La senadora Soledad Alvear, junto a los diputados DC Matías Walker y Patricio Vallespín, solicitaron este lunes a la Contraloría General de la República que indague un eventual conflicto de interés de autoridades medioambientales del Gobierno en el proyecto de la termoeléctrica Cruz Grande.

"Cuatro altos funcionarios de gobierno, incluyendo la ministra de Medio Ambiente, realizaron el Estudio de Impacto Ambiental de la termoeléctrica Cruz Grande que se emplazaría en la localidad de Punta de Choros, el mismo lugar en que se pretendía instalar la termoeléctrica Barrancones y que el Presidente de la República desestimó la semana pasada, por tratarse de reservas naturales", afirmó la legisladora del PDC.

Según explicó Alvear, la ministra de Medio Ambiente, el director Nacional de la Conama, el jefe de recursos naturales de la Conama y uno de los miembros del consejo consultivo de la Conama, "todos concluyeron que era viable la construcción de esta termoeléctrica en Punta de Choros".

En tanto el diputado Walker afirmó que es importante que todas las autoridades públicas al momento de asumir sus cargos, sobre todo en el ámbito gubernamental "donde la tónica es que son autoridades del mundo privado, declaren cualquier conflicto de interés que pudieran tener en el ejercicio de sus cargos, porque esto ya sucedió con la subsecretaria de Obras Públicas que tenía un vínculo con las concesionarias".

Asimismo la senadora exigió una investigación respecto al cambio de opinión que tuvo "en un par de horas" la Gobernación Marítima de la zona, respecto a la termoeléctrica Barrancones.

"Hay un hecho gravísimo que debe ser explicado. Cómo es posible que la Gobernación marítima el 19 de agosto señale que está disconforme con el proyecto y cuatro días en un nuevo informe solicitado por la Corema el 23 de agosto, resuelva ese mismo día en un par de horas, que está de acuerdo sin explicar por qué", advirtió la parlamentaria del PDC.