El sector privado sólo pretende seguir profundizando la "no-política pública" en el tema energético que ya le ha impuesto al país. Una política basada exclusivamente en instalar más potencia y de este modo poner en oferta más megavatios, como quien ubica en el mercado la mayor cantidad posible de papas y calcetines, pero sin ninguna valoración. No obstante, la electricidad no es un bien cualquiera. Generarla, transmitirla y distribuirla tiene graves costos ambientales, sociales, incluso económicos, en términos de las deseconomías locales que causan los grandes proyectos. En muchos casos, lo que está en juego son, nada menos, los ecosistemas hídricos y el recurso agua, cuestión nada trivial.

Esta actitud de los empresarios del rubro fue expuesta con un total desparpajo en el seminario sobre energía organizado a mediados de agosto por la Sofofa, la Universidad Finis Terrae y "El Mercurio". Ahí nos dimos cuenta de que el sector eléctrico privado chileno ha retrocedido en su visión respecto del desarrollo energético, sobre todo porque sólo ha acentuado su obsesión en dar una prioridad desproporcionada a las utilidades y las rentabilidades privadas, en desmedro de todo lo demás. Algunos de los expositores llegaron incluso a decir que los impuestos y las regulaciones son vías de expropiación; que pretender impulsar el ordenamiento territorial o el manejo integrado de las cuencas hidrográficas o subsidiar la energía eólica u otra fuente renovable no convencional es riesgoso, porque puede distorsionar el mercado, que -según ellos- debiera ser orientado exclusivamente por los precios y otras variables económicas; que por ello el Gobierno no debe fijar metas para el desarrollo energético; y que las "presiones ecologistas" son el principal obstáculo a la seguridad energética del país. Esto nos parece definitivamente risible.

Los empresarios chilenos proyectan que el país alcance un ingreso per cápita de 25 mil dólares en los años venideros, para lo cual estiman que se deben instalar miles de megavatios adicionales, con total desprecio por la eficiencia energética o las fuentes no convencionales -solar, eólica, geotérmica, mareomotriz- incluyendo, por supuesto, las pequeñas centrales hidroeléctricas. Esto pese a que en California o Japón, zonas a los que tanto admiramos, se han logrado verdaderas revoluciones energéticas sobre la base del ahorro y al uso eficiente de la energía. Ello es posible, claro está, en base a gobiernos fuertes y comisiones de energía con potestades efectivas que pueden actuar realmente por el bien común, no como en el caso chileno, en que la Comisión Nacional de Energía es rehén del sector privado, no tiene ninguna potestad para orientar el desarrollo energético del país, no tiene poder de decisión, no puede obligar al sector privado a nada y tampoco vetar nada. Es cierto que esta es una situación heredada del gobierno militar, pero lo preocupante es que los funcionarios actuales la aceptan con demasiada pasividad y no muestran ninguna disposición o creatividad para cambiar el statu quo; por el contrario, parecieran tenerlo absolutamente internalizado.

Como consecuencia, en Chile no hay una planificación energética estratégica pública y transparente, y no existe la coordinación intersectorial necesaria para lograrla. Muchos analistas críticos del sector dicen que no hay política energética en el país. Nosotros pensamos que sí y muy consistente. Que, de hecho, esta "no-política pública" se apoya en un diseño legal, institucional, político y financiero complejo y hábilmente instalado. El problema es que su único objetivo es entregarle todas las potestades al sector privado y desempoderar al público, incluyendo por supuesto a la ciudadanía, de modo que las empresas puedan hacer y deshacer y seguir obteniendo las rentabilidades elevadísimas que caracterizan al sector desde hace décadas. En Chile, tradicionalmente este rubro ha tenido rentabilidades muy altas a nivel mundial, pero, curiosamente, éste es también un denominador común en el mundo. Un buen ejemplo es que la empresa alemana E.On está ofreciendo 36 mil millones de euros por Endesa-España. Legítimamente muchos preguntamos, ¿de dónde provienen estas inimaginables fortunas? ¿Cómo en este negocio las empresas tienen rentabilidades tan elevadas? ¿Cuál es la trampita con los precios?

Algo pasa con los costos y beneficios. Es fácil deducir que estas empresas externalizan en nuestros países y nuestras sociedades todos los costos de sus obras, e internalizan de esta forma pingües ganancias. En Chile, todo ello ocurre porque las empresas del sector son prácticamente monopólicas, tienen la sartén por el mango en términos legales e institucionales e incluso en la propiedad de recursos clave como el agua, y con esta combinación mantienen cautivos al país, al Gobierno y a la ciudadanía.