Esto en medio, de diversos proyectos que están en carpeta ante la necesidad de un abastecimiento de energía en un largo plazo, entre ellos, Hidroaysén y varias termoeléctricas.

Además, de la permanente pregunta ante las iniciativas en manos de privados que significan la cuestionada utilización desmedida de recursos naturales, ocupación de terrenos pertenecientes a comunidades y la responsabilidad ambiental.

El llamado de las organizaciones se dio en el lanzamiento del libro "Voces del sur" publicado por CODEFF-Amigos de la tierra y que contiene ocho artículos de dirigentes de organizaciones latinoamericanas que analizan el cambio climático y proponen drásticas medidas para enfrentarlo.

En la cita, el mismo Ejecutivo en nuestro país reconoce que la política ambiental efectiva negocia en un nivel más bajo con otros ministerios. La titular de medio ambiente, Ana Lya Uriarte, detalla aquellos objetivos que en la práctica aún son sólo promesas.

"La mayor garantía respecto de la protección de nuestro ecosistema en general, calidad de vida, en los títulos muchas veces no son significativos, lo importante es reconocer el estado actual y eso es muy deficitario todavía y queremos pensar en un ministerio y en una Superintendencia de Medioambiente para recuperar aquello que está en la base de la desconfianza, qué es cuál es la capacidad del Estado para enfrentar a una transnacional, a la hora de imponer sanciones", enfatizó la ministra.

Según los dirigentes, es posible concretar proyectos energéticos sustentables dejando atrás las ideas sobre energía nuclear y las mismas hidroeléctricas.

Más aún ante el tipo de proyectos y sus consecuencias porque, Patricio Rodrigo del Consejo de Defensa de la Patagonia, alertó que cuando al momento de conversar autoridad y privado éste último comienza a concentrar los servicios en pocas manos.

"Consideramos que los proyectos deben evaluarse desde el punto de vista de su mérito ambiental, donde claramente Hidroaysén no cumple ninguno de los requisitos y tal como ha dicho la ministra el proyecto no está a la altura de las circunstancias, además se debe tener una mirada de país. Qué implica si estos monopolios se llegan a consolidar en el país, qué significa y qué amenazas tiene para la democracia para que se pueda ejercer de manera plural, transparente y que no se levante este poder para presionar a los servicios, al Parlamento, financiando campañas como se denunció", explicó el ambientalista.

En este sentido, la dirigente Patricia Ramírez de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile, ANAMURI, agregó que en esta posición país es importante incluir la voz de la ciudadanía.

"Le planteamos a la ministra cuál será la opinión país en la próxima conferencia de Copenhague y cómo nosotros seremos parte de esa opinión país, porque ya vivimos la experiencia cuando se quiso sacar el principio precautorio, también ante la comisión de los agro tóxicos y en Sudáfrica se cambió la opinión país y es importante sustentar lo que se garantiza", dijo la dirigente.

Para los ambientalistas, dirigentes sociales y la misma autoridad estamos hace bastante tiempo en medio de conflictos ambientales que debemos enfrentar con una política a largo plazo pero que sea consciente de dejar el problema transversal que deja mayores afectados en las decisiones y en la práctica: la inequidad.