Por Pamela Zúñiga

Tras la petición del Presidente Piñera a GDF Suez de no realizar su proyecto termoeléctrico Barrancones en la IV Región —que contaba con aprobación ambiental, pero ubicada a sólo 21 kilómetros de la reserva de Punta de Choros—, explotó el debate sobre cómo resguardar las reservas naturales.

Piñera solicitó a la ministra Bienes Nacionales elaborar un completo mapa geográfico con las zonas protegidas ambientalmente y aquellas donde podría haber algún tipo de conflicto por temáticas ambientales o de borde costero.

"En la primera reunión que tuvimos con el Presidente, nos solicitó este trabajo, ya que el ministerio administra 30% del territorio, dentro del cual hay reservas naturales, parques nacionales o monumentos. Ahora se nos pidió mirar el país en forma integrada, definiendo las vocaciones de uso de suelo", explica Catalina Parot.

El martes entregó a Piñera el plano solicitado con variables como protección ambiental, sitios prioritarios para las regiones y potenciales conflictos por terrenos indígenas.

—¿Este trabajo no se había realizado en gobiernos anteriores?

—No. Cuando se discutió la nueva institucionalidad medioambiental se planteó hacer un análisis de las vocaciones del territorio y una zonificación, pero hay debate. Hay partidarios de hacer esto, otros se oponen a una mirada integral y planificada legalmente, prefieren algo indicativo.

—¿Quéáreas son las más complejas en el mapa que entregaron al Presidente?

—Primero definimos las áreas protegidas, terrestres y marinas. En segundo lugar, analizamos sitios prioritarios que las regiones deciden proteger por su biodiversidad, pero que no tienen carácter de parque o reserva.

Y tercero, vimos los instrumentos de planificación que usan las regiones, donde definen zonas de interés turístico y borde costero. A eso sumamos, las zonas de propiedad e interés indígena. Cruzamos todas estas variables en el mapa físico de Chile y las fuimos destacando con colores. Con rojo marcamos donde pueden generarse conflictos. Por ejemplo, puede haber un parque nacional, donde haya propiedad indígena, un área de interés indígena y ser de desarrollo turístico.

—Distinguieron 20 zonas costeras con algún grado de protección. ¿Cuántas más son?

—El primer mapa resultó del cruce de las primeras variables, pero obviamente al ir sumando otras, aparecieron nuevos puntos. Se lo entregamos al Presidente, haciendo un análisis región por región, usando una "semaforización" para distinguir los potenciales conflictos.

Ahora, el 13 de septiembre conformaremos un Comité de Ministros –Medio Ambiente, Economía, Minería, Energía, Agricultura, Obras Públicas, todos los que tienen que ver con el territorio- para llevar adelante este proceso de planificación.

A la par, vamos a iniciar un trabajo técnico con asesoría de las Universidades de Chile y Católica. Habrá dos vías, una técnica y la otra con lineamientos políticos. Será un trabajo acotado, con informes cada 15 días, porque queremos que se produzca un documento que pueda servir para legislar en la materia, tomar de decisiones de los empresarios o definir determinadas políticas.

—¿Quieren lograr una nueva reglamentación para la instalación de industrias como Barrancones?

—El Presidente nos solicitó esto, porque se dio cuenta que existe un vacío legal: si una empresa quiere ingresar hoy a estudio ambiental una termoeléctrica en Isla de Pascua, puede hacerlo. Eso no significa que vaya a aprobarse, pero tampoco hay una ley que prohiba la instalación cercana a zonas protegidas.

—¿Cuáles serán las principales tareas del comité?

—Ojalá que mediante este proceso podamos definir los santuarios de la naturaleza, y protegerlos para las generaciones futuras. O bien mirar las zonas densamente pobladas que son más frágiles y establecer ahí una distancia mínima para la instalación de industrias contaminantes.

Semáforo de conflictos: Alerta en Arica y Parinacota

—¿Dónde detectaron los mayores conflictos en el mapa entregado a Piñera?

—Cambia mucho por región. Una de las regiones con mayor conflicto en el uso del territorio es la XV de Arica y Parinacota. Una gran parte de su territorio está compuesto por el parque nacional Lauca, que a la vez se superpone a propiedad indígena y a un área de desarrollo indígena (ADI).

