Este 12 de febrero los diarios de circulación nacional informan sobre el rechazo de la Corte Suprema en relación al recurso de protección interpuesto por el abogado del Consejo de la Patagonia (CDO), Marcelo Castillo, respecto a la determinación que hiciera la Corte de Apelaciones de Coyhaique, la que consideró "que la COREMA de la región actuó dentro del ámbito de sus atribuciones de sus facultades". Ello, al considerar como admisible el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa Hidroaysén a las autoridades regionales.

El recurso de protección presentado por Castillo se sustentaba en que para la evaluación del proyecto de construcción de las centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua de la XI Región, debía considerarse el tratado de medio ambiente firmado entre Chile y Argentina en el año 1991, que exige la existencia de planes generales de utilización de aguas ante proyectos que pueden afectar las cuencas fronterizas.

Al respecto, el abogado reconoce que existe un rechazo de parte de la Corte Suprema respecto al caso, sin embargo, enfatizó en que "solamente es la confirmación de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones el pasado 11 de diciembre de 2008", agregando que en ningún caso "La Corte emite juicios sobre las bondades de este proyecto ni tampoco esto significa que el estudio de impacto ambiental esté aprobado".

Cabe destacar que el estudio de impacto ambiental, presentado en noviembre del año pasado por Hidroaysén, presentó más de 3.000 objeciones de parte del Gobierno y de la ciudadanía, solicitando la empresa un plazo de 9 meses para responder a estas observaciones.

Castillo indicó que, tras este rechazo de la Suprema, no se quedarán de brazos cruzados y recurrirán a dos instancias internacionales legales: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, para denunciar "la violación del derecho de igualdad ante la ley y protección eficaz de la justicia", y ante la Comisión de Cooperación Ambiental Chile- Canadá "para evidenciar una pauta persistente de incumplimientos de legislación ambiental", sostuvo.

Junto a ello, criticó la política comunicacional que está desarrollando la empresa Hidroaysén, al entregar –a su juicio- a la ciudadanía una lectura errada de este fallo, catalogándolo como un fraude comunicacional.