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19. 11. 13. El Dínamo – En la Nueva Mayoría reconocen que de volver a La Moneda, el tema energético será el primer flanco abierto de la administración de Bachelet, en medio de una creciente judicialización de los proyectos y la alta demanda energética del país.
La posibilidad de transformar a Enap en una empresa nacional de energía fue lo que encendió las alarmas. La alternativa se filtró a fines de septiembre como parte de las propuestas incluidas en un informe sobre energía que la candidata de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, recibió de mano de los expertos energéticos de su comando.
Aunque fue el propio Eduardo Bitrán, coordinador del grupo, quien desestimó, según El Mercurio, que esa propuesta estuviera incluida en el informe, su sola mención causó preocupación en el sector eléctrico. Fue interpretado como un viraje a la izquierda y hacia los movimientos sociales por parte del equipo de la ex mandataria.
Desde entonces la industria energética y ONGs dedicadas al tema de la sustentabilidad han estado atentos a los dichos de Bachelet y pendientes de los nombres que puedan surgir como eventuales cartas para liderar el ministerio de Energía en una posible segunda administración de la ex mandataria. Tanta es la preocupación, que algunas de las eléctricas ya han encargado varios focus group para analizar los perfiles de los cinco nombres que suenan para ocupar el cargo: el propio Eduardo Bitrán, junto a los también ex ministros Marcelo Tokman, Vivianne Blanlot y René Cortázar, y el director ejecutivo de la Asociación Gremial de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo.
Hasta ahora los nombres -de tendencia más bien liberal- tranquilizan a la industria, pero preocupan a los grupos ambientalistas que ven, en su mayoría, con temor que alguno de ellos pueda llegar a ocupar el cargo.
En la Nueva Mayoría reconocen que de volver a La Moneda, el tema energético será el primer flanco abierto de la administración de Bachelet, en medio de una creciente judicialización de los proyectos y la alta demanda energética del país.
Más Estado o menos Estado
Todos los actores coinciden en la urgencia del tema energético, por lo que en un principio generó preocupación que no existiera una comisión en el comando bacheletista dedicada exclusivamente al tema. Sin embargo, ciertos temores fueron despejados tras la presentación del programa. Éste finalmente no hizo mención a la creación de una empresa nacional de energía, pero un dirigente de Enap sostuvo la semana pasada, consignó El Mercurio, que Bachelet le manifestó su voluntad de avanzar hacia ello.
“No es el rol del Estado”, dice René Muga, gerente general de la Asociación de Generadoras, que agrupa a empresas como Colbún, Endesa y AES Gener. “El rol del Estado está claramente definido en nuestra normativa como un regulador, no como un rol activo en el mercado”.
La opinión es compartida por distintos miembros del sector que no ven la creación de una empresa estatal como la solución a las trabas que ha enfrentado la industria. “La empresa privada ha estado en condiciones de hacer proyectos”, asegura Carlos Finat, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables (Acera).
Para el gerente de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Javier Hurtado, en Chile ya se demostró hace muchos años que “para el país es más eficiente y económico tener un sistemaenergético privado”, por lo que “no tiene ningún sentido empezar a crear empresas nacionales de cualquier cosa”.
La Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (Apemec) considera positiva la creación de una empresa estatal, siempre y cuando cumpla una función destrabadora para que exista plena competencia en el mercado. Pero si lo que se busca es que ésta se convierta en un nuevo actor, explica su presidente Pedro Matthei, no están de acuerdo: “Es muy difícil que el Estado puede ser tan eficiente como los privados en la producción de energía”.
En contraparte, los ambientalistas consideran clave la creación de una empresa estatal de energía, que permita que el Estado cumpla un rol fundamental en el sector, principalmente en la defensa del bien común. Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, destaca que todos los países tiene un órgano como ese. Aunque Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram, sostiene que no basta con el título. “El Estado tiene que tener competencias para regular a los privados”, explica.
Para el director ejecutivo de Chile Ambiente, Patricio Rodrigo, esta empresa debe ser capaz de asumir lo que el mercado por riesgos u otras razones no quiere hacer, especialmente en lo que respecta a las fuentes de energía renovable. Destacó que esta propuesta estuvo incluida en algún momento en el comando de Bachelet, pero fue “cercenada” por una visión tendiente a conciliar “posturas más centristas”.
Los pro y los contra
En el sector eléctrico coinciden en que desde el comando de Michelle Bachelet se ha tomado conciencia de la urgencia del tema energético y aseguran que existe voluntad política para enfrentar los desafíos que se requieren. “Nos da tranquilidad el que exista esa conciencia”, asegura Castillo, de Empresas Eléctricas, que reúne a las compañías de transmisión y distribución.
Lo que más rescatan del programa, tanto Finat como Muga, es que se diferencie entre medidas de corto y largo plazo. Esto demuestra, sostienen, que la energía será un tema clave en el próximo gobierno. Para Acera es relevante también la importancia que se le otorga al desarrollo de energía renovables no convencionales (ERNC).
La primera administración de Bachelet fue duramente criticada por los ambientalistas por la aprobación de más de 40 termoeléctricas, y por el apoyo, en un principio, a proyectos emblemáticos como Hidroaysén. Es parte de este sector el que ve con mayor esceptismo las medidas que se adoptarían en un segundo período.
Del programa presentado por Bachelet destacan el ordenamiento territorial: “Se toma nota de que no se puede seguir haciendo cualquier cosa en cualquier lugar”, explica Larraín. Rodrigo asegura que esto puede convertirse en un aporte porque es una “gran oportunidad” de dialogar con las comunidades y hacerlos partícipes de su proceso de desarrollo. “Es un instrumento que necesariamente debe ser complementario a la evaluación ambiental”.
Para Liberona, esto evitará que sean las empresas las que sigan definiendo el “cómo, cuándo y dónde hacen sus proyectos”. Sin embargo, asegura que falta voluntad política para que el Estado asuma un rol más protagónico. Así lo ve también Juan Pablo Orrego, presidente de la ONG Ecosistemas, quien detalla que el problema de fondo es la regulación que proviene desde la dictadura y que mientras ésta no sea modificada por completo no habrá ninguna solución concreta.
En ese sentido, la directora de Terram asegura que los conflictos socio-ambientales continuarían en un eventual gobierno de Bachelet, ya que no están siendo abordados en su fondo. A esto suma el punto negro que podría significar Hidroaysén: “Bachelet va a tener que afrontar si da un apoyo directo o más indirecto al proyecto, o si de frentón lo rechaza”.
