CiperChile.cl 09.07.13. Este miércoles 10 se revisarán en la Cámara de Diputados las indicaciones a la iniciativa que facilita la otorgación de concesiones eléctricas. De ser aprobado, este nuevo marco legal resultará clave para tornar viable el proyecto HidroAysén. En esta columna, el autor aborda en detalle el impacto que tendría la puesta en marcha de esta central en la matriz energética del país, en comparación con otras alternativas de generación. También analiza las normas y tratados que podrían verse vulnerados de concretarse este proyecto.
Este artículo examina varios aspectos en torno al proyecto HidroAysén. Primero, su impacto en la matriz energética y en otras áreas. Segundo, la crisis energética y las opciones disponibles. Tercero, aspectos de su proceso de evaluación y aprobación, y relaciones públicas. Por último, presenta algunas consideraciones finales.
Es claro que el impacto de HidroAysén sería significativo. Económicamente, crearía trabajo en la región, mayoritariamente durante su fase de construcción, y proveería 2.750 MW al crecientemente demandante Sistema Interconectado Central (SIC). En el corto plazo el potencial turístico de la zona probablemente también mejoraría. Según el Financial Times de Londres, principal diario financiero del mundo, “operadores turísticos esperan que la aprobación de HidroAysén traiga un aumento al número de viajeros a la pristina Región de Aysén vehementes por ‘verla antes de que desaparezca’”[1].
En términos ecológicos y paisajísticos, levantaría 3.800 torres de hasta 80 metros de altura por unos 1.900 km de terrenos con actividad sísmica y volcánica, pasando por al menos seis reservas y parques nacionales y ocho sectores indígenas, e inundaría parte del Parque Nacional Laguna San Rafael, reserva de biodiversidad de las Naciones Unidas. Legalmente, socavaría el Convenio 169 de protección indígena, la Convención de Washington y el tratado de cuencas comunes Chile-Argentina, que respectivamente exigen consultas a los pueblos originarios, prohíben la transgresión de áreas protegidas y exigen consenso entre los países vecinos antes del proceso nacional de evaluación de proyectos. En cuanto a competencia, fortalecería la participación de los dos socios de HidroAysén -Endesa (51%) y Colbún (49%)-, en un mercado en el que cuatro quintos de la capacidad está en manos de cuatro conglomerados.
No existen proyectos sin impactos y es necesario satisfacer la creciente demanda energética del país. La distribución sectorial de la demanda es la siguiente: la minería consume 33% de toda la energía eléctrica; los sectores residenciales, comerciales y agrícolas en su conjunto, consumen 31%; el industrial 24% y el resto 12%. La potencia total instalada es de cerca de 18.300 MW y la demanda máxima nacional ronda 10.000 MW[2]. En otras palabras, el sistema tiene hoy una sobrecapacidad aproximada de más de 80%. En el largo y corto plazo la situación es la siguiente.
En el largo plazo, la Comisión Nacional de Energía (CNE) estima que en 2025 la demanda máxima nacional va a rondar en torno a 20.800 MW (p. 26). No obstante, expertos internacionales muestran que la metodología de la CNE adolece de problemas clave y estiman un crecimiento a largo plazo de, como máximo, 4.5% anual (pp. 6-9), o sea un aumento a alrededor de 17.000 MW en 2025. La OCDE, a través de la Agencia Internacional de Energia, coincide. La evolución reciente de la demanda le da la razón a los expertos internacionales. Entre 2000 y 2010 la demanda en el SIC y SING creció a un promedio de 4.1% anual[3]. Sin embargo, en un estudio comprehensivo, el profesor de Ingeniería de la Universidad de Chile Roberto Román, y el especialista Stephen Hall, determinaron que incluso en el escenario de la CNE, tomando en cuenta sólo las más mínimas medidas de eficiencia energética costo-efectivas, y proyectos de energías renovables no convencionales “que ya están bajo estudio o en fase de implementación, no se hace necesario ni el 50% de las plantas térmicas proyectadas ni HidroAysén”.
En el corto plazo, si no llueve lo suficiente, hay un riesgo de escasez de energía en el SIC con el que a las autoridades competentes les corresponde lidiar con la urgencia necesaria. Sin embargo, la primera central de HidroAysén, Baker 1 (660 MW), entraría en operación, en el escenario más expedito, “más allá de 2023”. En suma, no hay crisis de generación en el largo plazo y, en el corto plazo, HidroAysén no puede ser parte de la solución.
