Diversas organizaciones ambientalistas develaron los vínculos de funcionarios de gobierno con las empresas generadoras y distribuidoras de electricidad, interesadas en la materialización de megacentrales en Aysén.

En conferencia de prensa conjunta, las principales caras del movimiento ambientalista chileno dieron a conocer los vínculos de intereses entre políticos de la Concertación y las principales compañías que participan del mercado eléctrico nacional.

Sara Larraín, del Programa Chile Sustentable; Juan Pablo Orrego y Flavia Liberona, de Ecosistemas; Isabel Lincolao, de Renace; Eduardo Giesen, del Comité de Defensa de la Flora y Fauna (Codeff); e Isabel Manzur, de la Fundación Sociedades Sustentables, criticaron el anuncio del ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitrán, en cuanto a optar por el Parque Pumalín para construir la carretera que buscará mejorar la conectividad de la Región de Aysén y de la Patagonia.

"Es un fraude"

A juicio de Sara Larraín, esta opción "implica una enorme destrucción de zonas de valor ambiental y paisajístico, que están protegidas con el estatus de santuario de la naturaleza
El trazado anunciado por el ministro Bitrán es un fraude porque no constituye un proyecto público para conectar a los 3 mil habitantes que viven en las zonas costeras de la Región de Aysén, sino que cruza por la mitad del Parque Pumalín, donde no existen asentamientos humanos. Por lo tanto, no es una ruta de conectividad, sino que constituye un proyecto que subsidiará el tendido eléctrico de Transelec con dinero de todos los chilenos. En consecuencia, esto es un fraude en perjuicio de todos los chilenos".

Juan Pablo Orrego, de Ecosistemas, dijo que "el mensaje de que el camino serviría a la carretera y al futuro cableado eléctrico significa -en los hechos- que el gobierno está pre-aprobando el proyecto Aysén, que no ha sido formulado y tampoco ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Este hecho configura una falta al compromiso de respetar la legislación ambiental y no aprobar proyectos antes de que sean evaluados ambientalmente".

Corrupción

Los ambientalistas declararon que es grave y contradictorio que el gobierno de la Presidenta Bachelet declare que se está ejerciendo la Ley Antimonopolio y que, en paralelo, se subsidie a este monopolio, uno de los más grandes de América Latina. Esto deja en claro una situación de corrupción por tráfico de influencia de personeros de la Concertación que, trabajando en el sector público y en el sector privado alternadamente, facilitan el subsidio con fondos públicos en beneficio de empresas que participan del proyecto Aysén.

Al respecto, la directora del Programa Chile Sustentable, Sara Larraín, reveló que el ministro Eduaro Bitrán "pasó directamente desde el directorio de Transelec al ministerio de Obras Públicas, siendo reemplazado por otro integrante de la Concertación, el ex director de presupuesto, Mario Marcel. Mientras, el ex ministro de OOPP, Jaime Estévez, ingresó, tras dejar ese cargo público, al directorio de Endesa, lo que se suma a los cargos que ejercen Ernesto Tironi en el directorio de Enersis y Jorge Rosembluth en el directorio de Chilectra, dentro del mismo consorcio".

A juicio de los ambientalistas, todos estos factores constituyen un retroceso en la aplicación del Estado de Derecho en el país, en particular respecto de la observancia de la legislación ambiental, la protección de las áreas protegidas, y la ley de transparencia y probidad pública.