Señor director:

Con mucha preocupación vemos que, en medio de la contingencia política y del cambio de mando esté pasando completamente desapercibido la manera en que diferentes instancias del gobierno están facilitando a las empresas la instalación de proyectos que no cumplen con un proceso transparente ni con preservar un medioambiente sustentable.

Me refiero, por ejemplo, al Decreto 654 del Ministerio de Agricultura, que autoriza la tala de monumentos nacionales tales como el alerce, araucarias y bellotos del norte, entre otros, así como la reciente promulgación del cambio de uso de suelo realizado por el Ministerio de Vivienda para favorecer a la central Campiche, en contra de un fallo de la Corte Suprema.

En esta misma línea, cómo no mencionar el proyecto HidroAysén, que con los dos Informes Consolidados de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (Icsara), que contienen más de 4.300 recomendaciones por no cumplir las normativas, debió haber sido rechazado. Al respecto, lo que se debiera haber hecho es haber postulado un nuevo proyecto con la nueva institucionalidad medioambiental, es decir, con el Ministerio de Medioambiente y con la Superintendencia del Medioambiente.

No me cabe duda de que muchos esperamos que, en el caso del Decreto 654, éste sea derogado antes del término de este gobierno de manera que sean las nuevas autoridades las que tomen cartas en el asunto. En caso contrario, estaremos echando por tierra todo lo que se ha logrado en estos años en materia de conservación de estas especies.