Tenemos un problema de una matriz sucia (…) y la verdad [es] que no está siendo ni sustentable ni barata ni segura. Por lo tanto, hay que hacer un giro a la estrategia de desarrollo de la matriz energética.
Daniel Fernández, vicepresidente ejecutivo de HidroAysén, 6 de junio de 2011.
El precio de la energía en Chile ha aumentado pronunciadamente en los últimos años y es uno de los más altos de América Latina y el mundo. Una de las causas de este aumento es la dependencia de la matriz en combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo, que además de ser comparativamente caros, son altamente contaminantes. Otra es la inadecuada regulación del mercado eléctrico, donde, de acuerdo a Central Energía, el 80% de la capacidad está en manos de Endesa,Colbún, AES Gener y Suez Energy Andino, y cuya estructura interna se ha mostrado incapaz de controlar aumentos en el precio a consumidores finales. (Los precios se determinan centralmente por el Centro de Despacho Económico de Carga, financiado por las mismas empresas que venden la energía).
En 2011, la empresa de asesoría energética Bloomberg New Energy Finance hizo un estudio comparativo de los “costos nivelados de la energía”[4] de varias fuentes de energía en Chile. El estudio establece que, hoy, algunas fuentes de energía renovable no convencionales (ERNC) ya tienen costos nivelados comparados muy bajos y estima que van a seguir disminuyendo. De acuerdo al informe, las centrales hidroeléctricas pequeñas, geotérmicas y de biomasa, entre otras, todas tienen hoy costos nivelados, incluyendo transmisión, inferiores a HidroAysén[5]. Además, se espera que en 2020 los costos de las ERNCs sean significativamente menores, y aún más bajos en 2030. En contraste, las mega represas se consideran una tecnología madura y no se esperan disminuciones sustanciales en sus costos.
Si no usamos los recursos hídricos de Aysén, nos vamos a llenar de termoeléctricas. Por lo tanto, la sociedad tendrá que decidir, pero no podemos oponernos a usar esos recursos, estamos hablando de la energía más limpia del país.
Pablo Longueira, 22 de mayo de 2013.
Si bien en Chile el debate público refleja confusión sobre la excepcionalmente aventajada posición en la que el país se encuentra para implementar estas tecnologías, otros tienen más claridad al respecto. A mediados de abril de este año, la Secretaria Adjunta de Comercio de Estados Unidos visitó Chile expresamente para facilitar el acceso a inversionistas de su país en esta área: “La verdad es que nosotros vemos a Chile como la próxima potencia de energías renovables. Hay muchas oportunidades en el ámbito de la energía solar, geotérmica, eólica e hidroeléctrica.” Según el Diario Financiero, la OCDE coincide, refiriéndose en su último informe al “excelente potencial de recursos” de Chile.
El potencial desarrollable hoy de ERNCs que ya son competitivas, como la pequeña hidroelectricidad y geotermia, se estima en más de 10.000 MW[6], casi cuatro veces la capacidad de HidroAysén, suficiente para satisfacer el aumento de la demanda por una o dos décadas, hasta que se materialicen las proyecciones de maduración y costos de las demás ERNC, incluyendo la solar, cuyo potencial es prácticamente ilimitado.
El desierto de Atacama es uno de los lugares con mayor radiación solar y menor biodiversidad en el mundo, y está, a diferencia de HidroAysén, dentro del rango tanto del SING como del SIC, y en una zona de actividad industrial asentada.
El potencial de energía solar del desierto es enorme. Un estudio[7] del Global Energy Network Institute, sugiere que unos 67 km² son suficientes para cubrir la capacidad instalada total de Chile hoy (18.300 MW). Con 670 km², alrededor de 0.5% del desierto, se podría obtener una potencia de cerca de 183 GW, más de ocho veces la demanda nacional total proyectada por la CNE para 2025. Con 15% de su superficie se podría alcanzar una capacidad de unos 5.5 TW, poco más que la capacidad total mundial instalada.
