La introducción de genes de un ser vivo en algunos alimentos, sigue generando adherentes y detractores. En Chile, en tanto, continúa su trámite en el Congreso la ley que busca proteger la autoría de las empresas que trabajen con vegetales genéticamente modificados, y que podría votarse esta semana

¿Se imagina que al comer una sabrosa ensalada de tomate, puede estar ingiriendo una pequeña parte de un pescado, o al comer un exquisito choclo usted se está volviendo resistente a los plaguicidas? Suele pasar inadvertido, pero lo anterior se ha vuelto posible, gracias al creciente desarrollo de la ingeniería genética, que ha volcado su técnica a la producción alimentaria.

¿Cómo puede esto ser posible?, se preguntará usted. La respuesta es simple: la manipulación genética de los alimentos ha permitido que muchos de éstos, principalmente semillas y granos, sean enriquecidos o modificados para que adquieran algunas propiedades que ni siquiera la naturaleza "ha sido capaz" de entregarles. Son los llamados productos transgénicos, aquellos alterados genéticamente, por ejemplo, para hacerlos más resistentes a determinadas condiciones climáticas; para que resistan la llegada de plagas, o para dotarlos de algunas características nuevas.

Son muchos los que se oponen a su existencia. De ello dan cuenta las innumerables campañas realizadas por organizaciones sin fines de lucro como Greenpeace u otras ONGs, que se oponen a la manipulación de este tipo de alimentos. Sin embargo, su existencia parece haberse consolidado en gran parte del mundo y Chile parece no ser la excepción, ya que miles de hectáreas tienen en sus siembras aquellas semillas alteradas genéticamente.

Este tipo de cultivo surge en Estados Unidos en la década de los noventa, principalmente con cultivos de tomates, soja, algodón, canola, raps, entre otros productos, multiplicándose rápidamente las hectáreas sembradas a nivel mundial, siendo liderada su comercialización por las transnacionales Monsanto, Dow Dupont, Sygenta y Bayer, entre otras.

GESTIONES EN LA CÁMARA. En Chile, en tanto, nuestra legislación sólo permite la producción de semilla transgénica de exportación, cuyo cultivo principal es el maíz, la canola, la soja, y en menor medida el arroz, remolacha y tomates, calculándose en unas 20 mil las hectáreas destinadas a este tipo de cultivo transgénico.

Así lo explica el médico veterinario de la Universidad de Chile y consultor en gestión ambiental, Alfonso Casanova, quien manifiesta su preocupación por el paso que se puede dar esta semana en nuestro país, con la aprobación del proyecto de ley de Derechos de Obtenedores Vegetales, que protege la autoría de las empresas transnacionales que fabriquen vegetales genéticamente modificados (VGM), y que se encuentra actualmente en la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta.

"Este proyecto es la privatización de una de las principales fuentes de alimentación, como es la semilla", dice Alfonso Casanova, quien busca generar conciencia e informar acerca de los alcances de esta iniciativa. "Aún no sabemos a ciencia cierta qué daños se pueden producir por el consumo de productos transgénicos, sin embargo, al ingerir genes extraños que pueden combinarse, existe la posibilidad de que éstos produzcan trastornos en nuestro organismo", argumenta Casanova.

Según este médico, experto en gestión ambiental y quien ha trabajado más de 20 años en temas relacionados con la biodiversidad, la aprobación de este proyecto "es un serio riesgo para la salud y el medio ambiente, atenta contra la biodiversidad, las semillas nativas, además de generar una dependencia económica al estar controladas sólo por algunas empresas", por lo que llama a la comunidad a exigir que se transparente toda la información disponible respecto a los cultivos transgénicos.

Justo cuando muchas organizaciones ambientalistas celebran la no construcción de una central termoeléctrica en Barrancones, a 25 kilómetros del Santuario de la Naturaleza en Punta de Choros, acá en la Cuarta Región, surge esta nueva causa ambiental respecto a esta normativa legal que se busca implementar en Chile, en un tema que seguirá siendo una bandera de lucha de ambientalistas y defensores de la biodiversidad.