La Tercera 17.07.13 Señor director:
Quienes impulsan el proyecto de agilización -a todo evento- de la entrega de concesiones eléctricas están cometiendo un grave error. De ser validado por el Congreso, se aumentará la judicialización de los proyectos energéticos, lo que generará mayor oposición por parte de las comunidades afectadas.
Esto, porque incumple el Convenio 169 de la OIT sobre consulta indígena, vulnera los derechos de pequeños propietarios y pone en riesgo la integridad de nuestras áreas silvestres protegidas.
¿Alguien creerá que por magia legislativa terminará el rechazo a iniciativas que pasan por sobre territorios y derechos (que la ciudadanía considera esenciales), o que ante leyes injustas, como la mencionada, será aceptada su ejecución sin más? Por cierto que no.
De aprobarse el proyecto, el gran empresariado eléctrico (particularmente HidroAysén) y los think tanks del modelo neoliberal serán los responsables de la movilización en rechazo de la injusticia.
Lo correcto, en este caso, debió ser legislar basándose en el ordenamiento territorial, manejo integrado de cuencas, consultas previas y redistribución de beneficios (y no un pago por vulnerar derechos).
Pensando en el porvenir, y haciéndose cargo de lo señalado por el BID, que reveló que al 2050 el potencial de ERNC, técnica y económicamente, es factible de utilizar en América Latina, siendo 22 veces mayor a la demanda que actualmente tenemos como región, me pregunto: ¿Por qué no comenzar ahora a construir ese destino? ¿Es necesario destruir nuestro patrimonio cultural, ambiental y social en el camino? ¿Es indispensable tensionar y dividir nuestra sociedad, cultivando imprevisibles nuevos conflictos?
Tomás de Aquino dijo hace ya muchos años: “La ley injusta no es ley sino violencia”. Y tal es la violencia silenciosa que algunos quieren concretar.
Patricio Segura Ortiz
Periodista