En su borde costero, hay una franja de terreno fiscal destinada a las fuerzas armadas. El tamaño de la XV Región versus las áreas protegidas, la proporción es muy grande. Hay una situación que obviamente afecta a la región, porque limita el desarrollo de actividades futuras.

—¿Pasa algo parecido en el borde costero de la IV Región, donde se detonó el conflicto en Punta de Choros, considerando que hay otros proyectos termoeléctricos?

—Revisamos especialmente esa región. A pesar de que Punta de Choros es una zona que tiene una alta valoración por parte de la ciudadanía y la opinión pública, la playa no está protegida, sólo tres islas lo están. Cerca de esa zona tampoco hay una reserva especialmente importante, pero como está la corriente de Humboldt, se genera una situación más compleja hacia las islas si se instalan industrias en la costa cercana. Es un análisis mucho más técnico y no está analizado en nuestra primera variable.

—También analizaron los territorios indígenas. Pensando en el convenio 169 y los proyectos que se plantean en la zona sur, ¿quéáreas presentan más conflictos?

—Hay regiones con muy pocos puntos rojos y amarillos. El tema indígena está presente muy fuerte en la IX y XV región, porque hay muchas zonas de propiedad indígena consolidada y áreas de desarrollo indígena. En el caso de la zona de Aysén y Magallanes vemos otro fenómeno: están fuertemente cruzadas por los parques nacionales.

"No quiero que quede la sensación de que esto será obligatorio"

—¿Qué sigue ahora?, ¿nuevos mapas o centrarse en los conflictos?

—Ya definimos las áreas de conflicto, el comité de ministros ahora tiene que definir criterios para analizar la información. Gran parte de los territorios fiscales tienen potencial para el desarrollo de energías renovables como la eólica, fotovoltaica en el desierto y mareomotriz.

Hay mucho material, se han hecho muchas investigaciones en las universidades que nos ayudarán mucho. Este tema ha despertado un inmenso interés.

—¿También fijarán dónde podrían instalarse termoeléctricas?

—Sí, pero no quiero que quede la sensación de que esto será obligatorio. Es más bien un trabajo indicativo: ver zonas donde se pueden hacer buenos puertos, si está la posibilidad para que recalen, si tienen zonas urbanas cerca, si hay áreas protegidas alrededor. Ver dónde se pueden hacer zonas de desarrollo para industrias pesadas, sin prejuicio de que deben cumplir con la normativa ambiental.

Hay muchas zonas donde se autorizan barrios industriales. En Mejillones, por ejemplo, hay cerca de 7.000 hectáreas fiscales, y si se definiera esta zona para el desarrollo industrial, nosotros podríamos ponerla a disposición.

—¿Eso apunta a relocalizar la frustrada central de Suez, ofrecerle un buen lugar para instalarse?

—No, no he recibido ninguna instrucción presidencial para relocalizar esa central. Lo que estamos haciendo tiene una visión más general, el Presidente definirá con el Ministerio de Medio Ambiente si se transformará en ley. Nuestro trabajo como Bienes Nacionales es definir con el consejo de ministro las variables y objetivos a identificar en el territorio, luego se analizará con el comité técnico y con las organizaciones ambientales.

Si una empresa quiere ingresar hoy a estudio ambiental una termoeléctrica en Isla de Pascua, puede hacerlo. Eso no significa que vaya a aprobarse, pero tampoco hay una ley que prohiba la instalación cercana a zonas protegidas".


Recuadro :

"Nos toca cuidar la patria natura"

—Este encargo presidencial, repotenció su ministerio en un habitual segundo plano.

—El Presidente nos ha dado una tarea de enorme envergadura, estratégica para el desarrollo futuro del país y la gente está trabajando muy motivada. Los primeros lineamientos y objetivos de trabajo serán definidos en el consejo de ministros y luego se trabajarán con los equipos de regiones, los seremis. Un trabajo de esta envergadura tiene que contar con una mirada de las autoridades regionales.

—¿No se dañó la autoridad de los Seremis con Barrancones? Incluso renunció el de Atacama .

—El tema Barrancones fue muy excepcional. El Presidente actuó porque tenía que hacerlo, desactivando un conflicto que no era bueno para el país. Ahora debemos fortalecer las instituciones y la legislación, para evitar que el desarrollo de las empresas de energía que son indispensables para el país, entre en conflicto con otro interés que es fundamental, para las generaciones actuales y futuras. Bienes nacionales es el ministerio del territorio, y nos toca cuidar la patria natura.