Energía: Chile no puede esperar, por Jorge Rosenblut

Se calcula que el crecimiento esperado de la demanda eléctrica requiere de la instalación de alrededor de 9.000 megawatts (MW) en los próximos 10 años. Esto es, casi el 60% de la actual capacidad instalada. La cartera de proyectos existe y las empresas generadoras sabemos cómo enfrentar el reto ingenieril y financiero para llevarlo a cabo. Si bien hay aprobados más de 20.500 MW, con una inversión estimada, según el SEA, en US$ 41.500 millones, lo cierto es que donde hoy se deberían construir esas centrales no hay ninguna retroexcavadora o betonera trabajando.

Las causas de ello usted las conoce.  Y lo grave es que el debate público sobre el tema se ha alimentado por campañas que han recurrido a la desinformación, los mitos e  incluso a la tergiversación deliberada de la realidad. El calificativo es fuerte, pero ¿cómo no usarlo cuando se dice que los proyectos hidroeléctricos en la región de Aysén inundarían la Patagonia? ¿Cómo no usarlo cuando la realidad es que la Patagonia representa un territorio equivalente al existente entre Quillota y el sur de Chiloé, y cuando la superficie que inundaría un proyecto como HidroAysén es inferior a la del embalse Rapel? ¿Cómo no hacerlo cuando esta última exageración equivale a decir que la laguna de la Quinta Normal inunda toda la Provincia de Santiago?

Hay quienes dicen que las empresas generadoras no tenemos la voluntad real de materializar nuestros proyectos. Parecen olvidar los grandes esfuerzos hechos por compañías como la nuestra, Endesa Chile, por traer gas natural licuado (GNL) al país o por sacar adelante proyectos como HidroAysén o Punta Alcalde. La realidad es que no nos están dejando materializar los proyectos, ni a las generadoras existentes ni a los nuevos entrantes.

Cuando el país está ad portas de definir quiénes serán nuestros próximos gobernantes(as) y legisladores(as), es urgente tomar hoy las decisiones que nos permitan contar mañana con una matriz que aproveche a plenitud los atributos de nuestras fuentes energéticas: competitivas, abundantes, limpias y locales, como es el caso de la hidroelectricidad convencional y no convencional. Y sin olvidar recursos fundamentales para el sistema, como el GNL, las ERNC y el carbón. Chile no puede prescindir de ninguna fuente que cumpla con la institucionalidad vigente.

Lo cierto es que en todo el tiempo en que no hemos podido concretar proyectos como HidroAysén o Río Cuervo (ambos aprobados por la autoridad ambiental), hemos estado botando al mar el equivalente energético a US$ 1.800 millones al año. En la media década de atrasos, ello representa casi US$ 10.000 millones. Me pregunto, ¿cuánto más botaremos? Mientras tanto, dependemos del GNL y del petróleo internacional, y hemos despilfarrado la energía limpia de la región de Aysén.

Nuestros vecinos en la región -amigos, sí, pero competidores-, en cambio, han comprendido perfectamente este imperativo. Así, los países con mayor potencial hidroeléctrico, como Brasil y Colombia, hoy  cubren más del 60% de sus necesidades con energía hidroeléctrica y a futuro planean aumentar en 50% esta capacidad de generación. Perú y Argentina también presentan importantes avances en esta materia. Triste es que a pesar de tener igual potencial, Chile haya decidido quedarse atrás y que no tenga hoy ningún proyecto hidroeléctrico de envergadura en condiciones reales de ponerse en marcha. En años venideros, esto significará un claro handicap para la competitividad de nuestras empresas y de nuestras exportaciones.

Tenemos una gran responsabilidad por delante. El problema es de magnitud y requiere de soluciones urgentes. Sin duda, se necesitarán cambios legislativos que permitan, por ejemplo, que las comunidades reciban los beneficios de acoger los emplazamientos de las nuevas centrales. Para ello, es necesario avanzar en una hoja de ruta energética de Estado, independiente de la contingencia política y de los gobiernos, cuya elaboración cuente con la participación de todos los actores involucrados, autoridades, empresas generadoras, ONG, asociaciones gremiales, y el Poder Judicial y Legislativo. El bienestar de Chile requiere que demos ahora este paso.

En el futuro, espero se haga público el costo extra que los ciudadanos y el país tendrán que absorber por creer en las tergiversaciones, y aceptar estos errores y paralización. La cifra no hará más que mostrarnos la irresponsabilidad de las actuales decisiones o silencios que no supimos enfrentar oportunamente.

Este problema, junto con educación y otras prioridades sociales, es hoy una de las principales amenazas para que Chile se incorpore de pleno a los países desarrollados. Tenemos en Chile los talentos, medios técnicos, recursos y la voluntad de llevar a cabo los proyectos. La opinión de la calle debe ser escuchada. ¿Y la suya?