Los representantes de organizaciones ambientales y ciudadanas de la Región de Aysén constataron durante la última reunión extraordinaria del Consejo Consultivo de Áreas Silvestres Protegidas, realizada el lunes, que contratistas de Endesa desconocieron la restringida autorización que el Ministerio de Bienes Nacionales extendiera a Endesa mediante el oficio 2322 del 9 de diciembre de 2005 –al ser la matriz la que hizo todo el trámite - para realizar trabajos en el sector de El Saltón del Río Baker (entre Cochrane y Caleta Tortel), transgrediendo de esta forma la autoridad de un órgano del Estado.

Esto, debido a que la institución autorizó las faenas de estudio y mensura al costado sur del curso hídrico (ya que en ese momento la propia repartición consideraba que el sector del lado norte pertenecía al Parque Nacional Laguna San Rafael), oficio que según señalara el Seremi de Bienes Nacionales Nelson Alvear no daba pie a posibles erróneas interpretaciones.

"Y la empresa hizo caso omiso de este documento oficial, inició de todas formas los trabajos en el costado norte sin autorización institucional y luego, sólo después que denunciáramos públicamente esta irregularidad a fines de enero, y además ante Conaf y Conama, se les autorizaron los trabajos (segunda semana de febrero) que por más de un mes ya venían realizando en el lugar, según nos informó verbalmente el Seremi de Bienes Nacionales", aclaró Peter Hartmann. En su opinión, esta situación es irregular y da cuenta de la necesidad que los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil fiscalicen efectivamente el actuar de la compañía "ya que al parecer los órganos del Estado necesitan de nuestro trabajo para hacer cumplir la legalidad", expresó.

Sobre la reunión del Consejo Consultivo de Áreas Silvestres Protegidas, la presidenta de Codesa Miriam Chible expresó que fue una buena instancia para aclarar éste y otros puntos "ya que precisamente porque Bienes Nacionales estimaba que los terrenos del costado norte pertenecían al Parque Nacional no los autorizó a trabajar allí, pero ahora se sabe que son fiscales sin protección oficial, lo cual obliga a que quien quiera intervenirlos debe tener una autorización. Y las fotos y los antecedentes donde se comprueba que la empresa no respetó la legalidad son públicos", informó.

Explicó que en dicha reunión quedó en claro que la confusión sobre el límite del área silvestre protegida se debió a problemas de concordancia entre la información que tenía Bienes Nacionales y Conaf, lo cual fue dilucidado ese día. "Nosotros solicitamos esa reunión porque queríamos tener todos los antecedentes y actuar en propiedad, porque Codeff envió el día 9 de febrero una carta solicitando aclarar la situación y que se adoptaran medidas, como la expulsión inmediata, pero lamentablemente aún se está a la espera de la respuesta oficial en circunstancias que después de la denuncia pública, y pasado más de un mes de ocupación ilegal, la anómala situación de la contratista fue diligentemente regularizada. Los ciudadanos y las organizaciones queremos participar pero sin la información oportuna de los órganos oficiales bastante difícil es hacerlo", manifestó Miriam Chible.

En este mismo contexto agradeció al director regional de Conaf, Jorge Burgos, la acogida que tuvo para convocar a una reunión extraordinaria del Consejo Consultivo de Áreas Silvestres Protegidas, "lo cual demuestra que estamos avanzando en la materia pero aún falta mucho por mejorar los mecanismos de participación de la comunidad y esto mismo nos llama a ser más activos en términos de participación, de informarnos y de ejercer nuestro derecho en términos de transparencia y acceso a la información pública. Lamentablemente hoy hacemos público esto con la información verbal de las autoridades que tenemos hasta ahora ya que aún no nos entregan la respuesta oficial solicitada".

Agregaron los dirigentes que una vez más se constató que la empresa actúa sin respetar la legalidad, como en el caso de la publicación de la solicitud de concesión eléctrica provisoria que tuvieron que repetir, pero en este caso es más grave aún porque intencionalmente no acataron una clara instrucción gubernamental. "Esto fue denunciado oportunamente por Codeff, organización miembro de la Coalición de Ciudadanos por Aysén Reserva de Vida, y es responsabilidad de las otras entidades miembros informarnos al respecto" indicaron.

Por lo pronto, los consejeros del Consejo Consultivo de Áreas Silvestres Protegidas propondrán en el seno de esta instancia que tanto el costado norte como sur de El Saltón (que por motivos que se desconocen quedaron fuera del parque) sean protegidos íntegramente a través de alguno de los instrumentos hoy existentes, que puede ser la ampliación del parque nacional colindante o mediante mecanismos que tiene el Ministerio de Bienes Nacionales "porque es precisamente El Saltón del Río Baker, por su majestuosidad y belleza, el área que debe ser preservada y que se perdería irremediablemente en la medida que se construya en esa zona la presa proyectada", puntualizaron

Fuente: Diario de la Sociedad Civil (Patricio Orlando Segura)