Señor director:

La reciente dictación del decreto del Ministerio de Obras Públicas que limita la entrega de derechos de agua en los ríos Palena, Cisnes y Murta en la Región de Aysén -y que se suma a la protección de otras cuencas del país- confirma lo que las comunidades locales y organizaciones ambientales de Chile vienen expresando hace mucho tiempo: los ríos no pueden ser vistos sólo como mercancías y kilowatts/hora; éstos son la base de la supervivencia de los ecosistemas, además de fuente de desarrollo local económico y cultural.

Esta resolución abre una oportunidad para una discusión ética sobre el concepto de derecho privado de agua por uso -y nunca por no uso- vigente en Chile. Noción que, además de seguir una línea propietarista respecto de ciertos bienes comunes, insiste en la idea equivocadamente antropocéntrica que plasmó el sacerdote Felipe Berríos, al señalar que dejar que las aguas de los ríos fluyan libremente hacia el mar -proceso en el cual nutren de vida los territorios, fiordos y océanos- sería, en la práctica, "un recurso vital que estamos perdiendo".

Que el gobierno de la Presidenta Bachelet haya tomado esta decisión, gracias al trabajo técnico de la Dirección General de Aguas liderada por Rodrigo Weisner y que esperamos sea respetada por la administración de Sebastián Piñera, da luces sobre el giro que debe dar el país en la protección de su biodiversidad. Así dejaríamos de una vez por todas la anacrónica concepción de que la conservación ambiental atenta contra el desarrollo.