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Todos sabemos que esta planta de AES Gener se autorizó viciadamente por la Corema de la V Región, por cuanto el 67% del terreno en donde se emplaza es área verde, tanto en el Plan Comunal de Puchuncaví como en el Plan Intercomunal de Valparaíso, y por ello la Contraloría y la Corte Suprema de Justicia, acogiendo las fundadas denuncias de grupos ambientalistas locales, dejaron sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental de ese cuerpo colegiado, cuyos miembros conocían la situación referida al uso del suelo.
Es decir, esos funcionarios públicos actuaron conscientemente mal para favorecer los intereses de esa empresa de energía. No sabemos si hubo instrucción superior, pero sí la vislumbramos.
Como las obras ya se habían iniciado, contemplándose una inversión del orden de los 500 millones de dólares, aportándose al sistema interconectado central 270 MW, la empresa empezó a moverse para solucionar esta "traba burocrática" que impedía el logro del negocio y así fue como el 31 de diciembre de 2009 se publicó en el Diario Oficial un Decreto Supremo del Minvu que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).
Como las normas de la OGUC prevalecen sobre planes reguladores, tanto intercomunales como comunales, observamos que el Minvu facilitó la reanudación de faenas, para lo cual la empresa tiene que obtener un nuevo permiso ambiental acorde a la regulación urbanística recientemente modificada.
AES Gener está haciendo todas las gestiones necesarias para que la institucionalidad ambiental le autorice el proyecto, teniéndose en cuenta que las Comisiones Regionales del Medio Ambiente cambian sus miembros a partir del 11 de marzo próximo, con la instalación del nuevo gobierno.
Algunos bien intencionados han propuesto que se convoque a un plebiscito, a partir del 17 de marzo próximo, tal como lo ordena la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, para que los electores de la comuna de Puchuncaví decidan sobre la proscripción de la aplicación del cambio en la OGUC, con lo cual, si votan más del 50% de los inscritos en los registros electorales y el resultado es el esperado, la municipalidad debería modificar su PRC con los trámites de rigor: aprobación del Seremi de Vivienda y Urbanismo, toma de razón por parte de la Contraloría General y publicación en el Diario Oficial.
De esta manera, piensan los promotores del plebiscito, Campiche no podría reiniciarse hasta que otro plebiscito diga lo contrario. Pero no está claro quién convocaría a la votación popular. Quienes pueden hacerlo son el alcalde, los 2/3 del Concejo Municipal y el 10% de los ciudadanos que firmen ante notario, trámite que deberá certificar el Servicio Electoral.
Pero como los tiempos están corriendo velozmente y AES Gener sabe cómo obtener rápido la calificación ambiental favorable de la Corema V Región, la cual ahora sería legal, si no se modifica a tiempo el PRC de Puchuncaví, es obvio que el municipio debería utilizar la figura de la "enmienda" a ese instrumento de planificación territorial, trámite sencillo y expedito contemplado en la OGUC para definir aspectos elementales, como es la prohibición de que un predio con dos usos de suelo se asimile en su totalidad al uso del que tiene menor porcentaje.
Lo interesante de este procedimiento es que sólo lo aprueba el concejo municipal y va directamente a la publicación en el Diario Oficial, con lo cual se sanciona legalmente su aplicación, trámite que podría durar algunos días si existiese voluntad por parte de las autoridades locales para que se restituya el fallo de la Corte Suprema.
Tampoco podemos perder de vista que hay unas cuantas edificaciones de la termoeléctrica que carecen de permisos de edificación y sabemos que el alcalde ha emitido un decreto para sus demoliciones, lo que a la fecha no ha sucedido. Pero lo que está claro es que si la Corema Regional, en las próximas semanas, aprueba el proyecto, estaremos ante un nuevo hecho consumado, práctica habitual en nuestro país.
Por el contrario, si la municipalidad inicia pronto la enmienda, se podría evitar la consecución de ese proyecto que acarrearía mayor contaminación a la gente que vive en sus inmediaciones. Y tiempo después, para evitar que otras autoridades locales cambien de opinión, se debería efectuar el plebiscito para asegurar que el área verde en cuestión continuará como tal, sin emplearse la formulita del Diario Oficial del 31/12/09.
La enseñanza que nos deja este episodio es que nunca más los poderosos actores privados deben actuar como dueños de fundo y los agentes públicos tienen que atreverse a cumplir sus roles. //LND
*Fundación "Defendamos la Ciudad"
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