Señor director:

En la última reunión internacional sobre Cambio Climático de Copenhague, Chile se comprometió a disminuir las emisiones de CO2 en un 20%. El primer paso para esto es aprobar el permiso ambiental de la Termoeléctrica Campiche. Una vez más, pese a ser declarada zona saturada desde 1992, a que existe un decreto oficial de la alcaldía de Puchuncaví que prohíbe el emplazamiento de la planta por ser riesgosa para la salud, a las diversas acciones judiciales falladas a favor de los ciudadanos por parte de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, y a la espera de los oficios de la Contraloría en los próximos días, el gobierno apoya dar curso oficial a la resolución de calificación ambiental del proyecto, sin importar la calidad de vida de los chilenos y sin respetar a la gente que vive en Quintero y Puchuncaví.

¿Qué argumentos necesita el gobierno para que se demuestre lo poco sustentable que significa seguir contaminando la bahía de Quintero y Puchuncaví? ¿Quién asume la responsabilidad: el gobierno saliente o el entrante?

Entre 2005 y 2008, diversas Comisiones Regionales de Medioambiente (Coremas) aprobaron la construcción de 10 nuevas centrales termoeléctricas. La reciente política energética lanzada por el gobierno reconoce que el aumento de estas instalaciones puede implicar la multiplicación de las emisiones anuales del país, desde las actuales 70 millones de toneladas, hasta cerca de 300 millones al 2030. Si se consideran las proyecciones, al año 2030 Chile emitiría 17,6 toneladas de CO2 por habitante (hoy es de 3,6). Es claro quién esta apoyando al sector carbonero.


Rodrigo Herrera Director Ejecutivo Greenpeace