Hace algún tiempo el Directorio de la Fundación PUMALIN reaccionó con sorpresa al tomar conocimiento que, en un período inferior a un año, un particular solicitó un total de 141 concesiones de exploración minera en las Xª y XIª regiones, la mayor parte de las cuáles atraviesan el Santuario de la Naturaleza PUMALIN. La acción se ha vinculado –razonablemente, aunque no con total certeza— a las empresas HidroAysén y TRANSELEC, pues el centenar de concesiones se extiende en una hilera en sentido norte/sur que coincide con el trazado lógico de las líneas de transmisión que unirían las represas de Hidroaysén en la Patagonia con la ciudad de Santiago.

En términos generales, las empresas justifican el mal uso de normas del Código Minero argumentando que los derechos que entregan las concesiones mineras les permiten evitar ser "víctimas de especuladores" que incrementen los costos de sus proyectos. Por este medio se limitaría, por ejemplo, la posibilidad de que un tercero distinto a la empresa pretendiera hacerse de un derecho en un área clave para el desarrollo de un proyecto eléctrico para más tarde cobrar grandes sumas de dinero a cambio de su venta o renuncia. El desvío del uso de la norma, tendría así un fin justificado y constituiría una herramienta para la protección de inversiones de la empresa. Al respecto, vale la pena compartir algunas reflexiones.

Es cierto que, rechazamos la iniciativa pues afecta al Santuario de la Naturaleza PUMALIN, uno de los parques naturales con acceso público mejor conservados en el país, en el que se han invertido cuantiosos recursos económicos y que pretende preservarse como un aporte real a ésta y las siguientes generaciones de chilenos. PUMALIN fue declarado Santuario por el Estado de Chile por sus excepcionales atributos naturales y, en parte, su protección descansa en el propio Estado a través del Consejo de Monumentos Nacionales, organismo al que hemos hecho un llamado de preocupación. El Santuario de la Naturaleza es una de las muchas propiedades potencialmente perjudicadas con las "medidas de protección de inversiones" adoptadas por las empresas del rubro. Pero el asunto no se agota aquí, ni con la Fundación PUMALIN.

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) también debiera estar preocupada pues, las concesiones de exploración minera afectan al Parque Nacional Corcovado y presumiblemente a una decena más de áreas protegidas del Estado hacia el norte, que --de realizarse estos proyectos-- deberán ser atravesadas. CONAF cautela un patrimonio natural excepcional que pertenece a todos los chilenos y se espera de ella una reacción de condena que impida que intereses sectoriales se sobrepongan al interés general por conservar estos fabulosos espacios.

También la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, debiera poner atención a lo que aquí sucede, pues pareciera que algunas empresas buscan obtener el beneficio que la ley da a las inversiones mineras, sin desarrollarlas y sin cumplir con los trámites que para ello establece la ley eléctrica. En efecto, como es bien sabido por las empresas del rubro, las concesiones mineras pueden ser solicitadas por cualquiera y otorgan una serie de derechos sobre los terrenos superficiales que limitan fuertemente la voluntad de sus dueños, sean particulares o el propio Estado.

Por último, los particulares dueños de predios potencialmente afectados por el trazado entre las regiones de Aysén y Metropolitana, también deben estar alerta. Esto pues, es un hecho que -- de realizarse el proyecto a que nos referimos— están desde ya rezagados varios pasos, siguiendo desde lejos a empresas que por estos medios obtienen ventajas y se granjean espacios privilegiados de negociación a la hora de convenir indemnizaciones y hacer valer sus "derechos mineros" por sobre los de propiedad de los afectados. Cabe preguntarse, entonces, quien especula frente a quien.

Como es posible observar estas iniciativas no sólo dañan al Santuario de la Naturaleza PUMALIN: dañan los objetivos de conservación del país y su imagen; afectan potencialmente el patrimonio de cientos de propietarios, incluyendo al Fisco; deterioran la fe pública y ponen – una vez más! – la balanza a favor de grandes empresas y en contra de la ciudadanía.

Felipe Meneses Sotelo
Abogado Fundación PUMALIN

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