Por 23 votos a favor, 6 en contra y una abstención fue aprobado ayer por el Senado el informe de la comisión mixta del Congreso, que modifica la Ley de Pesca y Acuicultura.

De esta forma, la iniciativa considerada clave para el futuro de la industria del salmón, quedó lista para ser promulgada en el Diario Oficial. El martes la iniciativa había sido visada por los integrantes de la comisión mixta creada para resolver las discrepancias que habían surgido en torno a esta materia de ley.

Uno de los puntos que generó mayor polémica durante la discusión de la iniciativa y que formará parte del nuevo marco legal es que se establece un plazo de 25 años renovables para las concesiones acuícolas. Esto, aunque también se definen tres normas de caducidad de éstas por incumplimientos sanitarios, ambientales y laborales.

Así, no se renovará la concesión a aquellas empresas que posean tres sentencias ejecutoriadas entre ciclos productivos consecutivos.

Además, el derecho de uso y goce de la concesión acuícola podrá ser objeto de hipoteca, lo que no entrega título de propiedad alguna sobre el territorio marítimo.

Finalmente, la nueva legislación plantea que se incrementará el cobro de patente a las producciones de salmón de 2 UTM/ha a 10UTM/ha.

Los otros cambios

Entre los aspectos ambientales se establece que las labores de siembra, cosecha, descansos (períodos sin actividad) y cuestiones logísticas, deberán realizarse en forma coordinada, con el fin de evitar la propagación y contagio de enfermedades.

Asimismo, se fijan las densidades máximas de la cosecha, o número de peces máximo en una jaula, como también la regulación y control del uso de antibióticos, químicos y vacunas.

En materia de usos de territorios, la nueva ley aclara que no se podrán solicitar concesiones de acuicultura en lagos ni ríos no navegables, y que se deberán respetar en las regiones de Los Lagos y Aysén las áreas aptas para acuicultura.

Además, se suspende la entrega de nuevas concesiones en la región de Magallanes, mientras no finalice la zonificación.

En cuanto a fiscalización e infracciones, la norma indica que se controlarán las plantas de alimentos para la acuicultura, como también se sube el monto de las multas para incumplimientos sanitarios y ambientales, las que irán de 2000 UTM a 3000 UTM.

De acuerdo al presidente de la comisión de intereses marítimos, pesca y acuicultura del Senado, Antonio Horvath (RN), esta ley "permite garantizar las consideraciones ambientales, sanitarias y de bienestar animal además de la armonización de los otros sectores que ocupan el borde costero chileno para la revitalización de la acuicultura".

El parlamentario admitió que es factible que a las empresas del sector no les guste el punto alusivo a la caducidad de las concesiones por prácticas antisindicales.

Pero, agregó que la razón no porque quieran incurrir en ellas, sino que porque se trata de materias que entienden "debiera regular el Código del Trabajo y no leyes específicas".

Tras la aprobación del proyecto, el saliente ministro de Economía, Hugo Lavados, señaó que la ley "es una buena noticia que implicará la reactivación de una industria clave para el desarrollo de las regiones australes de Chile, que generan miles de puestos de trabajo".