Los problemas de inseguridad jurídica que -a su juicio- provocaría la reforma constitucional en materia de aguas que tramita el gobierno y que considera dar a este recurso el reconocimiento como bien nacional de uso público, cualquiera sea su estado (líquido, sólido o gaseoso), llevaron al instituto a Libertad y Desarrollo a plantear una agenda alternativa para esta materia.

"Involucra un cambio legal futuro que puede afectar los derechos constituidos. Esto afectará negativa-mente a los pequeños y medianos agricultores, al sector sanitario, energético, minero e industrial del país", reza el estudio elaborado por la experta de la entidad María de la Luz Domper.

En este sentido, la profesional -que integrará el equipo de asesores del futuro ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine,- plantea que esta fórmula "permite la intervención por parte de la autoridad administrativa en la gestión de un recurso que es fundamental para la vida humana: el agua. Con ello afectará el rol de los privados sin asegurar que se incentive un uso y aprovechamiento más eficiente y sustentable del recurso".

Agrega que el verdadero objetivo de la propuesta actual es "devolver a la administración pública antiguas potestades, como la posibilidad de extinguir y caducar derechos ya otorgados y regular la eventual pérdida de ellos".

"Verdadera agenda"

En este punto Domper plantea lo que considera "la verdadera agenda" en materia hídrica, la cual está desarrollada a lo largo de once puntos.

A juicio de LyD, el trabajo debería apuntar a mejorar la información disponible respecto a las transacciones de derechos de aprovechamiento de agua, lo que está relacionado con un segundo punto que dice relación con facilitar el funcionamiento del mercado de derechos de agua.

Estos dos aspectos consideran entregar en línea y estandarizar datos respecto de tenedores de derechos que los Conservadores de Bienes Raíces entregan hoy una vez al año. Además, diagnosticar, en mejor forma, los recursos disponibles y agilizar trámites como la entrega, traslado y remate de los mismos.

A lo anterior se suma una mejora en la fiscalización de extracciones ilegales, en términos de recursos económicos y humanos.

En paralelo, Domper propone concesionar la distribución y el transporte del agua, así como embalses menores; solucionar los problemas de gestión y constitución de asociaciones de canalistas, y crear nuevos mecanismos de mercado para resolver los conflictos entre agricultores y eléctricas.

Finaliza con la idea de que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia resuelva eventuales problemas de concentración de derechos de agua.

Recuadro :

84,6% de los derechos de aprovechamiento no consuntivo es de riego.