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Ecosistemas – División y explosión social, estancamiento del pujante desarrollo turístico y años de promesas vacías, incluso incumplimiento en la entrega de información a potenciales relocalizados, son parte de lo que dirigentes de Villa O´Higgins, Cochrane y Coyhaique denunciaron ante la Ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez y el Subsecretario de la cartera, Rodrigo Benítez el pasado miércoles 27 de noviembre.
En la reunión solicitada por dirigentes del Consejo de la Patagonia y de Aysén, se entregaron contundentes mensajes a las autoridades que están a cargo de revisar las reclamaciones ciudadanas realizadas a la resolución de calificación ambiental de HidroAysén, y de convocar al Comité de Ministros, que podría pronunciarse durante esta administración o en la próxima. La apuesta del sector es que el proyecto “se caiga” definitivamente, pues se ha mantenido en una agonía innecesaria.
En este sentido, Carlos Garrido, integrante de la Agrupación de Defensores del Espíritu de la Patagonia de Cochrane, reiteró lo expresado en la cita con la secretaria de Estado en cuanto a que la tramitación de HidroAysén no ha estado a la altura de lo que se merece la gente de Aysén. “A pesar del centralismo en las determinaciones sobre estos mega proyectos, los ayseninos tenemos el derecho a ser involucrados en una decisión que nos afectaría directamente” agregó.
Asimismo, analizó el contexto en el que se encuentran los ciudadanos de Cochrane y el impacto social que ha generado esta intervención. “Vengo de Cochrane, epicentro del proyecto Hidroaysén, en 20 kilómetros tendríamos una represa, a 50 otra, a 15 km una central de abastecimiento, tendido eléctrico y campamentos con 5 mil trabajadores en un momento peak en una comuna donde habitamos 3 mil personas”.
Los habitantes de Cochrane ya han sufrido costos sociales, culturales y ambientales, hubo todo tipo de abusos por parte de la empresa, apatía e indolencia de autoridades chilenas en distintos periodos, sin embargo hoy hay confianza en que este proyecto no continuará. “Esperamos que el comité de ministros no se reúna al menos en este gobierno, pero de ocurrir así, queremos que sea en una audiencia pública, transparente y con la presencia y participación de los reclamantes, como nosotros y como tantos otros más que no han podido asistir. Son 2 mil kilómetros de distancia, no es fácil trasladarse por eso agradecemos la oportunidad de estar aquí” expresó Garrido.
Asimismo, el dirigente denunció que se realizan reuniones periódicas en los Ñadis -donde vive gente afectada por la represa Baker 2- y donde no se concreta nada. “El estado obligó a la empresa a cumplir con ciertos requerimientos, llegar a una propuesta formal, seria y definitiva con los pobladores que son los directamente afectados, hasta hoy, no hay ofrecimiento y están igual que a fines del 2005, con la misma frase vacía y hueca de hace ocho años, una vergüenza por parte de la empresa”.
“Esperamos que no hipotequen nuestro desarrollo, somos hijos del Estado, queremos que nos consideren, tener una participación activa y protagónica”.
Finalmente, enfatizó el rol del Estado en este debate ciudadano, de la intervención e importancia que debe tener para no validar más este tipo proyectos. “Como chilenos no es lo que merecemos, esperamos que el gobierno aproveche esta oportunidad y no hipoteque nuestro desarrollo, somos hijos del Estado, queremos que nos consideren, tener una participación activa y protagónica”.
Hans Silva, de la Agrupación Río Pascua de Villa O’Higgins, ejemplificó los problemas del proyecto por los impactos que tendría en la economía regional, en del turismo particularmente. “HidroAysén transformaría una ruta escénica como el Camino Longitudinal Austral en un camino de faenas por 12 años, lo cual significaría un deterioro en todo el desarrollo turístico en la zona. Además de los efectos severos sociales que produciría este proyecto, que tampoco están bien abordados en el estudio de impacto ambiental” indicó.
En tanto, para mitigar la intervención de la empresa y educar frente a las consecuencias de este proyecto, en la región refuerzan la participación de la ciudadanía, que ha resentido la llegada de Hidroaysén, con ochos años frente a sus casas, la comunidad ya conoce el proyecto, las resoluciones en torno a él, y las numerosas problemáticas que traería a la zona.
“La carretera austral, que es nuestro principal producto turístico, junto con todos los atractivos de la zona, se vería cercenada por este proyecto. Reconocida por medios internacionales, hoy en un crecimiento sostenido, con compromisos de las autoridades de mejorar la calidad de la carretera, que –con HidroAysén- prontamente se transformaría en un camino de faenas. Nos quieren condenar a 12 años de un proceso de construcción donde los costos los deberían pagar las comunidades directamente afectadas, los pequeños pueblos de 500 habitantes, con la llegada de una masa laboral de 5 mil personas”, sentenció Silva.
“Queremos una carretera escénica, ejemplo de desarrollo, no un camino de faena cercenado por este proyecto”.
“El turismo es una actividad democrática, tenemos grandes complejos hoteleros con grandes flujos desde Europa, pero también tenemos a personas que han creído en las políticas del Estado, de este gobierno y los anteriores para desarrollar el turismo. ¿Cómo vamos a recibir a los turistas, si van a intervenir la carretera con camiones, bueyes, buses transitando, con el puerto Yungay colapsado?
Miriam Chible, directora de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, responsabilizó a HidroAysén de dividir a las comunidades. Existe un “impacto social que la empresa nunca podrá reparar ni compensar. Tenemos una oportunidad histórica en la Patagonia de desarrollarnos de una manera distinta al resto del país” resaltó Chible.
En este sentido, Chible exigió respuestas a la autoridad, “queremos saber en qué estado están las reclamaciones ciudadanas, sabemos que el 95% ya están revisadas, pero no sabemos cuáles son las respuestas a cada una”.
“La situación será muy difícil de subsanar por la división interna que ha generado este proyecto en las personas y comunidades”.
Debido a la incertidumbre, señala que el proyecto ha causado un daño irreparable en la región, la comunidad está dividida. “Si bien tenemos un gran apoyo en contra de las represas, las conciencias de las personas han sido compradas en cierta medida, como suele suceder en proyectos de gran impacto como éste”. La empresa ha utilizado a las personas que están a favor y ha buscado la forma que aparezcan en los medios, lo que ha producido un fuerte daño en las relaciones de éstas con las comunidades, finalizó.