En un estudio reciente, la Agencia Internacional de Energía Renovable estima el costo nivelado de energía de proyectos de concentración solar en Atacama -que por su cercanía a proyectos mineros y a ambas principales redes eléctricas tendrían bajos costos de transmisión- entre 120 y 200 USD/MWh[8], cerca del precio de la energía en el SIC (alrededor de 120 USD/MWh) y bajo el precio a consumidores residenciales[9]. El mismo estudio prevé que entre su publicación y 2020 los costos de capital podrían disminuir entre 28% y 40%[10]. El costo nivelado de la energía de HidroAysén incluyendo transmisión es poco más de 100 USD/MWh[11]. En otras palabras, se estima que en el mediano plazo, la rentabilidad de proyectos de concentración solar, sin considerar subsidios, probablemente iguale y quizás sobrepase la de HidroAysén.
En otras palabras, afortunadamente la decisión que enfrenta el país no es entre más centrales termoeléctricas y mega represas en la Patagonia, sino entre ERNC de bajo impacto y costos bajos y decrecientes, y mega represas en la Patagonia.
HidroAysén está aprobado. Lo único que falta es despejar las reclamaciones y lo que corresponde es que se resuelvan, independiente que haya costos políticos o la gente se movilice.
Pablo Longueira, 22 de mayo de 2013
Lo dicho hasta ahora se aplica a toda mega represa en la Patagonia, pero HidroAysén específicamente ha estado involucrado en una serie de escándalos e irregularidades profundas y bien documentadas, pero poco discutidas. En abril de 2012 la Cámara de Diputados aprobó un informe de 417 páginas de su Comisión de Derechos Humanos,descartado inmediatamente por la empresa[12], que documenta en detalle, entre muchos otros hechos, “graves conflictos de interés en autoridades participantes en el proceso [de aprobación del proyecto]” y la “modificación o alteración de informes técnicos y pronunciamientos sectoriales a favor de HidroAysén”, en tantas ramas del Estado que hacen difícil concebir una explicación que no involucre una política sistemática y deliberada de intervención indebida de la empresa. Los organismos afectados incluyen, entre otros, la Conaf, el SAG, las seremis de Vivienda, Salud, Planificación, Obras Públicas, Medio Ambiente y Minería, el Consejo de Monumentos Nacionales, la Dirección General de Aguas, la Intendencia Regional, y miembros de la Corema. El informe concluye, entre otras cosas, que
Casi un año después de que el informe fuera aprobado por mayoría en el Congreso, Oscar Catalán, alcalde de Aysén, “criticó duramente a los directivos del polémico proyecto energético HidroAysénporque ‘durante la campaña municipal nos querían dar tres millones de pesos’”[13], lo que a su juicio es “una miseria” y “una falta de respeto”, sugiriendo que las prácticas de la empresa no han cambiado demasiado y están dando los resultados buscados.
En vista de la oposición de la población, HidroAysén ha invertido en alarmar y confundir a la opinión pública. No obstante, meses después de su campaña televisiva, la oposición nacional al proyecto se registraba en 74%. La Tercera informaba que “no hay patrones de edad, estrato socioeconómico, ubicación geográfica (Santiago o regiones) o posición política en las que el proyecto sea aprobado por los encuestados.” Una encuesta publicada en abril de este año confirma que se mantiene una firme oposición al proyecto.
En el ámbito publicitario la empresa ha sido lenta en rectificar su imperfecto apego a la verdad. En 2011, en presencia de Daniel Fernández, vicepresidente ejecutivo del proyecto, se observó queHidroAysén sobrestimaba la superficie necesaria para proyectos solares por un factor de entre seis y 10. Poco más de dos años después, al momento de publicación de este artículo, su página web no ha sido corregida.
¿Quiere el país desarrollar el potencial hidroeléctrico de Aysén? Lo más importante que estamos diciendo es que falta que se debata la estrategia nacional de energía que propuso el gobierno y que se alcance un consenso amplio en torno a una política energética de Estado. (…) Esa discusión debe ocurrir en el Poder Ejecutivo y Legislativo, y darse de cara al país .
Bernardo Larraín Matte, Presidente de Colbún, junio de 2012
Aysén y las demás regiones postergadas necesitan desarrollarse. El Estado puede promover ese desarrollo sin transformar irreversiblemente gran parte de la Patagonia, portada del reciente especial de National Geographic “Los lugares más bellos del mundo”. No cabe duda que HidroAysén, que de acuerdo al Financial Times “transformaría una prístina región calificada por conocedores y ecoturistas versados como una de las últimas tierras verdaderamente intocadas de America Latina”[14], no es necesario para satisfacer la creciente demanda energética del país. No obstante, la fuerza de un proyecto de más de ocho mil millones de dólares no es insignificante. Puede que su avance sea permitido, pero no sin pasar por encima de tratados internacionales, de leyes para el resguardo de áreas protegidas, de la clara voluntad de la ciudadanía y de la más elemental deferencia por la legalidad de los actos administrativos y la probidad de organismos del Estado.
