El espectáculo de nuestra clase política en relación al caso de la central termoeléctrica de Barrancones difícilmente ha podido ser más triste. Por un lado el Gobierno, el que a comienzos de semana se esmeró en ordenar a todos sus funcionarios de confianza de la Corema de Coquimbo para que votaran a favor del fatídico proyecto, sacrificando zonas de gran valor ecológico. No importó pasar por encima de informes técnicos de los servicios públicos que se pronunciaban fundadamente por el rechazo, como el de la Autoridad Marítima. La mano de La Moneda en la votación resultó inocultable dada la unanimidad alcanzada, sólo entre sus funcionarios dependientes, frente al rechazo, también unánime, de los cuatro consejeros regionales que integraban la Corema. Pero el Gobierno no sospechaba lo que se le vendría encima.

Se desató el vendaval ciudadano. La gente no aceptó que se mintiera tan abiertamente respecto de las promesas de campaña. Especialmente la juventud, copó las calles de las principales ciudades del país en forma pacífica, masiva y espontánea. El Gobierno opta en un primer momento por reprimir y los guanacos, los gases lacrimógenos y las detenciones tratan de contener la avalancha. Paralelamente, se envía a la Ministra de Medio Ambiente a pasearse por los canales de TV para tratar, muy lastimosamente, de justificar lo injustificable.

Sin embargo, al entender que el huracán no amainaba, se actuó con sentido de realidad y pragmatismo y ahorrándose un largo y desgastante conflicto, el Presidente negoció con la empresa proponente, en los hechos, el retiro del proyecto. Podría haber logrado el mismo resultado, guardando un poco más las apariencias, instruyendo al Director Ejecutivo de Conama para que acogiera las reclamaciones ciudadanas que se plantearían, o finalmente denegando la concesión marítima necesaria, para lo cual existían muy buenos fundamentos técnicos. Pero todo eso requería tiempo y haría pagar mucho costo político. No quería que este conflicto se extendiese y le opacara su buen momento por el caso mineros. Cortó por lo sano, sin mucha anestesia ni formalismo.

Si lo hubiese dejado hasta ahí, el Gobierno habría salido más o menos bien del paso. Pero sin mucha conciencia de la sobriedad requerida para ejercer la Presidencia de la República, el Jefe de Estado quiso transformar la derrota en victoria y sobreactuándose, efectuó una parafernálica visita a Punta de Choros. Una lancha embanderada transportaba al Presidente, la Ministra de Medio Ambiente, el Intendente y uno de los Gobernadores. Los mismos que habían operado días antes para viabilizar la destrucción de la zona, pero que ahora recuperaban súbitamente todo su amor por la Pacha Mama. No hubo buceo solamente porque el mar, seguramente molesto con el espectáculo, se puso bravo. Sólo faltó que las ahora ecológicas autoridades dieran besos a la tierra salvada, en señal de profunda comunión con la biósfera.

Donde sin embargo el Presidente termina de menospreciar a la opinión pública, es al declarar que no volverá a intervenir en estas materias sobre proyectos específicos. ¿Alguien puede creer que el Presidente, cualquiera que este sea, se abstendrá en el futuro de tomar el teléfono, directamente o por interpósita autoridad, y "orientar" a sus funcionarios, absolutos subordinados como son seremis e intendentes, para que aprueben o rechacen los proyectos según le interese?

Bueno, pero por el lado de la oposición, la reacción no ha sido mucho más presentable. Parlamentarios concertados rasgaron sus senatoriales vestiduras, condenando el "quebrantamiento de la institucionalidad". Cual damisela pudorosa, el senador Lagos Weber declaró su estupor. El senador, claro, no recordó que su papá, también bajo una fuerte campaña nacional e internacional, optó en el año 2003 por pedirle a Noranda, empresa impulsora del proyecto "Alumysa" en Aysén, en plena evaluación ambiental, que también lo "relocalizara". La "nueva forma de gobernar", en realidad, no está inventando nada nuevo.

Pero la violencia política sobre la institucionalidad ambiental en época concertada fue ejercida más frecuentemente para lograr la aprobación de proyectos contra la opinión técnica de los servicios públicos y para castigar a seremis díscolos, que votaban en contra de emprendimientos bien apadrinados en el poder central. Al mismo progenitor del hoy espantado Lagos Weber, por ejemplo, no le temblaba la mano para destituir al Seremi de Bienes Nacionales de Valparaíso, que en el 2003 votaba en contra de un horno cementero que quería quemar petcoke en Calera. Y podríamos seguir contabilizando víctimas de la violencia concertada al interior de la institucionalidad ambiental, entre las cuales estuvieron incluso dos directoras ejecutivas de Conama… pero vamos a lo medular.

Lo que ha dejado en evidencia este caso, es la crisis total de la institucionalidad ambiental chilena. Nadie da un peso por ella. En un programa de debate televisivo, ligeramente un periodista afirmaba que estos eran los estertores de una institucionalidad que afortunadamente va quedando en el pasado. Nos reconfortaba diciendo que por ventura, luego entrará en vigencia una gran reforma a la Ley de Bases del Medio Ambiente, la que solucionará estos problemas. En la misma línea apareció en las pantallas de este diario un artículo de uno de los operadores de dicha reforma. Pero en realidad, la reforma a la ley impulsada por Bachelet lo que hace es agudizar el centralismo de la institucionalidad y por tanto, la posibilidad de que esta sea manipulada autoritariamente desde Santiago, tal como lo ha sido en la última década y media y tal como ocurrió caricaturescamente en el caso Barrancones. En efecto, del nuevo Servicio de Evaluación Ambiental, que reemplazará a las Coremas, fueron extirpados los consejeros regionales, los únicos representantes de la ciudadanía regional. Los políticos que decidirán los necesarios aspectos discrecionales que se generan en las evaluaciones ambientales serán, de ahora en adelante, todos funcionarios de confianza del Presidente de la República. Es decir, funcionarios susceptibles de ser "orientados", como lo fueron las marionetas que aprobaron la termoeléctrica que arrasaría con Punta de Choros.

El problema entonces sigue siendo el viejo problema del poder. La cuestión es quién decide si se hacen o no se hacen los proyectos que impactarán el territorio de nuestras regiones. Sostengo que para avanzar en la sustentabilidad de nuestras formas de vida y producción, es fundamental que los decisores no sigan siendo funcionarios menores "telefoneables" como sucede hoy y como será más crudamente cuando entre en vigencia la reforma centralizadora de Bachelet. Pienso que, sobre la base de los mínimos establecidos en normativas nacionales, deben ser representantes de la ciudadanía regional, esa que va a sentir más cercanamente los efectos de los proyectos, los que decidan, de cara a esa ciudadanía, sobre los inevitables aspectos discrecionales que se presentan en la valoración de los impactos ambientales de una gran actividad. Esos representantes hoy existen: son los consejeros regionales, miembros del órgano normativo, resolutivo y fiscalizador de los Gobiernos Regionales. Esos mismos consejeros que en el breve plazo, si el Congreso se decide a despertar el respectivo proyecto de ley, deberían ser elegidos directamente por la ciudadanía. El desafío para Chile, en materia de sustentabilidad como en otros muchos ámbitos, es entonces mayor participación ciudadana, mayor poder a las regiones, en definitiva, más democracia.