Noticias
La Tercera 23.07.13 Carta de Sara Larraín, Directora ejecutiva del Programa Chile Sustentable.
Señor director:
El senador Eduardo Frei, en una columna reciente, expresó su molestia por el rechazo de la Cámara a artículos del proyecto de ley que acelera la entrega de concesiones eléctricas, y llamó a aprobar dicha norma a la brevedad, esgrimiendo tres afirmaciones preocupantes: que las decisiones sobre la matriz eléctrica son sólo técnicas; que las definiciones políticas restan certeza al desarrollo eléctrico (criticando, de paso, el pronunciamiento de los candidatos) y que el Congreso debe aprobar con celeridad esta ley para dar certeza a las eléctricas.
Preocupa que un senador y ex presidente llame a restringir la deliberación parlamentaria, más aún sobre asuntos esenciales para equilibrar los intereses de las eléctricas y los derechos ciudadanos y de otros sectores económicos. En esta ley está en juego la limitación de derechos vigentes de todos los chilenos para entregar nuevos privilegios a las eléctricas, algo que, afortunadamente, los diputados no están dispuestos a ignorar.
Frei, algunos senadores y el gobierno aceptan la consulta indígena, pero sólo previo a la construcción de las torres de transmisión, aunque el Convenio 169 mandata consultar el acto administrativo del Estado (es decir, el otorgamiento de la concesión). Pretenden eliminar la exigencia de trazados alternativos cuando las concesiones intenten cruzar áreas protegidas. Proponen restringir el derecho de los afectados a solicitar las medidas precautorias que establece el Código Civil si la empresa deposita en el tribunal un monto de dinero como caución. Por último, permiten a la concesionaria solicitar la fuerza pública para tomar posesión material de los predios, aun existiendo acciones legales pendientes, violando la igualdad ante la ley entre el propietario afectado y la empresa eléctrica.
Las certezas pro empresas eléctricas que Frei pide no son aceptables, pues se construyen en desmedro de los derechos de otros sectores de la sociedad. Como político y ex presidente sabe que determinar certezas jurídicas es un acto esencialmente político, que tiene consecuencias en el ejercicio de derechos colectivos que conforman nuestro estado de derecho. Por ello, en la tramitación de esta ley, que pretende dar ventaja a los inversionistas eléctricos, los chilenos también demandamos certezas.
