se logró la promulgación de iniciativas como la ley de concesiones y la 20/25, junto con la de interconexión a principios de este año, son diversos los proyectos legislativos que están a la espera de luz verde.

Es así como, consultado por las normativas que debieran ser abordadas con premura, Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G., expresa que “estimamos que las prioridades del nuevo Gobierno debieran lograr un adecuado equilibrio entre los desafíos de corto plazo, relacionadas con las actuales restricciones de oferta que no podrán ser totalmente superadas en lo pronto, y que por tanto deberán enfrentarse con medidas puntuales y pragmáticas, y las transformaciones de fondo que permitan al país destrabar sus problemas de inversión y avanzar hacia una matriz energética diversificada, robusta y competitiva”.

En ese contexto, René Muga, vicepresidente ejecutivo de Generadoras A.G., menciona que “de los proyectos de ley que están en el Congreso, los de carretera eléctrica y aporte a las comunidades (ley Tokman) son los que debieran ser abordados en el corto plazo”. A esto se suma la actualización de la ley 19.657 sobre concesiones geotérmicas, la que deberá adecuarse al nuevo reglamento publicado en 2013.

De entre dichos proyectos, Fernando Abara, socio de Abara & Cía. Abogados, destaca el de “carretera eléctrica, que a mi juicio sería un aporte para el desarrollo de proyectos y se complementa muy bien con la ley de concesiones y servidumbres, que acortó los plazos de tramitación y que ya fue aprobada y promulgada. El proyecto sobre carretera eléctrica, con algunas modificaciones que estimo convenientes, permitirá contar con un trazado sancionado por el Estado para aquellos proyectos de transmisión troncal que licita el CDEC de acuerdo con el plan de expansión anual que se aprueba”.

El profesional considera además que dicho proyecto “facilita la incorporación de las ERNC al sistema de transmisión, al permitir que líneas transversales y longitudinales sean también calificadas como parte del troncal y en consecuencia su pago se rige por las reglas generales vigentes, sin que las ERNC deban pagar el costo total de la línea”.

Esto es complementado por el abogado Sebastián Abogabir, asociado senior de Guerrero Olivos, quien señala que “sobre todo para los proyectos ERNC la utilización de la faja fiscal de los caminos públicos para instalar líneas de transmisión y/o para mejorar las líneas de distribución existentes es vital (negociación con un solo propietario), y también genera una ganancia ambiental (se utilizan sectores ya intervenidos). Es necesario adecuar el instructivo existente para facilitar la aprobación de cruces y paralelismos”.

Fijando redes

También en el plano de la transmisión eléctrica, Daniel Salazar, director ejecutivo del CDEC-SING, señala que “una de las materias importantes para el organismo, en la cual esperamos avances en el corto plazo, es la publicación del Reglamento de Transmisión Adicional, herramienta que permitirá regular el acceso a instalaciones de transmisión de este tipo. Dadas las características del SING, que cuenta con más del 80% de su sistema de transmisión principal (220 kV) en esta categoría, es una materia que reviste relevancia para la conexión de instalaciones y proyectos. Actualmente el texto se encuentra en trámite de toma de razón en la Contraloría General de la República”.

Por su parte, Pedro Matthei, presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas A.G. (Apemec), destaca la relevancia de “propiciar el uso eficiente de franjas viales a través de líneas mixtas de subtransmisión y distribución en un trazado común, respetando las normas existentes. En este contexto, para avanzar en este tema deberán revisarse los aspectos regulatorios (asignación de pago entre distintos segmentos) y técnicos asociados a las condiciones de diseño particulares”, haciendo hincapié además en “la definición de corredores laterales que permitan la conexión de clusters de proyectos ERNC, por ejemplo a través de un análisis que se realice con motivo del estudio de transmisión troncal”.

Visiones gremiales

Junto con las normativas que se orientan a facilitar el desarrollo de infraestructura eléctrica, los actores del mercado destacan la relevancia que poseen las normas que abordan la forma como las empresas interactúan con en el mercado.

En este contexto, Verónica Munita, gerenta de la Asociación Chilena de Energía Solar (Acesol), señala que “si bien el Gobierno de Sebastián Piñera se comprometió en dos oportunidades a enviar un proyecto para extender la Ley 20.365, que entrega una franquicia tributaria a sistemas solares térmicos en viviendas nuevas bajo UF 4.500, no lo hizo, a pesar de que los Ministerios de Energías y Desarrollo Social aconsejaban hacerlo”.

Munita agrega que “durante su campaña, la Presidenta Michelle Bachelet anunció que extendería esta ley, lo cual la industria térmica espera sea con urgencia, dado que se encuentra en una situación de total paralización, tras dos años y medio de gran desarrollo gracias a la franquicia”.

Mientras que Pedro Matthei, presidente de Apemec, señala que “para viabilizar la participación de los pequeños medios de generación distribuida (PMGD) en las licitaciones de suministro de distribuidoras se podrían realizar cambios ya sea legales o mediante la flexibilización de las bases del proceso, apuntando a que no existan barreras a la entrada de proyectos de menor tamaño (por ejemplo, flexibilizando el tamaño y duración de los bloques)”.

Por otra parte, Sebastián Pizarro, presidente de la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Generadores A.G. (GPM), advierte que “el proceso de fijación tarifaria de los sistemas de subtransmisión se ha vuelto excesivamente complejo, dificultando los procesos de determinación de peajes a tal extremo, que su fijación mediante decreto termina siendo retrasada en varios años. En efecto, el Decreto Supremo N°14, que fija las tarifas de subtransmisión del cuadrienio 2011-2014 fue publicado recién en abril de 2013, implicando en algunos casos cambios importantes en las tarifas y reliquidaciones relevantes sobre los retiros a clientes finales efectuados sobre este periodo.

El líder gremial agrega que “la excesiva complejidad del proceso de fijación tarifaria en este segmento afecta directamente los riesgos asociados al desarrollo de nuevos proyectos que se empalman en estos sistemas, y también afectan a la contratación de suministros de energía para los clientes finales. Un decreto no puede tener un atraso de dos años y hay que considerar que adicionalmente el decreto realizó modificaciones relevantes en la forma que se debe calcular y cancelar la subtransmisión, obligándonos a dar explicaciones extensas a nuestros clientes para poder traspasar los costos asociados a los contratos”, concluye Sebastián Pizarro.

Compensaciones

Respecto a las implicancias de un proyecto que defina un mecanismo de compensaciones a las comunidades locales, el abogado Fernando Abara resalta que “existe un acuerdo bastante transversal que una iniciativa como esta podría ser muy atingente para destrabar la ejecución de los proyectos y disminuir la judicialización de los mismos. En cuanto al mecanismo concreto hay varias ideas que se han manejado: desde un porcentaje de la inversión del proyecto energético que sea materializada en obras concretas en la zona hasta un porcentaje de las utilidades que reporte el proyecto, en ambos casos con un crédito contra el impuesto de primera categoría u otro beneficio tributario similar”.

Conclusiones

● Generadoras y abogados destacan beneficios que podría entregar el proyecto de carretera eléctrica, que actualmente se tramita en el Congreso.

● La Apemec destaca la importancia de facilitar la participación de los pequeños medios de generación distribuida (PMGD) en las licitaciones eléctricas.

● Otras temáticas de interés para el sector son el proyecto que define compensaciones para las comunidades y el que agiliza los permisos de obras hidráulicas mayores.

● Pequeños y medianos generadores critican el retraso de los procesos de fijación tarifaria.