El acceso a la información y la transparencia son dos cosas poco comunes en estos tiempos, pero queda cada vez más en evidencia que son indispensables si queremos vivir en un país democrático. Por esto, resulta de especial trascendencia el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto del acceso a la información. Esta resolución constituye una constatación de la realidad: en Chile la información pública no está disponible para quien la solicite; es decir, en los hechos, no es pública.

El fallo marca un hito y pone de manifiesto aquello que muchos enfrentamos cuando recurrimos a una institución del Estado para solicitar información: chocamos con una pared infranqueable y la información no se nos proporciona, aún después de atravesar diversas tramitaciones.

Es más, la mayoría de las veces, nos encontramos con funcionarios de segundo o tercer orden que se sitúan como dueños de un cierto poder e incluso nos miran con desdén. Desde una posición de "autoridad" se sienten con el derecho a dilatar la tramitación y muchas veces, negar la información que se solicita. Parece que estos señores no se han enterado que son servidores públicos y que si están donde están gracias es porque millones de contribuyentes pagamos nuestros impuestos. Estos funcionarios han mal entendido su rol como "autoridad" y creen que tienen el derecho a decidir qué información se entrega a los ciudadanos y cual no; evidentemente, sin ningún criterio compartido con otros funcionarios del mismo u otro servicio y menos aún un criterio común desde el gobierno de turno o una política de Estado al respecto.

El fallo de la CIDH nos alienta como ciudadanas y ciudadanos para hacer valer nuestros derechos; corresponde celebrar y felicitar a las organizaciones y ciudadanos que perseveraron y esperaron por casi ocho años por este resultado. Nos permite marcar un hito, un antes y un después como está de moda decir, y es deseable esperar que a partir de ahora algo cambie en las políticas públicas y en la actitud que tienen algunos "servidores públicos" hacia los ciudadanos.

Pero no hay que soñar, esto no ocurrirá por arte de magia. Este fallo es, en el mejor de los casos, sólo el primer paso para comenzar a construir algo distinto: una sociedad en que exista un cierto grado de equilibrio entre ciudadanos que ocupan distintos roles. Por esto, resulta imprescindible vincular el derecho de acceso a la información con la necesaria transparencia que deben proyectar los organismos del Estado y los funcionarios públicos; puede ocurrir que la información esté disponible, pero podemos llegar a una situación tipo "compra huevos", es decir, no saber donde solicitarla o buscarla. El hecho de que la información esté disponible en forma accesible y transparente corresponde a un diseño y política de Estado que estamos lejos aún de tener como país.

La transparencia de las instituciones pública y de sus funcionarios resulta cada día más necesario, pues es una de las piedras angulares para garantizar la democracia. No es posible que los gobiernos sigan contando con la credibilidad y la confianza de la gente si no hacen gala de un verdadero espíritu de servicio público. Por el contrario, lo que tenemos son gobiernos y funcionarios cooptados por el sector privado, es decir, por los grandes grupos económicos. Una clara muestra es el tránsito de personeros desde un espacio al otro, cuestión que se hace aparecer como natural y legítimo, mientras que quien cuestiona esto y pide información pública y transparencia, parece una persona radical o un mal ciudadano porque cuestiona a la "autoridad". Dicen que la información es poder y eso parecen saberlo muy bien algunos personeros que ejercen cargos públicos.

Ya va siendo hora que democraticemos el poder y que el gobierno ciudadano se vista de tal, aprovechando la tremenda oportunidad que brinda este fallo. Es tiempo que se comience a incorporar en el diseño del Estado y de sus políticas públicas, la transparencia y el acceso a la información como desafíos importantes de asumir.