Pase lo que pase en este caso, cuyo resultado depende de nosotros, este proyecto no es el único y nuevos casos seguirán brotando hasta que no se defina democráticamente un plano regulador nacional que establezca clara y firmemente dónde y en qué términos se pueden y no se pueden proponer proyectos energéticos, industriales y extractivos. El proyecto de ley de concesiones eléctricas impulsado por el gobierno, respaldado por un acuerdo UDI-DC, y actualmente en tercer trámite en el Congreso es, a grandes rasgos, un intento altamente conveniente para Endesa y Colbún de hacer la gestión de proyectos eléctricos más expedita mediante la legalización de atropellos al patrimonio nacional, tanto natural (reduciendo protección a parques y reservas naturales) como legal (reduciendo los derechos de propietarios de terrenos y otros afectados). Su aprobación en esos términos facilitaría enormemente la materialización de HidroAysén. Su votación final es inminente. Su discusión y probable votación está en tabla en la Cámara de Diputados para este miércoles 10 de julio.
Una ley como esa, de fuerza bruta, hecha a espaldas de la población, negándose a reconocer abiertamente que su principal rol es permitir la explotación de la Patagonia con grandes proyectos hidroeléctricos, entre los que HidroAysén es sólo el primero[15], no puede sino intensificar los conflictos entre autoridades, inversionistas y la ciudadanía, parte de la cual podría incluso sentirse en la obligación de recurrir a medidas ilegales de obstaculización si las vías legales se agotaran y la legitimidad del marco legal resultara suficientemente deficiente.
Mientras no se establezca democráticamente un plano regulador nacional con límites, compensaciones y un sistema de consultas adecuados; no se levante una regulación ambiental creíble y no se desarrolle un marco energético nacional de largo plazo que trate con la debida seriedad las ERNCs, la eficiencia costo-efectiva y la regulación del mercado oligopólico; inversionistas, vecinos y el patrimonio nacional seguirán sometidos a la insistente precariedad de un sistema gravemente negligente, frágil y corrompido.
Notas:
[1] Original: ‘Tour operators are hoping that a supreme court ruling in favour of the construction of a vast hydroelectric project in the pristine Aysen region will prompt a surge of visitors eager to “see it before it’s gone”. ‘
[2] Pagina 8.
[3]Páginas 8 y 9.
[4] El costo nivelado de la energía de un proyecto se calcula con varias variables pero a grandes rasgos es el costo total de proponer, construir, operar, mantener y desmantelar un proyecto, dividido por la cantidad total de energía generada durante su vida útil. Este análisis excluye externalidades como contaminación ambiental.
[5] Pagina 9.
[6] Tabla 1.
[7]Página 20 del informe, 23 del archivo.
[8] Key Findings, Tabla 1, Torres Solares. Ajustada para Atacama con datos de Figura 6.1, p. 31.
[9] Pagina 10.
[10] Key Findings, punto 5.
[11] Página 9.
[12] La empresa descarta el informe sobre la base de un fallo dividido de la Corte Suprema (3-2) que se materializó antes de que la Cámara hiciera público su informe.
[14]Original: “The Pascua is one of two rivers in southern Chile threatened by a vast hydroelectric project that would transform a pristine region rated by in-the-know outdoors enthusiasts and ecotourists as one of South America’s last true wildernesses.”
[15] “Se requiere un acuerdo político que promueva una línea de transmisión para todos los proyectosy en esa medida va a ser viable HidroAysén.” Daniel Fernández, Vicepresidente ejecutivo de HidroAysén, 24 de junio de 2013. Si la línea se construye, los incentivos de la empresa para instalar más grandes proyectos en Aysén serían significativos porque mientras más proyectos comparten el alto costo del a línea de transmisión, más bajan sus costos y aumenta su rentabilidad. Por esa razón es altamente probable que si se construye la línea, una proliferación de proyectos le sigan.
Autor:
Norbert Bilbeny Yachán es estudiante de filosofía y matemáticas (MA in Philosophy and Mathematics) de la Universidad de Edimburgo.